Lima, 03/04/2007 (CNR) - El ex jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Nils Ericsson, respaldó la propuesta del presidente de la República, Alan García Pérez, para bombardear y ametrallar los cultivos de coca ilegales que existen en el interior del país.
A través del programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Ericsson resaltó la enérgica orden del jefe de Estado para destruir las pozas de maceración y los aeropuertos clandestinos, a fin de disminuir las actividades del narcotráfico.
“A mí me parece correcta la orden dada por el Presidente (…), la forma puede ser discutible, pero lo que me parece valioso es la orden que se da, tajante, en contra del narcotráfico”, enfatizó.
En cambio, Ericsson mostró su desacuerdo con las declaraciones dadas por el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien sostuvo que no es posible bombardear las plantaciones ilícitas de la hoja de coca
“(Rospigliosi) señaló que sí es posible la opción del bombardeo contra los sembríos de coca si es que se realiza de forma técnica; sin embargo, -aclaró- que está opción económicamente es cara, pues se trata de bombas inteligentes que caen al punto si se dan las coordenadas exactas”, refirió.
Por último, declaró que el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, cometió un grave error al dialogar con los cocaleros de Tocache (San Martín), ya que no conocía a fondo el tema de los cultivos de la hoja de coca, aparte que el tema constituye un capítulo delicado de la agenda del país.
Como se recuerda, el presidente de la República exhortó ayer al ministro del Interior, Luis Alva Castro, a que "bombardee y ametralle" las pozas de maceración y los aeropuertos ilegales que se usan para sacar la droga del país, con los aviones A37.
García dijo que está en la presidencia "para servir al país" y que por ello no cederá "al chantaje" frente a la expansión ilícita de los cultivos de hoja de coca y del narcotráfico.
Sin embargo, el titular del Interior aclaró que esto no es posible debido a que las pozas son destruidas con presencia de un representante del Ministerio Público.