miércoles, 28 de marzo de 2007
Perú-coca: terminar con el sometimiento
Manuel Robles Sosa*, E-Mail: serviex@prensa-latina.cu
Lima (PL).- Un reciente acuerdo de distensión entre el gobierno y los cultivadores de hoja de coca de Perú demuestra la necesidad de terminar con la dominación norteamericana en el tema, afirmó el experto Hugo Cabieses.
Entrevistado por Prensa Latina, el economista, considerado una autoridad en la materia, saludó el entendimiento suscrito por la dirigencia cocalera y el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, el pasado 15 de marzo, y resistido por sectores afines a la embajada estadounidense.
Cabieses dijo que cualquier solución al problema de la producción excesiva de la hoja de coca - de uso natural medicinal pero también materia prima para producir droga - pasa por deshacerse de la tuición de Washington.
Es necesario, subrayó, que "los peruanos elaboremos nuestra propia Política de Estado sobre Drogas y sobre Coca y no sigamos aplicandos la política de Estados Unidos".
Precisó que desde hace tres décadas Estados Unidos impone a Perú y a los países andinos una estrategia de erradicación forzosa y represión a los cocaleros, que debe ser cancelada por haber fracasado absolutamente, pues no ha reducido la extensión de cultivos excedentes, tampoco ha disminuido el consumo de cocaína en Estados Unidos y otros países, ni reducido el narcotráfico.
Ello demuestra la pertinencia de definir una política nacional, señaló el experto, coincidiendo con declaraciones del ministro de Agricultura, Juan José Salazar, tras la firma del convenio con los campesinos, el cual Cabieses califica de histórico.
El especialista admitió que tienen razón los críticos del convenio, al sostener que el mismo atenta en varios temas contra un decreto ley de control de la coca - dictado por el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez en 1978 e impuesto por Washington - y por tanto es ilegal.
"Es cierto, pero lo que hay que hacer es cambiar esa norma por obsoleta e ineficaz y porque en los hechos ha fracasado y alentado al narcotráfico", sostuvo el entrevistado, a tiempo de señalar que la nueva política debe diseñarse en consenso con los campesinos y otros sectores.
Apuntó que los críticos del convenio parten de enfoques legalistas y policiales, que consideran el tema de la hoja de coca como un problema de seguridad, penal-policial, de narcotráfico, cuando debe ser enfocado como "un asunto socio-económico, cultural y agrícola por el lado de la producción" y un "problema médico-sanitario y educativo en lo que concierne al consumo de drogas".
El narcitráfico, añadió, debe ser combativo en lo policial con una labor eficiente de inteligencia y operaciones quirúrgicas "contra los verdaderos narcotraficantes, no contra los campesinos y o consumidores".
Lo que ha fracasado, asegura el experto, es el enfoque se "seguridad nacional" que impone el gobierno de los Estados Unidos expresado en la llamada "guerra contra las drogas" para hacer disminuir la oferta, es decir, el cultivo y producción de coca.
"En realidad se trata de una guerra contra la coca y los cocaleros, mientras los narcotraficantes andan sueltos, incluso con visa para viajar a los Estados Unidos", sostuvo el economista.
Explicó que el enfoque norteamericano está recogido en el decreto antinarcóticos dictado en Perú en febrero de 1978 y busca afectar la oferta de drogas en Estados Unidos, aumentando los precios de la cocaína, disminuyendo la calidad de la droga, a tiempo de controlar la venta de droga en las calles.
Los resultados han sido inversos, pues en Estados Unidos la cocaína es cada vez más barata, la calidad de la droga que se vende en calles es cada vez mejor y el consumo de cocaína ha aumentado, agregó Cabieses, al señalar que el único objetivo logrado, a un alto costo en vidas, inseguridad y restricción de espacios democráticos, ha sido el control policial-militar de los barrios pobres de las principales ciudades norteamericanas.
