Legalización, libre cultivo y libre comercio de la Hoja de Coca.
Encuesta de Devida realizada en diez cuencas cocaleras revela dónde se ubican agricultores que se niegan a la destrucción de sus cocales.
Gabriela Flores Ch.
No creen. Cocaleros que se oponen a eliminación de cultivos consideran que la coca no debe vincularse a otros problemas.
Los campesinos de las cuencas cocaleras de los ríos Apurímac y Ene (VRAE); los de la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, y los de Tocache, en la región San Martín, son los que oponen mayor resistencia a la erradicación de los cultivos de coca.
Casi la totalidad de cocaleros de dichas áreas sostienen que no deben eliminarse sus cultivos, de acuerdo con una encuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), aplicada a más de seis mil jefes
de hogar de diez cuencas cocaleras de todo el país.
En el VRAE el 90.4 por ciento, en Leoncio Prado el 88 por ciento y en Tocache el 75.3 por ciento de los campesinos encuestados rechazan la erradicación de los cultivos.
Coincidentemente, dichas cuencas han sido escenarios de violentos ataques contra trabajadores del programa de erradicación. Además, en las mismas áreas operan las columnas terroristas encabezadas por los camaradas "Alipio" y "Artemio".
El lado oscuro
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"En las zonas donde hay una mayor dependencia de la economía de la coca, existe menos gente convencida de dejar su cultivo de coca", indica el informe de Devida.
A los encuestados también se les preguntó si consideraban que la coca era mala, porque traía consigo el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Los campesinos que en mayoría habían expresado su oposición a la erradicación de los cultivos de coca no la consideran mala o peligrosa.
Por ejemplo, en Leoncio Prado solo el 31.3 por ciento manifestó que el cultivo de coca atrae males para la población; en el VRAE el 31.4 por ciento y en Tocache el 43.8 por ciento.
El 74.8 por ciento de los que señalaron que sembrar coca origina dificultades, precisó que generaba delincuencia y violencia; el 22 por ciento dijo que potenciaba problemas legales; el 21.2 que alentaba el terrorismo; y el 18.7 por ciento que promovía el narcotráfico.
La encuesta de Devida permite identificar en qué cuencas cocaleras es necesario enfatizar las operaciones de erradicación, interdicción y los programas de sustitución de cultivos.
En blanco y negro
Por otro lado, la encuesta facilita identificar con nitidez en qué cuencas se ubican los agricultores que declaran que no sembrarían coca: en el Huallaga Central se expresó en ese sentido el 92.8 por ciento; en el Bajo Huallaga el 89.1 por ciento; y en Juanjuí el 87.1 por ciento.
En cambio, en la provincia de Leoncio Prado solo el 49 por ciento indicó que jamás cultivaría coca; y en el VRAE el 51.6 por ciento.
El estudio de percepción de Devida abordó también el impacto de los convenios de reducción gradual y concertada de los cultivos de coca. El 57.1 por ciento de los agricultores que han suscrito el convenio dijo que era bueno.
Solo un 7.9 por ciento del total de los campesinos que habían suscrito el acuerdo admitió haber vuelto a sembrar coca. Ahora bien, el 20.8 por ciento de los agricultores que reconocieron haber regresado a los cocales pertenece al VRAE, el 10 por ciento a Leoncio Prado y el 8.2 por ciento a Tocache.
"Gobierno debe sacar una lección de la encuesta"
Hugo Cabieses, especialista en hoja de coca, afirma que los resultados de la encuesta de Devida revelan que existe un porcentaje más elevado de lo que se pensaba de cocaleros que se niegan a la erradicación de sus cultivos.
"La mayoría de los que se oponen a la erradicación pertenecen al VRAE, Leoncio Prado y Tocache, y es que en dichas zonas hay un rechazo absoluto a la política gubernamental", explicó Cabieses: "Y comparto el rechazo porque la política ha sido ineficaz y ha terminado profundizando la pobreza y aumentando la rentabilidad de la hoja de coca".
Cabieses señaló que el gobierno debe tomar en cuenta estos resultados, "para revisar la forma cómo está manejando el conflicto, si no lo hace se le puede ir de las manos". Según el experto, los cocaleros que se han radicalizado en estos días constituyen un sector minoritario, pero si la represión se intensifica, los agricultores de otras cuencas podrían sumarse.
