jueves, 19 de abril de 2007
Bolivia: Comenzó política de erradicar sin violencia la hoja de coca excedentaria
El comienzo concertado de la erradicación de cocales en la región de los Yungas, cerca de la Paz, muestra que para llevar este proceso no se requiere de violencia sino de buenos acuerdos, informó el encargado de la lucha antidrogas boliviana, Felipe Cáceres.
Cáceres presenció en Caranavi, a unos 160 kilómetros de La Paz, el inicio el pasado martes de un proceso de erradicación de cocales que tendrían como destino final el narcotráfico. Esta erradicación había sido pactada en enero por el presidente Evo Morales.
ERRADICACION SIN VIOLENCIA
La autoridad, aseguró que el comienzo de este procedimiento, que busca erradicar unas 2.500 hectáreas de cocales en los Yungas hasta final de año, refleja la idea del presidente Morales de que "no es necesario el uso de la fuerza, de la violencia, del atropello a los derechos humanos", para erradicar, si se pueden alcanzar acuerdos de compensación social con los cultivadores.
El gobierno de Morales ha centrado en la mira de su política antidroga en los Yungas, donde se permite el cultivo legal de hasta 12.000 hectáreas de la hoja pero donde también se han disparado los plantíos supuestamente destinados a la producción de cocaína.
Esta política parte de la premisa de decir no al narcotráfico pero respetando la coca -producto tradicional de la cultura indígena- y a quienes la siembran.
Pero hay un reconocimiento gubernamental de que las plantaciones de coca que exceden esas 12.000 hectáreas van "lastimosamente" a la producción de cocaína en una región que tradicionalmente ha servido de despensa de la población de los Andes, admite Cáceres.
Con la destrucción voluntaria de cultivos ilegales se busca dignificar a los cultivadores "para que la comunidad internacional entienda que la coca para nosotros es una cuestión ancestral de dignidad, de sobrevivencia", reflexiona el zar antinarcóticos de Bolivia.
La eliminación voluntaria compromete fondos del gobierno y de la cooperación internacional para electrificación, construcción de escuelas, caminos, puentes, postas sanitarias, subraya Cáceres.
Cáceres prefiere evitar la palabra "erradicación", porque reconoce que ésa representa la política instrumentada en dos décadas precedentes que dejó más de 100 cocaleros y uniformados muertos en el Chapare, "porque violencia trae más violencia".
En cambio prefiere hablar de "racionalización orgánica y comunitaria", pues la labor de eliminar los plantíos es "consensuada, voluntaria, respeta los derechos humanos y activa programas de desarrollo humana en esta zona".
"Es la única forma de mejorar las condiciones de vida y que los niños no siempre deban dedicarse al cultivo de la coca, sino a la carpintería, la mecánica o la electricidad", señala el funcionario.
Cáceres no puede precisar cuántas hectáreas ilegales existen en los Yungas y en el Chapare que es la zona central donde se encuentra el mayor número de cocales, porque aún no se ha levantado un catastro oficial.
"Este año se va a avanzar con la racionalización parcela por parcela, comunidad por comunidad, hasta que el 31 de diciembre tengamos datos reales de cuánta coca estamos hablando y de cuánto excedente”, señalo Cáceres quien aseveró que en el momento se esta trabajando en la delimitación de la zona tradicional para diferenciarla de las zonas excedentarias y evitó comentar las estimaciones de Estados Unidos, que reporta al menos 7.000 hectáreas ilegales.
Fuente: RedBolivia.com
Cáceres presenció en Caranavi, a unos 160 kilómetros de La Paz, el inicio el pasado martes de un proceso de erradicación de cocales que tendrían como destino final el narcotráfico. Esta erradicación había sido pactada en enero por el presidente Evo Morales.
ERRADICACION SIN VIOLENCIA
La autoridad, aseguró que el comienzo de este procedimiento, que busca erradicar unas 2.500 hectáreas de cocales en los Yungas hasta final de año, refleja la idea del presidente Morales de que "no es necesario el uso de la fuerza, de la violencia, del atropello a los derechos humanos", para erradicar, si se pueden alcanzar acuerdos de compensación social con los cultivadores.
El gobierno de Morales ha centrado en la mira de su política antidroga en los Yungas, donde se permite el cultivo legal de hasta 12.000 hectáreas de la hoja pero donde también se han disparado los plantíos supuestamente destinados a la producción de cocaína.
Esta política parte de la premisa de decir no al narcotráfico pero respetando la coca -producto tradicional de la cultura indígena- y a quienes la siembran.
Pero hay un reconocimiento gubernamental de que las plantaciones de coca que exceden esas 12.000 hectáreas van "lastimosamente" a la producción de cocaína en una región que tradicionalmente ha servido de despensa de la población de los Andes, admite Cáceres.
Con la destrucción voluntaria de cultivos ilegales se busca dignificar a los cultivadores "para que la comunidad internacional entienda que la coca para nosotros es una cuestión ancestral de dignidad, de sobrevivencia", reflexiona el zar antinarcóticos de Bolivia.
La eliminación voluntaria compromete fondos del gobierno y de la cooperación internacional para electrificación, construcción de escuelas, caminos, puentes, postas sanitarias, subraya Cáceres.
Cáceres prefiere evitar la palabra "erradicación", porque reconoce que ésa representa la política instrumentada en dos décadas precedentes que dejó más de 100 cocaleros y uniformados muertos en el Chapare, "porque violencia trae más violencia".
En cambio prefiere hablar de "racionalización orgánica y comunitaria", pues la labor de eliminar los plantíos es "consensuada, voluntaria, respeta los derechos humanos y activa programas de desarrollo humana en esta zona".
"Es la única forma de mejorar las condiciones de vida y que los niños no siempre deban dedicarse al cultivo de la coca, sino a la carpintería, la mecánica o la electricidad", señala el funcionario.
Cáceres no puede precisar cuántas hectáreas ilegales existen en los Yungas y en el Chapare que es la zona central donde se encuentra el mayor número de cocales, porque aún no se ha levantado un catastro oficial.
"Este año se va a avanzar con la racionalización parcela por parcela, comunidad por comunidad, hasta que el 31 de diciembre tengamos datos reales de cuánta coca estamos hablando y de cuánto excedente”, señalo Cáceres quien aseveró que en el momento se esta trabajando en la delimitación de la zona tradicional para diferenciarla de las zonas excedentarias y evitó comentar las estimaciones de Estados Unidos, que reporta al menos 7.000 hectáreas ilegales.
Fuente: RedBolivia.com
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