Legalización, libre cultivo y libre comercio de la Hoja de Coca.
por Nelson Manrique
La acusación lanzada por el congresista Gustavo Espinoza contra el ex presidente Alejandro Toledo, de violación en una orgía, puede hacer perder de vista asuntos más importantes que la censura al ministro del Interior. Pase lo que pase en el Parlamento, Luís Alva Castro está liquidado por los escándalos de los patrulleros y los pertrechos, y para el Apra defenderlo supera en costo largamente lo que hubiera costado aceptar su renuncia y remplazarlo inmediatamente por alguien más presentable.
Mientras tanto, acaba de suceder algo de mayor significación, políticamente hablando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pedido oficialmente al Estado peruano que reabra la investigación de la masacre del penal de El Frontón, de 1986, individualizando a sus autores intelectuales. Este pedido compromete a Alan García, a Luis Giampietri y a Agustín Mantilla, como presuntos responsables de la masacre, y revisa la decisión judicial que archivó esta investigación el 14 de febrero del 2007.
La CIDH ha señalado que la justicia peruana debe de sancionar a los autores intelectuales y materiales de la muerte y desaparición forzada de Nolberto Durand y Gabriel Pablo Ugarte, dos presos asesinados en El Frontón, y luego absueltos del presunto delito de terrorismo. La CIDH, además, revisa el fallo de la Tercera Sala Penal de Lima, que dictaminó el pasado 20 de julio la prescripción del caso El Frontón. Para la CIDH la matanza de El Frontón constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que no cabe ninguna prescripción. Esta decisión afecta, adicionalmente, a 23 ex marinos, cuya acción penal deberá reiniciarse.
Mientras tanto, la eventual censura a Alva Castro se viene convirtiendo en el escenario en el cual se ventilan los reacomodos políticos de este nuevo período. Por una parte, está la presión fujimorista, para vender votos al Apra a cambio de concesiones en el único tema que les interesa: conseguir la impunidad para Alberto Fujimori. Por otra parte, la actitud de la congresista de Solidaridad Nacional Fabiola Morales, de pronunciarse en contra de la censura Alva Castro, yendo en contra de la decisión de Unidad Nacional, frente del cual forma parte su organización, llama la atención sobre la posición política de su organización. Solidaridad Nacional marcha hacia un creciente acercamiento con el Apra, según el vicepresidente del Partido Popular Cristiano, Javier Bedoya de Vivanco, bajo la expectativa de contar con el apoyo aprista para la candidatura presidencial de Luís Castañeda Lossio, el 2011. Este podría ser el golpe final para Unidad Nacional.
Fuente: Perú 21
La acusación lanzada por el congresista Gustavo Espinoza contra el ex presidente Alejandro Toledo, de violación en una orgía, puede hacer perder de vista asuntos más importantes que la censura al ministro del Interior. Pase lo que pase en el Parlamento, Luís Alva Castro está liquidado por los escándalos de los patrulleros y los pertrechos, y para el Apra defenderlo supera en costo largamente lo que hubiera costado aceptar su renuncia y remplazarlo inmediatamente por alguien más presentable.
Mientras tanto, acaba de suceder algo de mayor significación, políticamente hablando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pedido oficialmente al Estado peruano que reabra la investigación de la masacre del penal de El Frontón, de 1986, individualizando a sus autores intelectuales. Este pedido compromete a Alan García, a Luis Giampietri y a Agustín Mantilla, como presuntos responsables de la masacre, y revisa la decisión judicial que archivó esta investigación el 14 de febrero del 2007.
La CIDH ha señalado que la justicia peruana debe de sancionar a los autores intelectuales y materiales de la muerte y desaparición forzada de Nolberto Durand y Gabriel Pablo Ugarte, dos presos asesinados en El Frontón, y luego absueltos del presunto delito de terrorismo. La CIDH, además, revisa el fallo de la Tercera Sala Penal de Lima, que dictaminó el pasado 20 de julio la prescripción del caso El Frontón. Para la CIDH la matanza de El Frontón constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que no cabe ninguna prescripción. Esta decisión afecta, adicionalmente, a 23 ex marinos, cuya acción penal deberá reiniciarse.
Mientras tanto, la eventual censura a Alva Castro se viene convirtiendo en el escenario en el cual se ventilan los reacomodos políticos de este nuevo período. Por una parte, está la presión fujimorista, para vender votos al Apra a cambio de concesiones en el único tema que les interesa: conseguir la impunidad para Alberto Fujimori. Por otra parte, la actitud de la congresista de Solidaridad Nacional Fabiola Morales, de pronunciarse en contra de la censura Alva Castro, yendo en contra de la decisión de Unidad Nacional, frente del cual forma parte su organización, llama la atención sobre la posición política de su organización. Solidaridad Nacional marcha hacia un creciente acercamiento con el Apra, según el vicepresidente del Partido Popular Cristiano, Javier Bedoya de Vivanco, bajo la expectativa de contar con el apoyo aprista para la candidatura presidencial de Luís Castañeda Lossio, el 2011. Este podría ser el golpe final para Unidad Nacional.
Fuente: Perú 21