jueves, 03 de mayo de 2007
Temas delicados
Por: Pilar Arroyo R.P.
Desde nuestra última entrega hay cuatro delicados temas que han tomado protagonismo en la coyuntura: 1) el problema de la coca; 2) la creciente influencia del fujimorismo en el gobierno aprista (casos Pandolfi, Garrido Lecca y Giampietri); 3) los esfuerzos gubernamentales por lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) que han motivado el segundo viaje del Presidente García a los EE.UU. y 4) las crecientes protestas ciudadanas ( La Oroya, Ancash, Moquegua, etc). Por razones de espacio nos ocuparemos de los dos primeros.
I.- EL PROBLEMA DE LA COCA
El 13 de marzo comenzó en Tocache (San Martín) un paro de 48 horas convocado por los campesinos cocaleros, y respaldado por el alcalde del lugar, en protesta por la erradicación compulsiva de sus cultivos por parte del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca (CORAH).
El gobierno optó por el diálogo, que culminó en la firma de la llamada “Acta de Tocache”, cuyos acuerdos principales fueron: a) Empadronamiento general de los agricultores productores de hoja de coca a nivel nacional. b) declarar en emergencia las provincias de San Martín, Bellavista, Picota, Tocache, Rioja, Moyobamba, El Dorado y Lamas. c) Desarrollar una política de interdicción de productos químicos que permiten la transformación de la hoja de coca en cocaína, así como una lucha frontal contra el narcotráfico d) Suspensión temporal de la erradicación programada de los cultivos de coca, la cual no incluye los sembríos que se encuentran en las inmediaciones de pozas de maceración en un área de mil metros cuadrados.
Luego de la firma de dicha Acta, el Ministro de Agricultura, Salazar (a quien el Ministro de Interior dejó solo en las negociaciones con los cocaleros), declaró "No tenemos una política antidrogas, porque esta política es manejada por directivas de Estados Unidos([1]). Ellos son los que ponen dinero, ellos son los que ejecutan, ellos son los que aplican las medidas. Y esa conducción está equivocada" ([2]). A continuación hizo conocer al país (en su presentación en el Programa “La Hora N", de canal 8), que los valles del Monzón, Apurímac y Ene eran zonas "liberadas" para el narcotráfico.
Los hechos anteriormente descritos generaron una serie de reacciones:
+ Un sector dio la bienvenida al Acta y destacó la valiente actitud del Ministro Salazar de poner los puntos sobre las íes y destacar lo que es obvio para cualquiera que haya visitado las zonas cocaleras: el delicado asunto de zonas del territorio en manos del narcotráfico, así como la inexistencia de una política cocalera autónoma, en función de los intereses nacionales.
+ Pero otro sector, con el apoyo entusiasta de la mayoría de medios de comunicación, la rechazó de plano, acusando al Ministro Salazar de haber claudicado frente al narcotráfico y pidiendo su inmediata renuncia. Sin embargo, no lo pudieron lograr porque Salazar es un militante aprista de mucho prestigio y trayectoria, sobre todo en el norte del país.
Al Presidente García no le quedó más remedio que respaldar a Salazar, aunque días después desconoció el Acta de Tocache y decidió continuar la erradicación forzosa, ordenando bombardear las pozas de maceración (lo que cualquiera que haya pisado la amazonía sabe que no es posible). Al momento de escribir estas líneas los cocaleros han vuelto a bloquear las vías de acceso a sus valles, reclamando respeto a lo acordado en el Acta y diálogo con el gobierno para encontrar una solución al problema.
Lo anteriormente reseñado líneas arriba se repite como una letanía anual (coincidentemente en la misma época) en un juego que Mirko Lauer ha llamado de: “cultivo-erradicación-paro-tregua” Nosotros agregaríamos luego de “tregua” presión norteamericana y vuelta a la erradicación forzosa.
En el país hay acuerdo en que es grave que el 90% de la producción de coca vaya al narcotráfico, así como también que el narcotráfico trae una secuela de violencia, corrupción y contaminación ambiental a nuestro país y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. La Opinión Pública también es consciente de este problema. La última encuesta nacional (urbana) de Apoyo consigna que el 21% de los entrevistados considera al narcotráfico y consumo de drogas como el sexto problema del país, después del desempleo, pobreza, corrupción, inseguridad y educación inadecuada.
