* Los efectos más perversos de la erradicación manual terminarán pesando sobre los más humildes.

Los debates de estas semanas en Nueva York sobre el fenómeno del calentamiento global le han dedicado poco espacio al impacto de los conflictos armados sobre el ambiente.

En el caso de los cultivos ilícitos en Colombia, por ejemplo, la devastación masiva de las reservas forestales y la selva para cultivar coca, así como el envenenamiento de las fuentes de agua dulce durante su procesamiento, están, literalmente, alimentando el conflicto en progresión geométrica.

Veamos cómo sucede. Igual que en todos los casos de optimización de un mercado, el negocio de la coca también ha buscado adaptarse a las campañas de erradicación. Una forma de adaptarse es asegurando la productividad mediante la preservación de la integridad de la hoja de coca y creando cepas resistentes al herbicida.

Existen dos maneras de crear esa resistencia: mediante la modificación genética o condicionada de la semilla. Existe abundante evidencia sobre el mejoramiento de la resistencia de las semillas por condicionamiento, y es probable que existan semillas modificadas genéticamente.

Les explicaré ese proceso de modificación condicionada en versión de un campesino: cuando baja la estela de glifosato y se posa sobre las hojas, salen los raspachines a 'motilar' la planta. La cosecha se pierde, y volver a crecer le cuesta, pero los cortes inmediatamente después de la fumigación terminan por 'vacunar' los cultivos. Los siguientes brotes se vuelven inmunes al tóxico.

Otra forma de optimizar la producción de la coca es preservando la integridad de la hoja mediante el uso de plaguicidas de toxicidad aguda y alta persistencia ambiental, como el metamidofós, que es del tipo tóxico 1, el más alto que existe, y que han sido desarrollados para erradicar los parásitos de la planta sin afectarla.
Por supuesto, su uso está totalmente prohibido en los países desarrollados, que son los países de origen de las casas farmacéuticas que los crearon.

El plaguicida, producido en Suramérica, es importado ilegalmente desde el Ecuador y distribuido entre los productores. Las compañías farmacéuticas ofrecen programas de entrenamiento para reducir el riesgo del tóxico. Sin embargo, dado el carácter ilegal de la importación y el uso, no existe control alguno sobre su aplicación en los cultivos de coca.

El primer impacto lo recibe el recolector, que, al solo contacto, absorbe grandes porciones de veneno. Algunos miembros de la misión médica que operan en estas zonas confirmaron referencias de patologías en adultos y neonatos compatibles con este tipo de envenenamiento, como la polineuropatía periférica retardada, y se han encontrado residuos de plaguicida de alta toxicidad en leche materna.

El veneno termina en las aguas, en donde se depositan los residuos tóxicos del lavado y el procesamiento químico, aguas que a su vez beben los animales y absorben las plantas. Al final, todos terminamos haciendo parte del ciclo.

Ya sabemos por qué la fumigación no afectó la producción. La respuesta de este gobierno ha sido anunciar la erradicación manual, lo cual no solo aumentará la población expuesta directamente al tóxico. La política anunciada tendrá dos efectos: disparará la instalación de minas antipersona y multiplicará la aparición de pequeños productores de coca por todo el país. Las minas están dirigidas al Ejército, que todavía no tiene una estrategia profesional para abordar el problema, pero los efectos más perversos terminarán pesando, otra vez, sobre los más humildes, los más vulnerables, los más pobres.

Este es apenas el principio.

desurasur@gmail.com

por Natalia Springer. Columnista de EL TIEMPO.

Fuente: El Tiempo