* Autorizar un aumento mediante decreto sobrepasando la ley vigente puede originar su ilegalidad y un descontrol a futuro por presiones de los mismos sindicatos.

Entre una de las políticas de fondo del gobierno del presidente Evo Morales, anunciadas en reiteradas oportunidades, está el denominado plan de “racionalización” en la producción de hojas de coca en las zonas productoras.

Durante una reunión que sostuvo el presidente Morales con embajadores y cónsules del país en La Paz, el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Fernández, anunció que la producción de la hoja de coca permitida se aumentará de 12 mil hectáreas a 20 mil. Si se adopta esta decisión seguramente será mediante un decreto supremo lo cual estaría en contra de una norma superior como es la ley que rige la producción de coca y que está en actual vigencia.

Algunos parlamentarios de la oposición se han pronunciado sobre este asunto, argumentando que la medida sería inconstitucional pero además que tal política puede favorecer al narcotráfico, porque sostienen que según informes periciales sólo la de 10.000 hectáreas se fue al mercado legal; el resto al narcotráfico.

No cabe duda que estos datos tienen que hacer ver la realidad al Gobierno, que de una vez por todas debería realizar un levantamiento técnico en relación a la producción real de la hoja de coca y presentar informes en el mismo nivel técnico y verificable sobre la reducción de cocales excedentarios, que ahora ha sido encargado a los mismos productores, dentro de lo que se denomina una nuevo plan sin violencia.

El aumento de los cultivos de coca en mayores cantidades a la establecida en la norma, podría no sólo ocasionar un problema a partir del respeto del ordenamiento jurídico nacional y de la prelación de normas, sino un descontrol a futuro, por la misma presión de los sindicatos productores.

Fuente: Opinión.com