Restricciones internacionales impiden exportación de productos elaborados con hoja de coca.
Productos ofrecidos en la Feria Coca y Soberanía realizada en La Paz. Germán Casassa
“La gente nos trae hoja de coca cuando nacemos, cuando nos bautizan, cuando salimos bachilleres y cuando vamos al cuartel para hacer el servicio militar. Los novios llevan coca cuando le piden la mano a la novia”, cuenta Beatriz Chambilla, del Taller de Historia Oral Andina. “La coca está presente en nuestras vidas desde que nacemos hasta incluso después de la muerte: el día de los muertos llevamos coca al cementerio”.
La coca es un elemento central de la cultura andina. Los habitantes de las tierras altas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú han masticado la coca desde hace miles de años.
“El akulliku (masticar) sirve para soportar frío, sueño y hambre en una naturaleza inhóspita. Durante la colonia la coca era nuestro consuelo en el trabajo forzado en las minas”, dice Chambilla. “También la usamos en ritos religiosos, como medicina y para charlar. Invitamos coca a nuestros visitantes como muestra de buena voluntad”.
La Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas —que refuerza la Convención Única sobre Estupefacientes, aprobada en Nueva York en 1961, y el Convenio de Viena de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas— incluye en la lista 1 a la hoja de coca como estupefaciente que debe estar sujeto a estricto control y cuyo consumo tradicional sólo es permitido en Bolivia y Perú.
En las décadas de 1980 y 1990 los gobiernos de entonces, alentados por EEUU, combatieron los cultivos de coca. Los cocaleros se organizaron para resistir las erradicaciones, y a veces pagaron con sus vidas. Fue el movimiento político que nació de aquella lucha el que llevó a Evo Morales, dirigente cocalero, a la presidencia de Bolivia.
Desde que Morales asumió el poder en enero del año pasado ya no se habla de “coca cero” sino de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca (NA, Ene. 25 y Mar. 8, 2006).
Racionalización, no erradicación
En vez de “erradicación” se habla de “racionalización”, entendida ésta como la destrucción de cocales previo acuerdo con los productores. Cada afiliado a un sindicato cocalero va a tener derecho a cultivar un “cato” (40 m x 40 m) de coca.
“Vamos a crear un sistema de control dando un carnet de productor a los cocaleros sindicalizados. Los no afiliados no podrán cultivar ni vender coca”, explica Richard Pérez, director general del Viceministerio de Defensa Social.
Desde inicios del gobierno de Morales hasta el momento, el Viceministerio de Defensa Social, del Ministerio de Gobierno, ha censado aproximadamente al 80% de cultivadores de la región central del Chapare y registrado a 42,400 cocaleros sindicalizados, pertenecientes a las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba. Resta aún el relevamiento del resto del Chapare y de la zona de Los Yungas al norte de La Paz, la otra gran región cocalera del país.
El Viceministerio de Defensa Social no cuenta con estadísticas propias sobre la cantidad total de hectáreas con cultivos de coca en el país y se basa en datos de las Naciones Unidas, que la estima en 27,400 Ha. Esa superficie equivale a 171,250 catos, muchos más que el número de cocaleros en el país.
El narcotráfico es un tema sumamente sensible en Bolivia. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), René Sanabria, afirma que con este gobierno se está incautando más droga que en anteriores gestiones.
“Es posible que la producción de cocaína haya aumentado. Pero incautamos más porque realizamos más operaciones. Ahora nuestra eficiencia es mayor “, sostiene.
“Una de nuestras estrategias es evitar el ingreso al país de los químicos necesarios para producir cocaína. Queremos atacar al narcotraficante, no al cocalero”, dice, añadiendo que los operativos para impedir el ingreso de químicos han sido tan exitosos que muchos narcotraficantes ahora se dedican a producir marihuana, que no necesita químicos.