El Tribunal Constitucional (TC) tiene la potestad de emitir legislación positiva en sus fallos, pero dentro de un marco "estrictamente necesario y prudente", afirmó hoy el flamante magistrado de ese organismo, Ernesto Alvarez Miranda.
"El Tribunal tiene que ejercer estas atribuciones pero con mucha prudencia y no en todas las sentencias", manifestó al indicar que el TC no puede limitarse sólo a ejerce un control negativo.
Ántero Flores-Aráoz, actual representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), instó al TC dejar de emitir legislación positiva en sus resoluciones, pues legislar es una competencia que no puede ser usurpada al Parlamento.
Álvarez descartó que sea incorrecto que este organismo emita legislación positiva en sus fallos, e indicó que actualmente se desarrolla una visión mucho más dinámica respecto al rol del TC, de la que originalmente se concibió.
"Sucede en diversos países europeos y latinoamericanos que aplican esta atribución y la tendencia indica que los tribunales constitucionales siguen ampliando sus funciones", indicó.
El flamante magistrado, electo esta semana junto a los abogados Fernando Calle y Gerardo Eto, consideró importante que el TC mantenga un perfil "bastante estricto y ceñido a las normas".
"Un TC eficaz es aquel que no está en las primeras planas de los diarios ni en los centros del debate político cotidiano, sino que actúe cuando deba actuar, así entre en conflicto con otras instituciones del Estado", subrayó.
Manifestó que las resoluciones que emita el TC, con su nueva composición, tratarán de no excederse en sus funciones, como –opinó- ocurrió en la sentencia de inconstitucionalidad de la norma regional que legalizaba el cultivo de la coca.
"La resolución del TC fue correcta pero se excedió en sus funciones haciendo recomendaciones a determinados organismos, y eso no debe suceder" indicó.
Como se recuerda, en esa oportunidad el TC exhortó al Congreso incluir a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Nación, por la Ley N° 28477.
También instó al Instituto Nacional de Cultura (INC) a iniciar los trámites administrativos para evaluar la conveniencia técnica de la declaración del uso tradicional de la planta de hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento internacional.