Pero... los peruan@s no logramos ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer al respecto. Hay básicamente dos posiciones:
1.- Los que, coincidiendo con la mirada norteamericana -que no hace distingos entre la planta (coca) y el producto industrial (cocaína)- consideran a los cocaleros aliados del narcotráfico y que, por lo tanto, sostienen que no cabe el diálogo con ellos, sino proceder con todo el peso de la ley a la erradicación forzosa (química o manual) de sus cultivos. Rechazan también cualquier intento de dar otro destino a la producción cocalera, negando sus posibles usos en la alimentación, medicina e industria. Este sector privilegia una respuesta policial-militar frente al problema y centran su pedido de ayuda internacional a medios económicos y logísticos (por ejemplo interdicción aérea) para combatir este flagelo.
2.- Los que consideran que hay que distinguir entre los campesinos cocaleros y los narcotraficantes. Con los primeros hay que dialogar, a los segundos hay que hacerles caer todo el peso de la ley. En el diálogo con los cocaleros hay que tener en cuenta las diversas dimensiones en juego:
a) la cultural-antropológica, como dice Cotler: “la coca ha sido –y al presente sigue siendo- elemento crucial en las ceremonias religiosas y en los rituales sociales; en el trabajo y en el intercambio comercial de la población andina” ([3]).
b) la socio-económica: la gente cultiva coca porque crece en suelos pobres y tiene un alto rendimiento (de 3 a 5 cosechas anuales). Además, porque la falta de mantenimiento de las vías de comunicación no son un obstáculo (como sí lo son para otros productos) para que llegue a los mercados; y por su puesto, por su precio. Estas ventajas no la tienen los cultivos alternativos, cuyos precios, dicho sea de paso, son deprimidos por los subsidios agrícolas que los países de la Unión Europea y los Estados unidos dan a sus agricultores.
Este sector considera que hay que explorar la posibilidad de dar otros usos a la hoja de coca y centran su pedido de ayuda internacional en revertir el obstáculo de La Convención de Viena sobre Estupefacientes, que considera la hoja de coca como droga y por lo tanto prohíbe la comercialización tanto de ella como de sus derivados a nivel mundial. También piensan que la comunidad internacional debe atenuar o compensar el impacto de sus subsidios agrícolas sobre nuestra agricultura.
También llaman la atención sobre el impacto ambiental que genera la erradicación forzosa de cocales, al promover el desplazamiento de los cultivos (por el llamado efecto globo) lo que significa mayor deforestación de la Amazonía.
II.- LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL FUJIMORISMO
Tres hechos públicos del último mes alertaron al país sobre la creciente influencia del fujimorismo en el gobierno aprista. Veamos:
1.- El Ingeniero Alberto Pandolfi venía trabajando, hace cinco meses, en el gobierno aprista. Incluso había llevado a cabo negociaciones con el Banco Mundial en nombre del gobierno en temas relacionados con el Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). Por ello, el despacho del Premier del Castillo procedió a nombrarlo Director Ejecutivo de dicho Programa, dando inicio a una tormenta política.
El motivo de la misma es que Pandolfi fue dos veces Premier en el gobierno de Fujimori (entre los años 1996-1999) y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por diez años por su responsabilidad en diversas irregularidades cometidas durante dicho gobierno. Su presencia en la función pública sacaba a la luz una “infracción constitucional” cometida por el Premier del Castillo, como bien lo señaló en ese entonces la actual Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas. Por ello, el Congreso ha acordado interpelarlo, el día 2 de mayo, a pesar de las veladas amenazas del Secretario General del APRA, Mauricio Mulder, de cerrarlo si esto sucediera.
2.- No había terminado la tormenta por el “caso Pandolfi” y la Opinión Pública se enteró que el Ministro de Vivienda y miembro del partido aprista, Hernán Garrido Lecca, pagaba a los diarios fujimoristas La Razón, el Chino y el Men para que elogiaran su gestión y demolieran a sus oponentes políticos.
Garrido Lecca estaba usando la misma “técnica” que Montesinos y Fujimori desarrollaron durante toda la década del noventa con los medios de comunicación y que ha llevado a muchos de sus propietarios (o ex propietarios) a ser enjuiciados “por haber vendido su línea informativa o editorial a un gobierno corrupto”. Coincidimos con Mirko Lauer cuando comentando este caso afirma que “cobrar por ofrecerle al público propaganda disfrazada de información y opinión objetivas y de buena fe (…)no se distingue en lo esencial de lo que vimos con la mafia en los años 90: los medios como instrumentos de delitos psicosociales” ([4]).