Fuente: La República
Gabriela Flores Ch.
No creen. Cocaleros que se oponen a eliminación de cultivos consideran que la coca no debe vincularse a otros problemas.
Los campesinos de las cuencas cocaleras de los ríos Apurímac y Ene (VRAE); los de la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, y los de Tocache, en la región San Martín, son los que oponen mayor resistencia a la erradicación de los cultivos de coca.
Casi la totalidad de cocaleros de dichas áreas sostienen que no deben eliminarse sus cultivos, de acuerdo con una encuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), aplicada a más de seis mil jefes
de hogar de diez cuencas cocaleras de todo el país.
En el VRAE el 90.4 por ciento, en Leoncio Prado el 88 por ciento y en Tocache el 75.3 por ciento de los campesinos encuestados rechazan la erradicación de los cultivos.
Coincidentemente, dichas cuencas han sido escenarios de violentos ataques contra trabajadores del programa de erradicación. Además, en las mismas áreas operan las columnas terroristas encabezadas por los camaradas "Alipio" y "Artemio".
El lado oscuro
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"En las zonas donde hay una mayor dependencia de la economía de la coca, existe menos gente convencida de dejar su cultivo de coca", indica el informe de Devida.
A los encuestados también se les preguntó si consideraban que la coca era mala, porque traía consigo el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Los campesinos que en mayoría habían expresado su oposición a la erradicación de los cultivos de coca no la consideran mala o peligrosa.
Por ejemplo, en Leoncio Prado solo el 31.3 por ciento manifestó que el cultivo de coca atrae males para la población; en el VRAE el 31.4 por ciento y en Tocache el 43.8 por ciento.
El 74.8 por ciento de los que señalaron que sembrar coca origina dificultades, precisó que generaba delincuencia y violencia; el 22 por ciento dijo que potenciaba problemas legales; el 21.2 que alentaba el terrorismo; y el 18.7 por ciento que promovía el narcotráfico.
La encuesta de Devida permite identificar en qué cuencas cocaleras es necesario enfatizar las operaciones de erradicación, interdicción y los programas de sustitución de cultivos.
En blanco y negro
Por otro lado, la encuesta facilita identificar con nitidez en qué cuencas se ubican los agricultores que declaran que no sembrarían coca: en el Huallaga Central se expresó en ese sentido el 92.8 por ciento; en el Bajo Huallaga el 89.1 por ciento; y en Juanjuí el 87.1 por ciento.
En cambio, en la provincia de Leoncio Prado solo el 49 por ciento indicó que jamás cultivaría coca; y en el VRAE el 51.6 por ciento.
El estudio de percepción de Devida abordó también el impacto de los convenios de reducción gradual y concertada de los cultivos de coca. El 57.1 por ciento de los agricultores que han suscrito el convenio dijo que era bueno.
Solo un 7.9 por ciento del total de los campesinos que habían suscrito el acuerdo admitió haber vuelto a sembrar coca. Ahora bien, el 20.8 por ciento de los agricultores que reconocieron haber regresado a los cocales pertenece al VRAE, el 10 por ciento a Leoncio Prado y el 8.2 por ciento a Tocache.
"Gobierno debe sacar una lección de la encuesta"
Hugo Cabieses, especialista en hoja de coca, afirma que los resultados de la encuesta de Devida revelan que existe un porcentaje más elevado de lo que se pensaba de cocaleros que se niegan a la erradicación de sus cultivos.
"La mayoría de los que se oponen a la erradicación pertenecen al VRAE, Leoncio Prado y Tocache, y es que en dichas zonas hay un rechazo absoluto a la política gubernamental", explicó Cabieses: "Y comparto el rechazo porque la política ha sido ineficaz y ha terminado profundizando la pobreza y aumentando la rentabilidad de la hoja de coca".
Cabieses señaló que el gobierno debe tomar en cuenta estos resultados, "para revisar la forma cómo está manejando el conflicto, si no lo hace se le puede ir de las manos". Según el experto, los cocaleros que se han radicalizado en estos días constituyen un sector minoritario, pero si la represión se intensifica, los agricultores de otras cuencas podrían sumarse.
Fuente: La República