EDITORIAL DE EL COMERCIO

Ha llegado el punto de quiebre para los campesinos cocaleros ilegales: u optan por un cultivo alternativo y se alínean con el Estado de derecho o 'salen del clóset' y se unen al narcotráfico. El país está harto de tanto apañamiento. ¿Si el 90% de la hoja de coca acaba convirtiéndose en droga, a quién quieren los dirigentes seguir engañando con el cuento de que los campesinos ilegales no son aliados del narcotráfico? El país está harto también de medias tintas: sembrar y comercializar hoja de coca para proporcionársela a los narcotraficantes es, según el Art. 296 del Código Penal, un delito y debe perseguirse. El Estado de derecho no puede aceptar ninguna otra figura edulcorada, como la de 'cultivos ancestrales'. ¿Además, de qué tanto empadronamiento se habla, cuando desde la década del 70 cuando se empadronó y prohibió sembrar nuevas áreas, se sabe perfectamente bien cuáles y de quiénes son las hectáreas autorizadas para sembrar coca y venderla legalmente?

Es por eso inexcusable que el ministro de Agricultura, José Salazar, haya firmado la llamada Acta de Tocache. Agredió con ello la Ley 22095 de 1978, que justamente prohíbe volver a empadronar. Contravino también convenciones específicas de las Naciones Unidas en las que nos comprometemos a erradicar. Pero lo que es realmente imperdonable es que, al aceptar ingenuamente el empadronamiento, haya abierto la caja de Pandora. Dio así el paso que por décadas el Estado había evitado para no dar pie a todo tipo de reclamos, que es lo que ahora sucede. El Acta de Tocache es hoy el mayor escollo que deberá sortear cualquier proyecto contra la coca ilegal.

¿Por qué la situación no se enfrenta? Por el escollo social "¡Coca o muerte!", gritan extasiados. Y en ello se escudan los dirigentes. ¿Pero acaso no hay también un problema social en Polvos Azules, San Jacinto, Santa Anita o el jirón Azángaro? ¿Y acaso eso les da derecho a piratear, reducir partes de autos robadas, invadir un mercado o comercializar falsificaciones? Claro que no. ¿Acaso no sabían esos campesinos, cuando sembraron sus plantas de coca, que su producto se iba a vender al narcotráfico? ¡Por favor, no nos tomen el pelo!

Consecuencia de la pusilanimidad

Debido a la pusilanimidad generada por el miedo a los conflictos se van dando una serie de situaciones nefastas en el país:

El narcotráfico ha ido ganando terreno. En vez de reducirse, hoy hay más hectáreas de coca ilegal que hace cinco años. Y peor aún, la productividad por hectárea se ha cuadruplicado debido a modernas técnicas de cultivo y al uso abusivo de abonos químicos. Esto último ocasiona incluso que la hoja no pueda ser consumida por el hombre. ¿Alguien duda de que su destino sea la droga?

Sendero Luminoso se está reactivando. No solo da 'protección'; hay, además, indicios de que ya está produciendo pasta básica. ¿Alguien duda del peligro de la dupla Sendero-droga?

Tenemos ya dos grandes zonas 'semiliberadas': el VRAE y el Huallaga. En ellas el Estado tiene una presencia relativa. Hay incluso zonas 'liberadas' como el Monzón, donde el control lo tiene el narcotráfico. La última vez que las fuerzas del orden entraron requirieron de cientos de policías y cinco helicópteros artillados. Y no pudieron quedarse mucho tiempo. ¿Qué esperamos? ¿Más zonas controladas por el narcotráfico en las que los peruanos no tenemos plena soberanía?

El Estado ha sido penetrado políticamente por el narcotráfico: hay hasta cuatro congresistas que, con mayor o menor desparpajo, juegan de quintacolumnistas con la sociedad. Hay también muchos alcaldes y hasta presidentes de región abiertamente a favor de los sembríos ilegales. Y, aunque lo nieguen, con el pretexto de defender a los cocaleros lo que hacen es defender los intereses de los narcotraficantes. ¿A quién quieren engañar?