El Presidente García, en lugar de condenar ambos casos y pedir la renuncia de ambos funcionarios (el Premier del Castillo y el Ministro Garrido Lecca) ha señalado que son errores políticos. Ello no se condice con su pedido, en el discurso inaugural del 28 de julio, invitando a los peruanos a rescatar los valores. Como dice Gonzalo Portocarrero “Lo de Garrido Lecca fue un acto corrupto y el Gobierno se ha hecho de la vista gorda. Es un quiebre en la imagen que este Gobierno quería dar: la de un régimen renovado, que buscaba la austeridad, la honradez y la transparencia. Es un mal augurio” ([5]).
3.- El Primer vice-presidente de la República, Almirante en retiro de la Marina Peruana, Luis Giampietri, ha sido citado en calidad de testigo (a pedido de uno de los inculpados) por la Primera Sala Anticorrupción, como testigo, en el caso de la matanza de La Cantuta. Giampietri se niega a acudir a las reiteradas citaciones. En lugar de dar ejemplo al resto de ciudadanos y mostrar respeto al Poder Judicial, para librarse de dicha citación ha movilizado en su apoyo al Congreso (impulsado por la bancada aprista y fujimorista) y también a la Fuerza Armada, a la cual perteneció anteriormente.
Los hechos anteriormente mencionados han llevado a Alvarez Rodrich a afirmar que “el gobierno aprista muestra demasiadas coincidencias con el fujimorismo en cuanto a objetivos e, incluso, en relación con la convocatoria de personas que jugaron un papel nefasto sobre los noventa –como Alberto Pandolfi. Y otras con afecto sincero por las formas autocráticas que predominaron entonces, como el vicepresidente Luis Giampietri” ([6]).
Y nos recuerda que “Lo que no hay que perder de vista en todo es que detrás de las movidas de Giampietri no sólo está una actitud majadera sino –lo que es más preocupante- el intento del APRA y del fujimorismo de bajarse a una jueza como Inés Villa Bonilla, quien es un verdadero dolor de cabeza para los corruptos” ([7]). El Poder Judicial parece también haberlo entendido así y el 21 de abril los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de La República han emitido un comunicado manifestando su “solidaridad con las señoras magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Especial de Lima” y exhortando “a los demás poderes del Estado al respeto irrestricto a la independencia del Poder Judicial”.
Impresión que también tiene Mirko Lauer, cuando señala que “Tanto el mal nombrado Alberto Pandolfi como el mal contratado diario La Razón vienen del riñón mismo de la corrupción de los años 90, cuya representación política sigue siendo el fujimorismo reciclado” ([8]).
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[1] ) La influencia de los EE.UU. se basa en que el gobierno norteamericano evalúa anualmente si los países cocaleros están haciendo los esfuerzos necesarios para erradicar los cocales, “certificación” le llaman. Si no aprueban la evaluación los países pueden tener serios problemas en acceder a la asistencia financiera norteamericana y de los organismos multilaterales, así como también perder las preferencias arancelarias acordadas en el marco del ATPDEA.Como dice J.Cotler esto es unilateral porque “la estrategia de Washington centra su atención en la oferta externa descuidando la importancia que en el narcotráfico ejerce la demanda interna” en J.Cotler Drogas y política en el Perú. La conexión norteamericana (Lima, IEP, 1999) p.12.
[2] ) Desco Resumen Semanal Año XXIX 1427 (14 - 20 de marzo del 2007)
[3] ) Cotler op.cit. p. 71.
[4] ) M. Lauer “¿Es lo mismo? ¿Es parecido? ¿O es Igual? En La República” 18 de abril del 2007.
[5] ) G. Portocarrero. “Hay un gran potencial de violencia en el Perú” Entrevista de Michael A.Zárate en Perú 21 del 22 de abril del 2007.
[6] ) Augusto Alvarez Rodrich “Fiesta de 15 años. El fujimontesinismo goza, todavía de buena salud” Editorial de Perú 21 del 5 de abril del 2007.
[7] ) A. Alvarez Rodrich “Giampietri se las trae. La bisagra entre el aprismo y el fujimorismo” en Perú 21 30 de marzo del 2007
[8] ) Lauer art. cit.
