Este gobierno sí tiene una política antidrogas: la misma fracasada que el Gobierno de EE.UU. impone en todas partes desde hace 30 años: el prohibicionismo y la "guerra a las drogas" contra la coca y los agricultores cocaleros.
El Gobierno está haciendo más de lo mismo: 1) erradicación de cultivos; 2) incautaciones y detenciones para los medios y el aplauso del Gobierno de EE.UU. con el que quiere firmar un TLC; y, 3) seguir con el fracasado "desarrollo alternativo" que se aplica desde hace 25 años con apoyo de Usaid u ONUDD.
Con el Acta de Tocache, los agricultores le han puesto al Gobierno una agenda sobre coca y drogas, que es la que el presidente García ha recogido a regañadientes cuando dice -más allá de discursos grandilocuentes-, que el problema no es sólo erradicar, sino atacar el tráfico de precursores químicos, a los "barones de la droga" y policías corruptos, y destruir las pozas de maceración y aeropuertos. Ojalá que esto sea lo que lleve Alan García a Washington cuando se entreviste con George Bush, el 23 de abril, y no la misma monserga ineficaz de la erradicación de cultivos de coca.
Una política alternativa debe tener los siguientes ejes:
1. Las drogas y la coca no son un tema de "seguridad nacional" sino de seguridad ciudadana y, en primer lugar, de desarrollo humano. Es decir, socioeconómico y cultural por el lado de la producción , médico-sanitario y preventivo-educativo en lo que se refiere al consumo -de drogas, no de hoja de coca- y de inteligencia con operaciones "quirúrgicas" para cortar los eslabones intermedios del tráfico.
2. El problema es la política prohibicionista que ha sido ineficaz en disminuir la demanda por drogas y el "narcotráfico" pero, por otro lado, la estrategia "ofertista" de erradicar/fumigar cultivos tampoco ha funcionado. Esta buscaba aumentar los precios de la cocaína en calles, incrementar el abastecimiento de drogas sucias y dar mayor seguridad a los barrios consumidores. No ha sucedido ninguna de las tres cosas.
3. Impulsar una política de Estado propia, la que debe ser discutida por y con los ciudadanos. Esto implica elaborar un marco legislativo e institucional que golpee los eslabones intermedios del narcotráfico, que derogue el DL 22095, que data de la dictadura de Morales Bermúdez y que construya una sola dirección política en la lucha contra el tráfico de drogas ya que actualmente hay nueve cabezas -Devida, Minint, Ofecod, Dinandro, MEF-UIF, Defensa, Agricultura, Educación y Salud-, mientras los narcos andan campantes.
4. Respetar y alentar el cultivo y producción de hoja de coca para su uso tradicional e industrial benéfico, lo que implica un marco legislativo que transforme radicalmente la Enaco por ineficaz -sólo acopia 3 mil de 9 mil TM- y aliente la inversión privada en este tema.
5. Cesar la erradicación forzosa de cultivos contra aquellos agricultores empadronados, mediante registro y catastro, de acuerdo con el Acta de Tocache, proceso que tomará por lo menos seis meses.
6. Impulsar un desarrollo rural integral sostenible y sustentable en las zonas cocaleras y no insistir en el "desarrollo alternativo" de Usaid y de la ONUDD, que está basado en el modelo de "producto motor de exportación" -café, cacao, palmito, palma aceitera, caña de azúcar, etc.- en zonas de selva alta que no son aptas para ello.
7. Estando en aumento el consumo interno de drogas, sobre todo en la juventud, debe impulsarse programas de prevención/educación que sean informativos y no terroríficos, como los que se impulsan actualmente.