Nuestra economía ha sido también penetrada. Se estima, por ejemplo, que el 45,23% del PBI de Huánuco está vinculado al narcotráfico. ¿Ante todo este avance del narcotráfico, podemos permitirnos ingenuamente continuar tratando a los cocaleros ilegales como ciudadanos de todo derecho? Claro que no. Ha llegado la hora de que adopten una posición sin medias tintas: por el orden o por la droga.

¿Qué hacer entonces?

- Primero: Preparar una estrategia global que sea avalada por el Acuerdo Nacional.

- Segundo: En un tiempo prudencial, el ministro Salazar debe renunciar. El Comercio no es proclive a pedir renuncias de ministros, pero ante la desastrosa señal dada con el Acta de Tocache y su efecto devastador para la capacidad de negociación de Estado, la necesaria señal de cambio de actitud requiere de su renuncia.

- Tercero: Devida ya cumplió su ciclo y debe ser desactivada, pues ha perdido autoridad. En su lugar debe crearse una nueva entidad encabezada por una personalidad de prestigio dotada con poder suficiente para convertirse en el operador político, social y policial del proyecto. Deberá, además, poder manejar directamente un presupuesto suficiente. Los US$84 millones otorgados ahora por el Gobierno para invertir en zonas cocaleras son una buena primera señal.

- Cuarto: Superar la presencia precaria del Estado en las zonas 'semiliberadas' y 'liberadas', de manera que sea este y no el narcotráfico quien ejerza la autoridad. Y no hablamos solo del control policial --o militar, si fuese necesario-; se requiere presencia en educación, salud, alcantarillado, energía y demás servicios que el Estado debe proporcionar.

- Quinto: Ser drásticos con la erradicación de los cocales ilegales sancionando ejemplarmente a los que siembran nuevas áreas. En este marco, la acción policial debe estar preparada para ser enérgica, si bien enmarcada dentro del respeto por los derechos humanos. Y es que no podemos engañarnos: la erradicación difícilmente será pacífica.

- Sexto: Proporcionarle a aquellos campesinos que decidan quedarse del lado del Estado de derecho toda la ayuda que requieran para que logren desarrollar exitosamente el cultivo alternativo que decidan. Ello implica apoyo técnico, capital, semillas, etc. Debe quedar claro que si ellos fracasan, el sistema fracasa.

- Séptimo: Dotar a las zonas conflictivas de carreteras que permitan transportar los productos alternativos a las zonas de comercialización.

- Octavo: Difundir una eficiente campaña de comunicación que demuestre a los cocaleros ilegales las consecuencias de cada una de las dos opciones: estar del lado del Estado o de la droga.

- Noveno: Organizar cadenas productivas modernas para los productos alternativos. Estos podrían llevar un distintivo especial que señale internacionalmente la nobleza de su origen, de manera que puedan gozar de un sobreprecio.

- Décimo: Dictar aquellas normas complementarias que colaboren a plasmar una estrategia de largo alcance como la propuesta. Dada la complejidad y urgencia del tema creemos que lo más práctico será otorgarle al Gobierno facultades legislativas extraordinarias.

Para que todo este esquema funcione, es fundamental que le quede claro a los cocaleros ilegales la terminante decisión política del Gobierno de llegar hasta la solución total del problema. Y es que la presencia del Estado y la seguridad de los campesinos son fundamentales para que estos den el paso hacia los cultivos alternativos.

Felizmente, muchos de los actuales cocaleros ilegales --especialmente de Tocache-- han dado señales de estar dispuestos a reducir sus expectativas de ingresos con tal de no convertirse en delincuentes. Pero para muchos la razón más importante no tiene que ver con el dinero: quieren algo mucho más importante, darles a sus hijos un futuro enmarcado dentro de la ley, el orden y la paz.

Fuente: El Comercio, 22 de Abril 2007