"El fracaso de la guerra contra las drogas no puede ser más evidente y esto es justamente lo que el Ministro de Agricultura de Perú señaló luego de firmar el acuerdo con los dirigentes cocaleros: ya era hora que algún ministro se pusiera los pantalones", señaló.
Subrayó que el acuerdo de distensión fue un triunfo para los cultivadores, por recoger demandas estratégicas de los campesinos, y tuvo efecto positivo en la reunificación de los cocaleros, que han dejado de lado diferencias internas para defender unitariamente el convenio logrado.
Como principal conquista alcanzada en el acuerdo mencionó la suspensión de la erradicación, que consideró puede ser una maniobra gubernamental reversible en función de los intereses del ejecutivo en sus relaciones con Estados Unidos, particularmente en el tema de la aprobación del tratado bilateral de libre comercio (TLC).
Cabieses resaltó además el logro de haber comprometido al gobierno a empadronar a los cultivadores de coca, porque permitirá determinar quienes producen, para quienes y en qué extensiones y volúmenes, posición que estiman necesario los agricultores.
Los cocaleros - que aceptan erradicar tras el empadronamiento la coca ilegal - piensan que la empresa estatal de comercio legal de la coca (Enaco), monopólica, puede comprar toda la producción para fines lícitos, dijo.
Explicó que un estudio realizado en 2003 verificó que en Perú hay tres millones 800 mil personas que consumen hoja de coca al natural, principalmente en la modalidad de masticación, así como en infusiones y otras formas.
Abastecer esa demanda lícita, indicó, requiere - si aceptamos las cifras oficiales que el experto cuestiona -, unas ocho mil 700 toneladas de coca, pero Enaco - la empresa monopólica estatal que tiene esta función - solamente adquiere dos mil 800 toneladas, las que paga a precios magros a los cultivadores pobres de la selva y revende a precios elevados a los consumidores más pobres todavía en la sierra, por una política errada de desaliento al consumo de la planta.
Si Enaco absorbiera y controlara esas casi nueve mil toneladas, podrían ser legalizados unos 24 mil productores, los que, sumados a los que actualmente existen, llegarían a un total de 30 mil a 32 mil cocaleros reconocidos. Con ello se habría solucionado la mitad del problema, pues en Perú hay unos 60 mil, agregó.
Cabieses resaltó igualmente como conquista campesina, otro punto del acuerdo de distensión que obliga al gobierno a indemnizar a los cocaleros cuyas plantaciones fueron erradicadas pese a estar inscritos como cultivadores legales en el padrón elaborado en 1978.
Propugnó paralelamente incentivar el consumo de coca en forma natural, con una política de respeto, que deje de lado la satanización de la coca, para destinar a ese consumo la sobreproducción actual.
Para el experto, Enaco debe además pagar por la coca una suma que disminuya la gran diferencia actual entre su tarifa y la que pagan los contrabandistas y los narcotraficantes, y reducir el precio de venta para el consumo natural, para promover el uso en esta modalidad.
El experto explica que en Perú hay por lo menos tres mercados para la coca: la que compra Enaco legalmente, la que adquieren los contrabandistas pero que está destinada al consumo tradicional y la que controlan los narcotraficantes para fabricar drogas. Incluso hay un cuarto mercado que es el trueque de hojas de coca por mercancías en las serranías y la selva.
Cabieses cuestiona las cifras oficiales, tanto en extensiones de cultivos como volúmenes producidos.
Según el entrevistado "el Estado actúa con los ojos vendados en este aspecto". No acepta las cifras proporcionadas por la CNC (Crime and Narcotics Center) de los Estados Unidos porque "son políticas, aumentan o disminuyen en función de las imposiciones y sub-valoran las extensiones de cultivos y también la producción".
La CNC sostuvo que en el 2005 había 38 mil hectáreas para una producción de 50 mil toneladas.
Pero Cabieses tampoco acepta las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), que en el 2005 informó la existencia de 48 mil hectáreas sembradas para un volumen de 109 mil toneladas.
