jueves, 19 de abril de 2007
Conflicto Social Generado por la inviabilidad de la politicas impuestas por EEUU
La reanudación de la erradicación de los campos de hoja de coca en Perú amenaza con detonar un conflicto entre el Gobierno, empeñado en acabar con el narcotráfico, y los campesinos que viven de ese cultivo, la materia prima de la cocaína.
Las autoridades reanudaron la semana pasada la erradicación de la planta que había suspendido el 15 de marzo para poner fin a las protestas de los cultivadores en la localidad selvática de Tocache, en la vertiente oriental de los Andes.
La polémica por la erradicación surgió a partir del Acta de Tocache, suscrita por el ministro de Agricultura, José Salazar, y dirigentes campesinos, que contempla el empadronamiento de los cocaleros y el pago de indemnizaciones.
Tras vencerse el plazo de la suspensión, el presidente peruano, Alan García, abogó por "bombardear" las pozas de maceración de hoja de coca y los aeropuertos de los narcotraficantes, al reconocer que la producción de droga es uno de los problemas más graves que afronta su país.
El martes, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, reiteró que la lucha contra el narcotráfico "es decidida" y prometió "destruir todas las pozas de maceración, las pistas clandestinas y los cultivos ilegales".
De hecho, el Gobierno se atribuyó la destrucción de tres pozas de procesamiento de coca en la remota localidad de Yanajanca, en la zona amazónica del Alto Huallaga, que junto al valle del río Apurímac, concentra el 70 por ciento del total de su producción.
Según cifras oficiales, cerca de 60.000 familias peruanas producen coca en catorce valles agrícolas repartidos en el centro y sur de Perú, con un pago mínimo de parte de los narcotraficantes.
En este contexto, los agricultores han mostrado posiciones divergentes frente la política gubernamental de erradicación, en momentos que un sector plantea de nuevo la toma de carreteras.
El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios, Cocaleros y Forestales de Yanajanca, Branly Maldonado Vásquez, reconoció a Efe que la reanudación del programa "ha generado violencia" y detalló que durante el fin de semana pasado hubo al menos dos heridos en enfrentamientos.
Maldonado denunció que los encargados de la erradicación no sólo destruyen las plantaciones de coca, sino también los cultivos de cacao, entran a sus viviendas y se "llevan todo lo que encuentran: gallinas, relojes, artefactos y hasta dinero".
Por ello, los campesinos de Yanajanca, en las cercanías de Tocache, bloquearon ayer una carretera y han anunciado para el jueves próximo un "paro indefinido" y "la toma de carreteras".
Estos productores, según el dirigente, rechazan el narcotráfico, pero no están dispuestos a "firmar convenios" para erradicar sus cultivos sin tener la garantía de que podrán cosechar productos alternativos.
Satalaya advirtió de que si bien "ahora no están previstas movilizaciones", emprenderán acciones de protesta si el Gobierno no respeta el Acta de Tocache y sus demandas.
Fuente: Indymedia
Las autoridades reanudaron la semana pasada la erradicación de la planta que había suspendido el 15 de marzo para poner fin a las protestas de los cultivadores en la localidad selvática de Tocache, en la vertiente oriental de los Andes.
La polémica por la erradicación surgió a partir del Acta de Tocache, suscrita por el ministro de Agricultura, José Salazar, y dirigentes campesinos, que contempla el empadronamiento de los cocaleros y el pago de indemnizaciones.
Tras vencerse el plazo de la suspensión, el presidente peruano, Alan García, abogó por "bombardear" las pozas de maceración de hoja de coca y los aeropuertos de los narcotraficantes, al reconocer que la producción de droga es uno de los problemas más graves que afronta su país.
El martes, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, reiteró que la lucha contra el narcotráfico "es decidida" y prometió "destruir todas las pozas de maceración, las pistas clandestinas y los cultivos ilegales".
De hecho, el Gobierno se atribuyó la destrucción de tres pozas de procesamiento de coca en la remota localidad de Yanajanca, en la zona amazónica del Alto Huallaga, que junto al valle del río Apurímac, concentra el 70 por ciento del total de su producción.
Según cifras oficiales, cerca de 60.000 familias peruanas producen coca en catorce valles agrícolas repartidos en el centro y sur de Perú, con un pago mínimo de parte de los narcotraficantes.
En este contexto, los agricultores han mostrado posiciones divergentes frente la política gubernamental de erradicación, en momentos que un sector plantea de nuevo la toma de carreteras.
El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios, Cocaleros y Forestales de Yanajanca, Branly Maldonado Vásquez, reconoció a Efe que la reanudación del programa "ha generado violencia" y detalló que durante el fin de semana pasado hubo al menos dos heridos en enfrentamientos.
Maldonado denunció que los encargados de la erradicación no sólo destruyen las plantaciones de coca, sino también los cultivos de cacao, entran a sus viviendas y se "llevan todo lo que encuentran: gallinas, relojes, artefactos y hasta dinero".
Por ello, los campesinos de Yanajanca, en las cercanías de Tocache, bloquearon ayer una carretera y han anunciado para el jueves próximo un "paro indefinido" y "la toma de carreteras".
Estos productores, según el dirigente, rechazan el narcotráfico, pero no están dispuestos a "firmar convenios" para erradicar sus cultivos sin tener la garantía de que podrán cosechar productos alternativos.
Satalaya advirtió de que si bien "ahora no están previstas movilizaciones", emprenderán acciones de protesta si el Gobierno no respeta el Acta de Tocache y sus demandas.
Fuente: Indymedia
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