* Se está reafirmando el estigma de narcotraficantes que pesa sobre todos los bolivianos
La Argentina se sumó en las últimas horas a la lista de países preocupados por el incremento del ingreso de cocaína boliviana a sus territorios. Tan es así, que su Gobierno ha convocado a una reunión, en Buenos Aires, con la participación de diplomáticos de 17 países para tratar el tema.
Es una muestra más de que la política seguida por el régimen boliviano no es la correcta. El permitir el aumento de los cultivos legales de la hoja de coca está dando lugar a un resurgimiento del narcotráfico en Bolivia que, dada la fragilidad institucional que caracteriza al país, será muy difícil de controlar. Con el argumento de que la coca se utilizará en productos lícitos, como alimentos o medicinas, el Gobierno ha autorizado el incremento de las plantaciones de 12 mil a 20 mil hectáreas. Si cinco mil hectáreas son suficientes para satisfacer la demanda legal real, el resto inevitablemente va a parar en manos de los fabricantes de cocaína. Esas cifras son las que se manejan en el ámbito interno; un informe de Naciones Unidas, presentado ayer, fija en 27.500 las hectáreas de coca asentadas en Bolivia, lo que magnifica aún más los alcances del problema.
No es posible que el gobierno de Evo Morales no perciba esta situación y el hecho de que la esté consistiendo reafirma el estigma de narcotraficantes que pesa sobre todos los habitantes de este país en el resto del mundo.
El descubrimiento de mega factorías de cocaína en territorio boliviano da la razón a la preocupación expresada por nuestros vecinos y evidencia la presencia de bandas organizadas que, con tecnología de punta, han elevado el potencial de producción a 115 toneladas métricas de cocaína al año. No es necesario ser un experto para encontrar las razones de ese resurgimiento: a más producción de la hoja, mayor materia prima para los traficantes. Estamos nuevamente ante el vergonzoso honor de pelear por los primeros puestos entre los grandes fabricantes de droga en América.
Mientras tanto, desde la llegada de Evo Morales, el Gobierno ha lanzado una intensa campaña para revindicar a la "hoja sagrada" y lograr su despenalización, es decir que sea retirada de la lista de substancias ilícitas. Su estrategia parece apuntar a presentar el tema ante la cuarta reunión del Convenio de Viena de la ONU, que se realizará el próximo año. Analistas especializados son escépticos, porque para alcanzar ese objetivo se requiere de un consenso global; con las cifras que se conocen en la actualidad, las posibilidades son más remotas, por no decir imposibles.
Hay otro aspecto que viene como consecuencia directa de la problemática que comentamos: la drogadicción dentro la propia Bolivia. La regla es única e invariable; país productor se convierte en consumidor. Los datos son alarmantes. Entre 1992 y 2005 el usos de substancias prohibidas se incrementó en un 450%. En el caso particular de la cocaína, el consumo subió 20 veces en ese mismo período.
Si los elementos negativos son tan evidentes respecto de la política que el gobierno del MAS aplica en el tema coca-cocaína, cabe preguntarse qué es lo que pretende conseguir. Por donde se mire, no se vislumbra beneficio alguno para el país, ni el orden económico ni en el social. Por el contrario, los perjuicios pueden tener alcances muy graves, aspecto que, aparentemente, tiene sin cuidado a los actuales inquilinos del Palacio Quemado.