"Estas cifras fueron manipuladas con la anuencia de Estados Unidos para justificar la tesis de que nueve de cada 10 hojas de coca van para el narcotráfico", sostiene Cabieses. Y añade, "si revisamos lo que dice el Informe Mundial sobre las Drogas 2007, allí figuran 67,900 y no 109 mil toneladas".
Según el entrevistado, probablemente la realidad gira en torno a unas 55 mil hectáreas de coca sembradas actualmente para una producción de no más de 60 mil toneladasde hoja de coca.
De este total, para el uso tradicional e industrialización benéfica se estarían utilizando no más de 15 mil toneladas - en los dos o tres mercados existentes: legal, contrabando y trueque - y la diferencia se reparte entre coca perdida por razones climáticas y hoja que va para la elaboración de drogas.
"Esto último es lo que hay que combatir, pero no con erradicación forzosa por ser ineficaz esta política", dice el experto.
Señaló por otra parte que la experiencia peruana demuestra que el desarrollo alternativo - sustitución de cocales por otros cultivos - no ha funcionado, por haber promovido la agricultura de exportación y "producto motor" de mono-producción, es decir, extensiva e intensiva, en zonas de selva alta que no son aptas egronómica y ecológicamente para estos cultivos.
Explicó que ese tipo de cultivos en las condiciones que exige actualmente la globalización, depredan los suelos débiles de las zonas tropicales, donde se cultivan la coca, por lo que se debe promover actividades forestales de corta maduración con especies precoces y centros de producción diversificada en fundos integrales y asegurarles créditos supervisados con mercados y precios, no necesariamente de exportación.
"Hay que apuntar primero y principalmente a la construcción de mercados locales y regionales. La globalización no es ni debe ser para la selva alta, que es donde se cultiva y produce hoja de coca", señaló.
Para Cabieses, los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) son en realodad Programas de Destrucción de la Agricultura (PDA) ya que en varios casos las especies introducidas no son propias para las zonas - como la palma aceitera africana -, se usan productos químicos para aumentar la productividad, se reparten semillas transgénicas y se introducen paquetes tecnológicos inadecuados.
*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Perú.
Fuente: Prensa Latina
Lima (PL).- Un reciente acuerdo de distensión entre el gobierno y los cultivadores de hoja de coca de Perú demuestra la necesidad de terminar con la dominación norteamericana en el tema, afirmó el experto Hugo Cabieses.
Entrevistado por Prensa Latina, el economista, considerado una autoridad en la materia, saludó el entendimiento suscrito por la dirigencia cocalera y el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, el pasado 15 de marzo, y resistido por sectores afines a la embajada estadounidense.
Cabieses dijo que cualquier solución al problema de la producción excesiva de la hoja de coca - de uso natural medicinal pero también materia prima para producir droga - pasa por deshacerse de la tuición de Washington.
Es necesario, subrayó, que "los peruanos elaboremos nuestra propia Política de Estado sobre Drogas y sobre Coca y no sigamos aplicandos la política de Estados Unidos".
Precisó que desde hace tres décadas Estados Unidos impone a Perú y a los países andinos una estrategia de erradicación forzosa y represión a los cocaleros, que debe ser cancelada por haber fracasado absolutamente, pues no ha reducido la extensión de cultivos excedentes, tampoco ha disminuido el consumo de cocaína en Estados Unidos y otros países, ni reducido el narcotráfico.
Ello demuestra la pertinencia de definir una política nacional, señaló el experto, coincidiendo con declaraciones del ministro de Agricultura, Juan José Salazar, tras la firma del convenio con los campesinos, el cual Cabieses califica de histórico.
El especialista admitió que tienen razón los críticos del convenio, al sostener que el mismo atenta en varios temas contra un decreto ley de control de la coca - dictado por el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez en 1978 e impuesto por Washington - y por tanto es ilegal.
"Es cierto, pero lo que hay que hacer es cambiar esa norma por obsoleta e ineficaz y porque en los hechos ha fracasado y alentado al narcotráfico", sostuvo el entrevistado, a tiempo de señalar que la nueva política debe diseñarse en consenso con los campesinos y otros sectores.
