Legalización, libre cultivo y libre comercio de la Hoja de Coca.
Lo grave de la situación parece ser que al paso que van las cosas, la comunidad internacional vaya del rechazo a la despenalización a medidas más duras para con Bolivia.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito acaba de desahuciar la despenalización de la hoja de coca sin embargo de que las convenciones vigentes al respecto prevén una disposición referida a su modificación, la que empero supondría un largo proceso involucrando a serie de factores, entre ellos los estados que las habían firmado y permiten que se mantengan invariables.
El hecho se produjo en el escenario de la Asamblea Constituyente, cuando la representante de aquella repartición presentó un informe a la Comisión de la Coca, señalando que Bolivia tiene su propia perspectiva a propósito del tema, pero que otras naciones también tienen las suyas en medio de un creciente consumo de la cocaína, circunstancia que hacía ver improbable el éxito de una gestión gubernamental tendente a la eliminación del vegetal de la lista de sustancias psicotrópicas que enferman a la especie humana.
De este modo, la Organización de Naciones Unidas no hizo otra cosa que ratificarse en la posición que mantiene desde hace al menos tres décadas de cara a los cultivos de la hoja y el narcotráfico y que, oportuno es recordarlo, postergó recientes gestiones de la administración del presidente Evo Morales en procura de lograr su cambio, si es que no precipitó un rotundo fracaso en reuniones a las que asistieron misiones oficiales.
Como era de suponer, el aludido informe no satisfizo a los constituyentes por no reflejar la información que habían solicitado y adolecer de falta de argumentos sólidos, según trascendido en fuentes de la Asamblea, que hasta donde se sabe tiene decidida la inclusión en la Constitución todavía en ciernes, de enunciados acordes con la política de revalorización, despenalización e industrialización de la coca alentada por el Movimiento al Socialismo en ejercicio del poder.
Mientras ello sucedía en la ciudad de Sucre, en el departamento de La Paz circularon noticias contradictorias sobre la reducción de los cocales en la región de Yungas, luego de haberse reconocido su explosivo incremento, que guarda estrecha relación con la mayor elaboración de la droga y su introducción subrepticia a países vecinos, como el Brasil que expresó su denuncia y protesta a través de un alto funcionario policial.
En este sentido, se dieron contramarchas en las tareas de erradicación de las plantaciones, sujetas en este caso particular a la aceptación de los cocaleros yungueños a título de racionalización, lo que les llevó a demandar que la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta se trasladase al Chapare para preservar lo suyo, en tanto autoridades nacionales involucradas en el problema afirmaban que la Unión Europea y los Estados Unidos estaban dispuestos a conceder más recursos financieros para contener sus efectos.
Lo grave de la situación parece ser que al paso que van las cosas, la comunidad internacional vaya del rechazo a la despenalización a medidas más duras para con Bolivia.
Fuente: Los Tiempos
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito acaba de desahuciar la despenalización de la hoja de coca sin embargo de que las convenciones vigentes al respecto prevén una disposición referida a su modificación, la que empero supondría un largo proceso involucrando a serie de factores, entre ellos los estados que las habían firmado y permiten que se mantengan invariables.
El hecho se produjo en el escenario de la Asamblea Constituyente, cuando la representante de aquella repartición presentó un informe a la Comisión de la Coca, señalando que Bolivia tiene su propia perspectiva a propósito del tema, pero que otras naciones también tienen las suyas en medio de un creciente consumo de la cocaína, circunstancia que hacía ver improbable el éxito de una gestión gubernamental tendente a la eliminación del vegetal de la lista de sustancias psicotrópicas que enferman a la especie humana.
De este modo, la Organización de Naciones Unidas no hizo otra cosa que ratificarse en la posición que mantiene desde hace al menos tres décadas de cara a los cultivos de la hoja y el narcotráfico y que, oportuno es recordarlo, postergó recientes gestiones de la administración del presidente Evo Morales en procura de lograr su cambio, si es que no precipitó un rotundo fracaso en reuniones a las que asistieron misiones oficiales.
Como era de suponer, el aludido informe no satisfizo a los constituyentes por no reflejar la información que habían solicitado y adolecer de falta de argumentos sólidos, según trascendido en fuentes de la Asamblea, que hasta donde se sabe tiene decidida la inclusión en la Constitución todavía en ciernes, de enunciados acordes con la política de revalorización, despenalización e industrialización de la coca alentada por el Movimiento al Socialismo en ejercicio del poder.
Mientras ello sucedía en la ciudad de Sucre, en el departamento de La Paz circularon noticias contradictorias sobre la reducción de los cocales en la región de Yungas, luego de haberse reconocido su explosivo incremento, que guarda estrecha relación con la mayor elaboración de la droga y su introducción subrepticia a países vecinos, como el Brasil que expresó su denuncia y protesta a través de un alto funcionario policial.
En este sentido, se dieron contramarchas en las tareas de erradicación de las plantaciones, sujetas en este caso particular a la aceptación de los cocaleros yungueños a título de racionalización, lo que les llevó a demandar que la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta se trasladase al Chapare para preservar lo suyo, en tanto autoridades nacionales involucradas en el problema afirmaban que la Unión Europea y los Estados Unidos estaban dispuestos a conceder más recursos financieros para contener sus efectos.
Lo grave de la situación parece ser que al paso que van las cosas, la comunidad internacional vaya del rechazo a la despenalización a medidas más duras para con Bolivia.
Fuente: Los Tiempos