Fuente: Instituto Bartolomé Las Casas
Desde nuestra última entrega hay cuatro delicados temas que han tomado protagonismo en la coyuntura: 1) el problema de la coca; 2) la creciente influencia del fujimorismo en el gobierno aprista (casos Pandolfi, Garrido Lecca y Giampietri); 3) los esfuerzos gubernamentales por lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) que han motivado el segundo viaje del Presidente García a los EE.UU. y 4) las crecientes protestas ciudadanas ( La Oroya, Ancash, Moquegua, etc). Por razones de espacio nos ocuparemos de los dos primeros.
I.- EL PROBLEMA DE LA COCA
El 13 de marzo comenzó en Tocache (San Martín) un paro de 48 horas convocado por los campesinos cocaleros, y respaldado por el alcalde del lugar, en protesta por la erradicación compulsiva de sus cultivos por parte del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca (CORAH).
El gobierno optó por el diálogo, que culminó en la firma de la llamada “Acta de Tocache”, cuyos acuerdos principales fueron: a) Empadronamiento general de los agricultores productores de hoja de coca a nivel nacional. b) declarar en emergencia las provincias de San Martín, Bellavista, Picota, Tocache, Rioja, Moyobamba, El Dorado y Lamas. c) Desarrollar una política de interdicción de productos químicos que permiten la transformación de la hoja de coca en cocaína, así como una lucha frontal contra el narcotráfico d) Suspensión temporal de la erradicación programada de los cultivos de coca, la cual no incluye los sembríos que se encuentran en las inmediaciones de pozas de maceración en un área de mil metros cuadrados.
Luego de la firma de dicha Acta, el Ministro de Agricultura, Salazar (a quien el Ministro de Interior dejó solo en las negociaciones con los cocaleros), declaró "No tenemos una política antidrogas, porque esta política es manejada por directivas de Estados Unidos([1]). Ellos son los que ponen dinero, ellos son los que ejecutan, ellos son los que aplican las medidas. Y esa conducción está equivocada" ([2]). A continuación hizo conocer al país (en su presentación en el Programa “La Hora N", de canal 8), que los valles del Monzón, Apurímac y Ene eran zonas "liberadas" para el narcotráfico.
Los hechos anteriormente descritos generaron una serie de reacciones:
+ Un sector dio la bienvenida al Acta y destacó la valiente actitud del Ministro Salazar de poner los puntos sobre las íes y destacar lo que es obvio para cualquiera que haya visitado las zonas cocaleras: el delicado asunto de zonas del territorio en manos del narcotráfico, así como la inexistencia de una política cocalera autónoma, en función de los intereses nacionales.
+ Pero otro sector, con el apoyo entusiasta de la mayoría de medios de comunicación, la rechazó de plano, acusando al Ministro Salazar de haber claudicado frente al narcotráfico y pidiendo su inmediata renuncia. Sin embargo, no lo pudieron lograr porque Salazar es un militante aprista de mucho prestigio y trayectoria, sobre todo en el norte del país.
Al Presidente García no le quedó más remedio que respaldar a Salazar, aunque días después desconoció el Acta de Tocache y decidió continuar la erradicación forzosa, ordenando bombardear las pozas de maceración (lo que cualquiera que haya pisado la amazonía sabe que no es posible). Al momento de escribir estas líneas los cocaleros han vuelto a bloquear las vías de acceso a sus valles, reclamando respeto a lo acordado en el Acta y diálogo con el gobierno para encontrar una solución al problema.
Lo anteriormente reseñado líneas arriba se repite como una letanía anual (coincidentemente en la misma época) en un juego que Mirko Lauer ha llamado de: “cultivo-erradicación-paro-tregua” Nosotros agregaríamos luego de “tregua” presión norteamericana y vuelta a la erradicación forzosa.
En el país hay acuerdo en que es grave que el 90% de la producción de coca vaya al narcotráfico, así como también que el narcotráfico trae una secuela de violencia, corrupción y contaminación ambiental a nuestro país y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. La Opinión Pública también es consciente de este problema. La última encuesta nacional (urbana) de Apoyo consigna que el 21% de los entrevistados considera al narcotráfico y consumo de drogas como el sexto problema del país, después del desempleo, pobreza, corrupción, inseguridad y educación inadecuada.