Apuntó que los críticos del convenio parten de enfoques legalistas y policiales, que consideran el tema de la hoja de coca como un problema de seguridad, penal-policial, de narcotráfico, cuando debe ser enfocado como "un asunto socio-económico, cultural y agrícola por el lado de la producción" y un "problema médico-sanitario y educativo en lo que concierne al consumo de drogas".
El narcitráfico, añadió, debe ser combativo en lo policial con una labor eficiente de inteligencia y operaciones quirúrgicas "contra los verdaderos narcotraficantes, no contra los campesinos y o consumidores".
Lo que ha fracasado, asegura el experto, es el enfoque se "seguridad nacional" que impone el gobierno de los Estados Unidos expresado en la llamada "guerra contra las drogas" para hacer disminuir la oferta, es decir, el cultivo y producción de coca.
"En realidad se trata de una guerra contra la coca y los cocaleros, mientras los narcotraficantes andan sueltos, incluso con visa para viajar a los Estados Unidos", sostuvo el economista.
Explicó que el enfoque norteamericano está recogido en el decreto antinarcóticos dictado en Perú en febrero de 1978 y busca afectar la oferta de drogas en Estados Unidos, aumentando los precios de la cocaína, disminuyendo la calidad de la droga, a tiempo de controlar la venta de droga en las calles.
Los resultados han sido inversos, pues en Estados Unidos la cocaína es cada vez más barata, la calidad de la droga que se vende en calles es cada vez mejor y el consumo de cocaína ha aumentado, agregó Cabieses, al señalar que el único objetivo logrado, a un alto costo en vidas, inseguridad y restricción de espacios democráticos, ha sido el control policial-militar de los barrios pobres de las principales ciudades norteamericanas.
"El fracaso de la guerra contra las drogas no puede ser más evidente y esto es justamente lo que el Ministro de Agricultura de Perú señaló luego de firmar el acuerdo con los dirigentes cocaleros: ya era hora que algún ministro se pusiera los pantalones", señaló.
Subrayó que el acuerdo de distensión fue un triunfo para los cultivadores, por recoger demandas estratégicas de los campesinos, y tuvo efecto positivo en la reunificación de los cocaleros, que han dejado de lado diferencias internas para defender unitariamente el convenio logrado.
Como principal conquista alcanzada en el acuerdo mencionó la suspensión de la erradicación, que consideró puede ser una maniobra gubernamental reversible en función de los intereses del ejecutivo en sus relaciones con Estados Unidos, particularmente en el tema de la aprobación del tratado bilateral de libre comercio (TLC).
Cabieses resaltó además el logro de haber comprometido al gobierno a empadronar a los cultivadores de coca, porque permitirá determinar quienes producen, para quienes y en qué extensiones y volúmenes, posición que estiman necesario los agricultores.
Los cocaleros - que aceptan erradicar tras el empadronamiento la coca ilegal - piensan que la empresa estatal de comercio legal de la coca (Enaco), monopólica, puede comprar toda la producción para fines lícitos, dijo.
Explicó que un estudio realizado en 2003 verificó que en Perú hay tres millones 800 mil personas que consumen hoja de coca al natural, principalmente en la modalidad de masticación, así como en infusiones y otras formas.
Abastecer esa demanda lícita, indicó, requiere - si aceptamos las cifras oficiales que el experto cuestiona -, unas ocho mil 700 toneladas de coca, pero Enaco - la empresa monopólica estatal que tiene esta función - solamente adquiere dos mil 800 toneladas, las que paga a precios magros a los cultivadores pobres de la selva y revende a precios elevados a los consumidores más pobres todavía en la sierra, por una política errada de desaliento al consumo de la planta.
Si Enaco absorbiera y controlara esas casi nueve mil toneladas, podrían ser legalizados unos 24 mil productores, los que, sumados a los que actualmente existen, llegarían a un total de 30 mil a 32 mil cocaleros reconocidos. Con ello se habría solucionado la mitad del problema, pues en Perú hay unos 60 mil, agregó.
