Nancy Obregón y Elsa Malpartida llegaron a la zona donde explotó el conflicto cocalero en Tocache • Productores de Balsa Probana aseguraron que sus cocales fueron erradicados en medio de balas, a pesar de venderle a Enaco.
Nancy Obregón recorrió el campo en su paso por la región San Martín, donde es la máxima dirigente. Con el acta de Tocache salió fortalecida.
Los pobladores de Balsa Probana caminan entre escasas hojas de coca y ramas secas. La tierra está removida y las caras adustas. "Pensé que nos iban a respetar con las boletas de venta de coca a Enaco, pero empezaron a meter sus palancas y a arrancar todo. Eso indignó a la gente", cuenta Glicerio Cárdenas mostrando lo que ha quedado de los cultivos luego del enfrenamiento entre los productores y la policía el domingo 11, el choque que alertó a las autoridades del gobierno central y donde el máximo dirigente cocalero de Tocache, Wilder Satalaya, terminó herido.
Cárdenas es el presidente de los cocaleros de este caserío inscrito en la Asociación Saúl Guevara Díaz liderada en toda la región San Martín por Nancy Obregón, "Mamacoca", quien antes de retornar a sus avatares de legisladora en Lima recorrió sus dominios con un equipo de La República el viernes, un día después de firmarse los acuerdos con el ministro de Agricultura, Juan José Salazar. Obregón llegó a Balsa Probana junto a su compañera de lucha, Elsa Malpartida.
"Ahora le decimos a este lugar la Pampa de Junín", dice "Mamacoca" tratando de imprimirle un significado heroico al choque del domingo. Obregón y Malpartida saben que a partir de estos sucesos que propiciaron la firma del acta de Tocache, afianzan su liderazgo político en el movimiento cocalero, por encima de Nelson Palomino del Valle del Río Apurímac.
Glicerio Cárdenas encabeza las demandas de los cocaleros de Balsa Probana.
El choque
Los agricultores señalan que un día antes del enfrentamiento el personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca (Corah) y la policía llegaron a la zona, ubicada a 40 minutos de la ciudad de Tocache. Pero recién el domingo a las 9 de la mañana se intensificaron las erradicaciones. Fue entonces que Cárdenas se comunicó de inmediato con el dirigente Wilder Satalaya para que impidiera las acciones.
"De la cólera, hasta el miedo se nos fue. Les dije que los iba a denunciar por este atropello. 'Para los ilegales no hay justicia', me respondieron", relata Katty Cárdenas, la esposa de don Glicerio. Satalaya había llegado al lugar.
"Como empezaron a disparar con sus balas ese día hemos corrido duro y también les tiramos piedras porque nos atacaron", relata Francisca Javiela. Cerca de la 1 y 30 de la tarde, el enfrentamiento llegó a su punto más violento. Satalaya fue herido en el brazo izquierdo. Él asegura que fue por una bala, pero en el hospital de Tocache, donde fue atendido, informaron que su herida no se produjo por un arma de fuego sino, quizá, por un cartucho de bomba lacrimógena.
¿A cuánto la arroba?
Glicerio Cárdenas enseña a La República las boletas de venta de su producción a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), la única autorizada para comercializar este cultivo. En una consta que le vendió 6 kilos en 2004 y en otra 32 kilos este año. ¿Si el dirigente asegura que tiene una hectárea de coca y cada hectárea produce por lo menos 60 arrobas, es decir 690 kilos?, ¿a dónde fue a dar el resto de la producción? Cárdenas dice que no es verdad, porque no se puede aplicar una cifra promedio sin conocer la realidad de cada zona.
"Desde las fumigaciones en la época de Fujimori, la tierra no produce igual, además el río siempre se desborda y no se mantiene la misma producción", asegura. "El otro día le escuché decir a la ex ministra del Interior, Pilar Mazzetti, que cada hectárea produce 100 arrobas. Es una gran mentira", sale al frente Obregón.
En Balsa Probana existe aproximadamente 100 propietarios de sembríos de coca, de los cuales 51 son miembros de la Asociación Saúl Guevara Díaz. Diecisiete de estos cocaleros, con Cárdenas a la cabeza, piden ser indemnizados por el Ministerio de Agricultura debido a que según el acta de acuerdos con el gobierno podrán acogerse a este beneficio los empadronados en Enaco que fueron víctimas de las erradicaciones. En toda la provincia de Tocache, hasta ahora la lista llega a 100 cocaleros.
Testimonio. Teresa Quiroz encarna la pobreza del agro.
Pero el alcalde de Tocache, David Bazán, opina que ese acuerdo "no tiene sentido. "Estos señores le venden a Enaco menos del 10% de su cosecha. Entregan un poquito para decir que son legales, el resto va al narcotráfico", apunta.
Elsa Malpartida acepta estos cargos a medias. Reconoce que al agricultor le resulta más rentable vender la hoja de coca por su alto precio en el mercado y porque arroja cosechas cada tres meses cuando el cacao o la palma aceitera recién produce en tres años. Pero niega que los cultivos de estos agricultores termine en manos de las mafias. "Ellos le venden a las tronqueras (vendedoras de hoja de coca en los mercados) para el consumo tradicional. Y claro, ellas les pagan más que Enaco, 12 soles", afirma.
Mientras que un kilo de granos de cacao se vende a 1 dólar y 88 céntimos, en promedio, por esa misma cantidad de hoja de coca el narcotráfico paga alrededor de 3 dólares, el doble de lo que ofrece Enaco. El precio hegemónico lo dicta el mercado negro.
"La hoja de coca es nuestra caja chica hasta producir otros cultivos", asegura Teresa Quiroz, quien al enterarse el jueves que el Ejecutivo se comprometía a suspender las erradicaciones, empezó a desenterrar su hoja de coca. Había camuflado bajo la tierra y entre su plantas de papaya, media hectárea de hoja verde. Dice que vende la jaba de papaya a 1 sol, y el kilo de yuca a 10 céntimos. " ¿Quién puede vivir con eso?", interroga desengañada de los "productos alternativos" y reclamando la presencia del Estado en las zonas cocaleras.
Las pregunta de Teresa plantea encrucijadas: ¿dónde comienza lo ilegal y dónde lo legítimo?, ¿ser pobre justifica vender coca ilegalmente?, ¿el Estado puede exigirle a sus ciudadanos a cumplir la ley cuando no respeta sus derechos y apenas consigue incautar el 2% de los insumos químicos que se utilizan para la producción de cocaína?, ¿alguien diría que esto empieza a resolverse con la firma de un acta controversial en Tocache?
Controversia
PADRÓN. Según el especialista Jaime Antezana, el nuevo empadronamiento de los productores cocaleros solo permitirá legalizar a los que venden sus cultivos al narcotráfico.
LEY. Elsa Malpartida asegura que el empadronamiento servirá para saber "quién es quién". "Es probable que solo el 30% de los cocaleros quiera inscribirse, pero con eso ya sabremos quién quiere actuar bajo la ley", dice.
por Milagros Salazar.
Enviada especial a Tocache.
Fotos: Percy Ramírez