Pero... los peruan@s no logramos ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer al respecto. Hay básicamente dos posiciones:
1.- Los que, coincidiendo con la mirada norteamericana -que no hace distingos entre la planta (coca) y el producto industrial (cocaína)- consideran a los cocaleros aliados del narcotráfico y que, por lo tanto, sostienen que no cabe el diálogo con ellos, sino proceder con todo el peso de la ley a la erradicación forzosa (química o manual) de sus cultivos. Rechazan también cualquier intento de dar otro destino a la producción cocalera, negando sus posibles usos en la alimentación, medicina e industria. Este sector privilegia una respuesta policial-militar frente al problema y centran su pedido de ayuda internacional a medios económicos y logísticos (por ejemplo interdicción aérea) para combatir este flagelo.
2.- Los que consideran que hay que distinguir entre los campesinos cocaleros y los narcotraficantes. Con los primeros hay que dialogar, a los segundos hay que hacerles caer todo el peso de la ley. En el diálogo con los cocaleros hay que tener en cuenta las diversas dimensiones en juego:
a) la cultural-antropológica, como dice Cotler: “la coca ha sido –y al presente sigue siendo- elemento crucial en las ceremonias religiosas y en los rituales sociales; en el trabajo y en el intercambio comercial de la población andina” ([3]).
b) la socio-económica: la gente cultiva coca porque crece en suelos pobres y tiene un alto rendimiento (de 3 a 5 cosechas anuales). Además, porque la falta de mantenimiento de las vías de comunicación no son un obstáculo (como sí lo son para otros productos) para que llegue a los mercados; y por su puesto, por su precio. Estas ventajas no la tienen los cultivos alternativos, cuyos precios, dicho sea de paso, son deprimidos por los subsidios agrícolas que los países de la Unión Europea y los Estados unidos dan a sus agricultores.
Este sector considera que hay que explorar la posibilidad de dar otros usos a la hoja de coca y centran su pedido de ayuda internacional en revertir el obstáculo de La Convención de Viena sobre Estupefacientes, que considera la hoja de coca como droga y por lo tanto prohíbe la comercialización tanto de ella como de sus derivados a nivel mundial. También piensan que la comunidad internacional debe atenuar o compensar el impacto de sus subsidios agrícolas sobre nuestra agricultura.
También llaman la atención sobre el impacto ambiental que genera la erradicación forzosa de cocales, al promover el desplazamiento de los cultivos (por el llamado efecto globo) lo que significa mayor deforestación de la Amazonía.
II.- LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL FUJIMORISMO
Tres hechos públicos del último mes alertaron al país sobre la creciente influencia del fujimorismo en el gobierno aprista. Veamos:
1.- El Ingeniero Alberto Pandolfi venía trabajando, hace cinco meses, en el gobierno aprista. Incluso había llevado a cabo negociaciones con el Banco Mundial en nombre del gobierno en temas relacionados con el Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). Por ello, el despacho del Premier del Castillo procedió a nombrarlo Director Ejecutivo de dicho Programa, dando inicio a una tormenta política.
El motivo de la misma es que Pandolfi fue dos veces Premier en el gobierno de Fujimori (entre los años 1996-1999) y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por diez años por su responsabilidad en diversas irregularidades cometidas durante dicho gobierno. Su presencia en la función pública sacaba a la luz una “infracción constitucional” cometida por el Premier del Castillo, como bien lo señaló en ese entonces la actual Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas. Por ello, el Congreso ha acordado interpelarlo, el día 2 de mayo, a pesar de las veladas amenazas del Secretario General del APRA, Mauricio Mulder, de cerrarlo si esto sucediera.
2.- No había terminado la tormenta por el “caso Pandolfi” y la Opinión Pública se enteró que el Ministro de Vivienda y miembro del partido aprista, Hernán Garrido Lecca, pagaba a los diarios fujimoristas La Razón, el Chino y el Men para que elogiaran su gestión y demolieran a sus oponentes políticos.
Garrido Lecca estaba usando la misma “técnica” que Montesinos y Fujimori desarrollaron durante toda la década del noventa con los medios de comunicación y que ha llevado a muchos de sus propietarios (o ex propietarios) a ser enjuiciados “por haber vendido su línea informativa o editorial a un gobierno corrupto”. Coincidimos con Mirko Lauer cuando comentando este caso afirma que “cobrar por ofrecerle al público propaganda disfrazada de información y opinión objetivas y de buena fe (…)no se distingue en lo esencial de lo que vimos con la mafia en los años 90: los medios como instrumentos de delitos psicosociales” ([4]).