Cabieses resaltó igualmente como conquista campesina, otro punto del acuerdo de distensión que obliga al gobierno a indemnizar a los cocaleros cuyas plantaciones fueron erradicadas pese a estar inscritos como cultivadores legales en el padrón elaborado en 1978.
Propugnó paralelamente incentivar el consumo de coca en forma natural, con una política de respeto, que deje de lado la satanización de la coca, para destinar a ese consumo la sobreproducción actual.
Para el experto, Enaco debe además pagar por la coca una suma que disminuya la gran diferencia actual entre su tarifa y la que pagan los contrabandistas y los narcotraficantes, y reducir el precio de venta para el consumo natural, para promover el uso en esta modalidad.
El experto explica que en Perú hay por lo menos tres mercados para la coca: la que compra Enaco legalmente, la que adquieren los contrabandistas pero que está destinada al consumo tradicional y la que controlan los narcotraficantes para fabricar drogas. Incluso hay un cuarto mercado que es el trueque de hojas de coca por mercancías en las serranías y la selva.
Cabieses cuestiona las cifras oficiales, tanto en extensiones de cultivos como volúmenes producidos.
Según el entrevistado "el Estado actúa con los ojos vendados en este aspecto". No acepta las cifras proporcionadas por la CNC (Crime and Narcotics Center) de los Estados Unidos porque "son políticas, aumentan o disminuyen en función de las imposiciones y sub-valoran las extensiones de cultivos y también la producción".
La CNC sostuvo que en el 2005 había 38 mil hectáreas para una producción de 50 mil toneladas.
Pero Cabieses tampoco acepta las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), que en el 2005 informó la existencia de 48 mil hectáreas sembradas para un volumen de 109 mil toneladas.
"Estas cifras fueron manipuladas con la anuencia de Estados Unidos para justificar la tesis de que nueve de cada 10 hojas de coca van para el narcotráfico", sostiene Cabieses. Y añade, "si revisamos lo que dice el Informe Mundial sobre las Drogas 2007, allí figuran 67,900 y no 109 mil toneladas".
Según el entrevistado, probablemente la realidad gira en torno a unas 55 mil hectáreas de coca sembradas actualmente para una producción de no más de 60 mil toneladasde hoja de coca.
De este total, para el uso tradicional e industrialización benéfica se estarían utilizando no más de 15 mil toneladas - en los dos o tres mercados existentes: legal, contrabando y trueque - y la diferencia se reparte entre coca perdida por razones climáticas y hoja que va para la elaboración de drogas.
"Esto último es lo que hay que combatir, pero no con erradicación forzosa por ser ineficaz esta política", dice el experto.
Señaló por otra parte que la experiencia peruana demuestra que el desarrollo alternativo - sustitución de cocales por otros cultivos - no ha funcionado, por haber promovido la agricultura de exportación y "producto motor" de mono-producción, es decir, extensiva e intensiva, en zonas de selva alta que no son aptas egronómica y ecológicamente para estos cultivos.
Explicó que ese tipo de cultivos en las condiciones que exige actualmente la globalización, depredan los suelos débiles de las zonas tropicales, donde se cultivan la coca, por lo que se debe promover actividades forestales de corta maduración con especies precoces y centros de producción diversificada en fundos integrales y asegurarles créditos supervisados con mercados y precios, no necesariamente de exportación.
"Hay que apuntar primero y principalmente a la construcción de mercados locales y regionales. La globalización no es ni debe ser para la selva alta, que es donde se cultiva y produce hoja de coca", señaló.
Para Cabieses, los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) son en realodad Programas de Destrucción de la Agricultura (PDA) ya que en varios casos las especies introducidas no son propias para las zonas - como la palma aceitera africana -, se usan productos químicos para aumentar la productividad, se reparten semillas transgénicas y se introducen paquetes tecnológicos inadecuados.
*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Perú.
Fuente: Prensa Latina
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