martes, 27 de noviembre de 2007
Brote de narcoterrorismo en Perú
* La decisión del presidente del Perú, Alan García Pérez, de publicar los nombres de más de 1800 acusados de terrorismo ha suscitado una fuerte controversia. Los acusados fueron liberados por el Poder Judicial en los últimos cinco años
El Gobierno aprista informó la drástica medida luego de recientes atentados terroristas perpetrados en las comunidades andinas de Salcahuasi y Occobamba, en la sierra central del país, que ocasionaron la muerte de cinco policías. La mayoría de los peruanos se pregunta si se trata de un rebrote de Sendero Luminoso o de actividades exclusivas del narcotráfico, que opera en los valles de la sierra y selva central del Perú.
Mercedes Cabanillas, ex presidenta del congreso peruano, se refiere a una nueva modalidad, es decir, un rebrote terrorista apoyado por el narcotráfico, negocio en el que muchos terroristas han comenzado a introducirse, protegiendo a los "mochileros" que transportan la droga, y comprando terrenos para cultivar hoja de coca, producir cocaína e incluso comercializarla.
Los espacios terroristas
El Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y la selva central del Perú se han convertido en los nuevos lugares de operaciones de los narcoterroristas. Esta información, en opinión del especialista Roger Runrill, ha sido trasmitida en repetidas oportunidades a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes no han logrado aniquilar a los remanentes de Sendero Luminoso.
Según Runrril, actualmente es muy difícil diferenciar con claridad a los miembros de Sendero Luminoso con los del narcotráfico, pues, si bien los primeros mantienen algunos objetivos políticos, han comenzado a trabajar juntos en el negocio de la venta y comercialización de la coca.
Medida discriminatoria
La justificación para la publicación de la lista de terroristas liberados es, a juicio del experto, conocer las actividades públicas o clandestinas de tales personas. A tal respecto, todos los peruanos deben tener un rol de supervisión y control para saber si éstas se reformaron completamente.
Sin embargo, no aprueban esta medida las organizaciones de derechos humanos, por considerarla un acto discriminatorio, pues la lista afectaría a personas que se están reinsertando al mercado laboral, mas no es disuasivo para quienes volvieron a tomar las armas y operan en la clandestinidad.
Yehude Simon, Coordinador General de la Asamblea de Presidentes Regionales, estuvo acusado injustamente por delitos de terrorismo y fue una de las personas liberadas a través del indulto presidencial, porque nunca se le comprobó nexos con Sendero Luminoso.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, indicó que en los últimos años obtuvieron libertad condicional 473 personas, y otras 574 cumplieron sus condenas y recuperaron la libertad. Además, se indultó a 318 personas.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha planteado la formación de una comisión especial, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, para que se encarguen de elaborar propuestas concretas que permitan corregir la legislación actual.
Lo cierto es que, mientras esto ocurre, el Gobierno ha prorrogado el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Huanta, La Mar, Tayacaja y Satipo, y los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Andamarca, Comas, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba.
Por Medalith Rubio
Escuche la entrevista de Beatriz Díez con Yehude Simon Munaro, Coordinador General de la Asamblea de Presidentes Regionales
Fuente: Radio Nederland
El Gobierno aprista informó la drástica medida luego de recientes atentados terroristas perpetrados en las comunidades andinas de Salcahuasi y Occobamba, en la sierra central del país, que ocasionaron la muerte de cinco policías. La mayoría de los peruanos se pregunta si se trata de un rebrote de Sendero Luminoso o de actividades exclusivas del narcotráfico, que opera en los valles de la sierra y selva central del Perú.
Mercedes Cabanillas, ex presidenta del congreso peruano, se refiere a una nueva modalidad, es decir, un rebrote terrorista apoyado por el narcotráfico, negocio en el que muchos terroristas han comenzado a introducirse, protegiendo a los "mochileros" que transportan la droga, y comprando terrenos para cultivar hoja de coca, producir cocaína e incluso comercializarla.
Los espacios terroristas
El Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y la selva central del Perú se han convertido en los nuevos lugares de operaciones de los narcoterroristas. Esta información, en opinión del especialista Roger Runrill, ha sido trasmitida en repetidas oportunidades a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes no han logrado aniquilar a los remanentes de Sendero Luminoso.
Según Runrril, actualmente es muy difícil diferenciar con claridad a los miembros de Sendero Luminoso con los del narcotráfico, pues, si bien los primeros mantienen algunos objetivos políticos, han comenzado a trabajar juntos en el negocio de la venta y comercialización de la coca.
Medida discriminatoria
La justificación para la publicación de la lista de terroristas liberados es, a juicio del experto, conocer las actividades públicas o clandestinas de tales personas. A tal respecto, todos los peruanos deben tener un rol de supervisión y control para saber si éstas se reformaron completamente.
Sin embargo, no aprueban esta medida las organizaciones de derechos humanos, por considerarla un acto discriminatorio, pues la lista afectaría a personas que se están reinsertando al mercado laboral, mas no es disuasivo para quienes volvieron a tomar las armas y operan en la clandestinidad.
Yehude Simon, Coordinador General de la Asamblea de Presidentes Regionales, estuvo acusado injustamente por delitos de terrorismo y fue una de las personas liberadas a través del indulto presidencial, porque nunca se le comprobó nexos con Sendero Luminoso.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, indicó que en los últimos años obtuvieron libertad condicional 473 personas, y otras 574 cumplieron sus condenas y recuperaron la libertad. Además, se indultó a 318 personas.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha planteado la formación de una comisión especial, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, para que se encarguen de elaborar propuestas concretas que permitan corregir la legislación actual.
Lo cierto es que, mientras esto ocurre, el Gobierno ha prorrogado el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Huanta, La Mar, Tayacaja y Satipo, y los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Andamarca, Comas, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba.
Por Medalith Rubio
Escuche la entrevista de Beatriz Díez con Yehude Simon Munaro, Coordinador General de la Asamblea de Presidentes Regionales
Fuente: Radio Nederland
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