Contra el narcotráfico, Despenalización de la Hoja de Coca
La creciente relación entre narcotraficantes y senderistas hace pensar que pacíficas protestas degeneren en nuevo conflicto armado.
En Huánuco, uno de los centros del paro, se ha recurrido al bloqueo de carreteras para presionar el diálogo. Foto: Efe
Mientras los cocaleros amenazan con radicalizar sus protestas, que ya completan tres semanas, analistas temen que esta medida y otras similares, como una huelga nacional de mineros, se transformen en una ola de violencia que lleve inestabilidad al país, a solo nueve meses de iniciado el gobierno de Alan García.
Desde el pasado 11 de abril, los productores cocaleros agrupados en la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop) llevan a cabo jornadas de protesta y paralizaciones contra la política de erradicación de la hoja de coca que ejecuta el Gobierno. Hasta ahora, 48 campesinos han sido detenidos por alterar el orden público.
La negativa del Ejecutivo a dialogar mientras continúen los actos vandálicos y bloqueos de carreteras ha irritado a los manifestantes, que amenazan con marchar a Lima y radicalizar su medida. Desde hoy hasta el viernes, los cocaleros acatarán un paro en la región de Huánuco (centro del país).
La problemática cocalera en Perú, sin embargo, no es un asunto meramente coyuntural, ya que se trata de un verdadero dolor de cabeza para el Estado, que se complica cada vez más con la creciente expansión del narcotráfico.
Jaime Antezana, sociólogo y experto en narcotráfico, ha advertido sobre la posibilidad de que el problema cocalero inicie una etapa de violencia en el país que escapará al control estatal.
"Yo veo y advierto que estamos entrando en un nuevo ciclo de violencia, un nuevo conflicto armado, pero esta vez no por la toma del poder, sino en torno a la coca, la guerra de la coca", asegura.
Y es que resulta evidente que las protestas de los cocaleros tienen como principal motivación la defensa de su economía de subsistencia que los lleva a vender su producción al narcotráfico.
En Perú, 93 por ciento de la producción total de coca se destina al narcotráfico. El precio del kilo de hoja de coca que se paga en ese mercado ilegal a los campesinos es en promedio de tres dólares, mientras que la Empresa Nacional de la Coca paga entre 1,5 y 1,7 dólares. Antezana estima que el narcotráfico mueve anualmente entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en el país.
'Fermento radical'
"Los diversos discursos sobre la coca, desde la hoja sagrada, hasta la defensa de la 'coca o muerte', están generando un fermento radical en los campesinos cocaleros. Esperemos que puedan evitar sumarse a ese nuevo escenario de conflicto que empieza a configurarse", añade.
Razones para pensar que lo dicho por Antezana podría ocurrir existen, y varias. La llegada de los carteles mexicanos al país y los cambios que se han producido en la industria del narcotráfico en Perú han llevado, entre otras, explican varias de esas razones. El incremento de la productividad de las 50.300 hectáreas de coca cultivada en el país (según cifras oficiales), que generan 110.000 toneladas de hoja de coca al año, es un hecho irrefutable.
Para Antezana, el pacto entre el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso complica aún más el panorama. Según el experto, los senderistas ya no obedecen a objetivos políticos ni ideológicos, como antes, sino que se trata de grupos armados derrotados y en repliegue, que se vinculan con el narcotráfico y pretenden ser su brazo armado para defender la coca y la producción de droga.
Con la huelga de mineros iniciada este lunes y las puertas del diálogo cerradas con los cocaleros, el Gobierno deberá recurrir a la negociación con los sectores que anuncian paralizaciones para exigir sus demandas en próximos días.
Según analistas, son protestas originadas en el descontento popular por no percibir los beneficios del crecimiento económico que experimenta Perú en los últimos años.
PAOLA PINEDO GARCÍA
Para EL TIEMPO
Desde Lima
Fuente: El Tiempo
En Huánuco, uno de los centros del paro, se ha recurrido al bloqueo de carreteras para presionar el diálogo. Foto: Efe
Mientras los cocaleros amenazan con radicalizar sus protestas, que ya completan tres semanas, analistas temen que esta medida y otras similares, como una huelga nacional de mineros, se transformen en una ola de violencia que lleve inestabilidad al país, a solo nueve meses de iniciado el gobierno de Alan García.
Desde el pasado 11 de abril, los productores cocaleros agrupados en la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop) llevan a cabo jornadas de protesta y paralizaciones contra la política de erradicación de la hoja de coca que ejecuta el Gobierno. Hasta ahora, 48 campesinos han sido detenidos por alterar el orden público.
La negativa del Ejecutivo a dialogar mientras continúen los actos vandálicos y bloqueos de carreteras ha irritado a los manifestantes, que amenazan con marchar a Lima y radicalizar su medida. Desde hoy hasta el viernes, los cocaleros acatarán un paro en la región de Huánuco (centro del país).
La problemática cocalera en Perú, sin embargo, no es un asunto meramente coyuntural, ya que se trata de un verdadero dolor de cabeza para el Estado, que se complica cada vez más con la creciente expansión del narcotráfico.
Jaime Antezana, sociólogo y experto en narcotráfico, ha advertido sobre la posibilidad de que el problema cocalero inicie una etapa de violencia en el país que escapará al control estatal.
"Yo veo y advierto que estamos entrando en un nuevo ciclo de violencia, un nuevo conflicto armado, pero esta vez no por la toma del poder, sino en torno a la coca, la guerra de la coca", asegura.
Y es que resulta evidente que las protestas de los cocaleros tienen como principal motivación la defensa de su economía de subsistencia que los lleva a vender su producción al narcotráfico.
En Perú, 93 por ciento de la producción total de coca se destina al narcotráfico. El precio del kilo de hoja de coca que se paga en ese mercado ilegal a los campesinos es en promedio de tres dólares, mientras que la Empresa Nacional de la Coca paga entre 1,5 y 1,7 dólares. Antezana estima que el narcotráfico mueve anualmente entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en el país.
'Fermento radical'
"Los diversos discursos sobre la coca, desde la hoja sagrada, hasta la defensa de la 'coca o muerte', están generando un fermento radical en los campesinos cocaleros. Esperemos que puedan evitar sumarse a ese nuevo escenario de conflicto que empieza a configurarse", añade.
Razones para pensar que lo dicho por Antezana podría ocurrir existen, y varias. La llegada de los carteles mexicanos al país y los cambios que se han producido en la industria del narcotráfico en Perú han llevado, entre otras, explican varias de esas razones. El incremento de la productividad de las 50.300 hectáreas de coca cultivada en el país (según cifras oficiales), que generan 110.000 toneladas de hoja de coca al año, es un hecho irrefutable.
Para Antezana, el pacto entre el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso complica aún más el panorama. Según el experto, los senderistas ya no obedecen a objetivos políticos ni ideológicos, como antes, sino que se trata de grupos armados derrotados y en repliegue, que se vinculan con el narcotráfico y pretenden ser su brazo armado para defender la coca y la producción de droga.
Con la huelga de mineros iniciada este lunes y las puertas del diálogo cerradas con los cocaleros, el Gobierno deberá recurrir a la negociación con los sectores que anuncian paralizaciones para exigir sus demandas en próximos días.
Según analistas, son protestas originadas en el descontento popular por no percibir los beneficios del crecimiento económico que experimenta Perú en los últimos años.
PAOLA PINEDO GARCÍA
Para EL TIEMPO
Desde Lima
Fuente: El Tiempo