El Presidente García, en lugar de condenar ambos casos y pedir la renuncia de ambos funcionarios (el Premier del Castillo y el Ministro Garrido Lecca) ha señalado que son errores políticos. Ello no se condice con su pedido, en el discurso inaugural del 28 de julio, invitando a los peruanos a rescatar los valores. Como dice Gonzalo Portocarrero “Lo de Garrido Lecca fue un acto corrupto y el Gobierno se ha hecho de la vista gorda. Es un quiebre en la imagen que este Gobierno quería dar: la de un régimen renovado, que buscaba la austeridad, la honradez y la transparencia. Es un mal augurio” ([5]).
3.- El Primer vice-presidente de la República, Almirante en retiro de la Marina Peruana, Luis Giampietri, ha sido citado en calidad de testigo (a pedido de uno de los inculpados) por la Primera Sala Anticorrupción, como testigo, en el caso de la matanza de La Cantuta. Giampietri se niega a acudir a las reiteradas citaciones. En lugar de dar ejemplo al resto de ciudadanos y mostrar respeto al Poder Judicial, para librarse de dicha citación ha movilizado en su apoyo al Congreso (impulsado por la bancada aprista y fujimorista) y también a la Fuerza Armada, a la cual perteneció anteriormente.
Los hechos anteriormente mencionados han llevado a Alvarez Rodrich a afirmar que “el gobierno aprista muestra demasiadas coincidencias con el fujimorismo en cuanto a objetivos e, incluso, en relación con la convocatoria de personas que jugaron un papel nefasto sobre los noventa –como Alberto Pandolfi. Y otras con afecto sincero por las formas autocráticas que predominaron entonces, como el vicepresidente Luis Giampietri” ([6]).
Y nos recuerda que “Lo que no hay que perder de vista en todo es que detrás de las movidas de Giampietri no sólo está una actitud majadera sino –lo que es más preocupante- el intento del APRA y del fujimorismo de bajarse a una jueza como Inés Villa Bonilla, quien es un verdadero dolor de cabeza para los corruptos” ([7]). El Poder Judicial parece también haberlo entendido así y el 21 de abril los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de La República han emitido un comunicado manifestando su “solidaridad con las señoras magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Especial de Lima” y exhortando “a los demás poderes del Estado al respeto irrestricto a la independencia del Poder Judicial”.
Impresión que también tiene Mirko Lauer, cuando señala que “Tanto el mal nombrado Alberto Pandolfi como el mal contratado diario La Razón vienen del riñón mismo de la corrupción de los años 90, cuya representación política sigue siendo el fujimorismo reciclado” ([8]).
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[1] ) La influencia de los EE.UU. se basa en que el gobierno norteamericano evalúa anualmente si los países cocaleros están haciendo los esfuerzos necesarios para erradicar los cocales, “certificación” le llaman. Si no aprueban la evaluación los países pueden tener serios problemas en acceder a la asistencia financiera norteamericana y de los organismos multilaterales, así como también perder las preferencias arancelarias acordadas en el marco del ATPDEA.Como dice J.Cotler esto es unilateral porque “la estrategia de Washington centra su atención en la oferta externa descuidando la importancia que en el narcotráfico ejerce la demanda interna” en J.Cotler Drogas y política en el Perú. La conexión norteamericana (Lima, IEP, 1999) p.12.
[2] ) Desco Resumen Semanal Año XXIX 1427 (14 - 20 de marzo del 2007)
[3] ) Cotler op.cit. p. 71.
[4] ) M. Lauer “¿Es lo mismo? ¿Es parecido? ¿O es Igual? En La República” 18 de abril del 2007.
[5] ) G. Portocarrero. “Hay un gran potencial de violencia en el Perú” Entrevista de Michael A.Zárate en Perú 21 del 22 de abril del 2007.
[6] ) Augusto Alvarez Rodrich “Fiesta de 15 años. El fujimontesinismo goza, todavía de buena salud” Editorial de Perú 21 del 5 de abril del 2007.
[7] ) A. Alvarez Rodrich “Giampietri se las trae. La bisagra entre el aprismo y el fujimorismo” en Perú 21 30 de marzo del 2007
[8] ) Lauer art. cit.
Fuente: Instituto Bartolomé Las Casas
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