Mientras que dos procesos fallidos de diálogo entre el Estado y un grupo de peruanos que se dedican a la agricultura declarada como "ilícita" terminan con la renuncia de un ministro de Estado, la Fiscal de la Nación es objeto de una investigación por sus supuestas relaciones con uno de los mayores traficantes. ¿Qué demuestran tales hechos?
En primer lugar, la mala puntería de un gobierno que insiste en aplicar las políticas que le "sugiere" su contraparte en Washington, es decir, continuar erradicando cultivos pese a las 180 toneladas de cocaína que se siguen produciendo cada año desde el Perú, cada vez con mayor calidad, precios más accesibles al consumidor y en mayor cantidad. Los traficantes han respondido desde la perspectiva empresarial que manda la situación: reemplazando áreas cultivadas por productividad. El nicho del mercado mundial ilegal de la cocaína que ocupa el Perú requiere de 50,000 hás y 180 toneladas de clorhidrato de cocaína cada año. Mientras, el CORAH sigue erradicando y el Ministerio de Defensa conversa sobre otorgamiento de facilidades militares.
En segundo lugar, que ninguno de nuestros gobernantes en democracia ha sabido conducir políticas realistas que respondan a nuestros problemas de drogas –y no los que propugnan la "Guerra de las Drogas" en Washington–, es decir, pobreza rural en los Andes y la Selva Alta, falta de trabajo para los jóvenes peruanos que se ven obligados a migrar con un kilo más de equipaje, y mucha desinformación, como la que refieren las "alianzas" de un Perú sin drogas. Aunque en todo lo demás haya olor a putrefacción y corrupción, entre 1992 y 1998 el extraditable Fujimori mostró un uso más inteligente del relativo poder del Estado para negociar el tema drogas, desarrollo rural y las relaciones con EEUU. Parece que el propio presidente García se olvida de los textos de Haya sobre el imperialismo, o más recientemente (1989), de su mirada sobre el narcotráfico.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Aparentemente no será ni este Congreso, ni el PJ, ambos con mínimas posibilidades de generar propuestas mientras sigan en el lodo. DEVIDA, y antes CONTRADROGAS, solo sirven para contentar a los donantes externos que a su vez satisfacen a sus políticos locales de que "algo se está haciendo". Tampoco la clase política ha tenido la "capacidad", ni la voluntad, de pensar con seriedad el tema ni ofrecerle al país otra propuesta que la manida "lucha frontal contra el flagelo". Recordemos que históricamente, ni el Apra, ni la derecha, la izquierda o el nacionalismo han pensado el tema como uno de pobreza, de salud, antes que de represión. Desde aquí, sugiero poder reunir a verdaderos especialistas, políticos con capacidad de decisión, representantes de los actores sociales afectados para evaluar lo hecho, volver a mirar la Estrategia 2007/2011 y sentar la posición del país en este tema, en español y no en inglés.