Nosotros los representantes parlamentarios (as) y legislativos (as) integrantes del Grupo Latinoamericano y el Caribe – Unión Interparlamentaria (GRULAC - UIP), reunidos en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, durante los días 08 al 10 de marzo del 2007.

Tomando nota de la importancia de seguir profundizando el intercambio de experiencias entre los Parlamentos y los parlamentarios de todos los países, en aras de fortalecer la cooperación y la solidaridad orientada al logro de una integración complementaria y equitativa entre nuestros pueblos,

Conscientes de la responsabilidad especial de los parlamentos y sus miembros(as), como guardianes(as) de los derechos humanos, de defender y promover los derechos humanos y de contribuir a la construcción de un mundo en el que hombres y mujeres disfruten de manera absoluta de los derechos civiles, culturales, económicos, sociales, políticos y ambientales en igualdad de oportunidades.

Reconociendo el derecho soberano de todos los Estados sobre sus recursos naturales y de aprovecharlos conforme a sus políticas ambientales y de desarrollo, como instrumento para erradicar la pobreza, reducir las disparidades en los niveles de vida de los pueblos y solidaridad entre los países en desarrollo para alcanzar sus intereses comunes.

Destacando que el respeto irrestricto a las normas y principios del Derecho Internacional, la soberanía y la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, así como la abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados, representan la única garantía para el fortalecimiento de la paz y seguridad internacional.

Reafirmando la importancia de avanzar en la construcción de un mundo multipolar fundado en los principios de solidaridad, justicia, igualdad y equilibrio entre todos los estados.

Concientes de la importancia que tienen temas sensibles para la región y nuestros pueblos inherentes al medio ambiente, energía, integración, asuntos políticos, migración, derechos humanos, pobreza, exclusión, entre otros; y tomando en cuenta los cambios políticos durante la última década del siglo pasado, se requieren con mayor urgencia políticas públicas conjuntas destinadas a resolver las necesidades básicas de la población y las instituciones estatales;

Expresando la necesidad de ampliar el marco de cooperación entre los parlamentos de América Latina y el Caribe, a fin fortalecer la presencia de la región en el seno de la Unión Interparlamentaria, garantizando de esta manera la vigencia de nuestros intereses y aspiraciones.

Resolvemos:

1. Expresar la importancia de esta reunión en Caracas como muestra inequívoca de la amistad, cooperación, solidaridad e intercambio existente entre nuestros países latinoamericanos y caribeños.

2. Acordar sesionar de forma ordinaria, periódicamente, con sede rotativa en las ciudades de América Latina y El Caribe a fin de debatir temas regionales, presentar informes por parte de las comisiones de trabajo y acordar decisiones en relación al trabajo parlamentario a desarrollar por el GRULAC-UIP.

3. Promover el intercambio de iniciativas legislativas entre los países latinoamericanos y caribeños en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, energéticos e infraestructura fundadas en los principios de complementariedad, humanismo y cooperación;

4. Apoyar todas las propuestas generadas por nuestros gobiernos, parlamentos y grupos sociales organizados que tiendan al logro de la unión latinoamericana y caribeña, inspirados en la cooperación, complementariedad, el humanismo y la solidaridad.

5. Reivindicar el derecho legitimo que asiste a todos los Estados en el manejo responsable y administración soberana de sus recursos naturales y las fuentes de energía que tienen a su disposición para garantizar el desarrollo integral de sus pueblos.

6. Reafirmar nuestro compromiso de cumplir con las Metas del Milenio, mediante la adopción de políticas regionales conjuntas con el objeto de disminuir y erradicar la pobreza y exclusión social de todos los países latinoamericanos y caribeños.

7. Promover y defender activamente los derechos de los inmigrantes y rechazar contundentemente la violación de sus derechos humanos con la aplicación de leyes insensibles e irracionales, así como la construcción de muros y cercas entre nuestros países, desconociendo con ello la realidad socio – económica de nuestros pueblos;

8. Condenar los actos de naturaleza terrorista, cualquiera sea su origen y motivación y por quien sea cometido, entre ellos el terrorismo de Estado.

9. Repudiar y condenar el bloqueo económico contra la República de Cuba y la ilegal base militar de Guantánamo desde donde se violan flagrantemente la soberanía de este pueblo hermano y los derechos humanos de personas de otros países ilegalmente detenidas.

10. Designar una comisión coordinadora que elabore propuestas, que permitan desarrollar esfuerzos conjuntos para la lucha efectiva contra la corrupción, el narcotráfico y la explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes;

11. Exhortar a los gobiernos y pueblos de los países integrantes del GRULAC y del mundo, a expresar su solidaridad material y afectiva con los pueblos de Haití y Bolivia. El primero (Haití) sumido en una profunda crisis socio – económica de grandes proporciones, y el segundo (Bolivia) donde el cambio climático global está causando cuantiosas perdidas humanas y materiales.

12. Promover la participación de los grupos sociales en la toma de decisiones, para el perfeccionamiento de las políticas públicas, iniciativas estas que continuarán fortaleciendo las democracias en nuestros países.

13. Condenamos las practicas unilaterales y militaristas de algunos países expresadas muchas veces en las constantes agresiones e injerencias a las que están sometidos nuestros pueblos, como por ejemplo el establecimiento de bases militares extranjeras y el financiamiento a grupos irregulares que buscan desestabilizar los gobiernos legítimos de la región.

14. Reconocer el derecho legítimo e inalienable de todos los países de desarrollar todas las fuentes de energía, entre ellas la nuclear con fines pacíficos, con arreglo a las disposiciones de los distintos acuerdos internacionales en la materia, y en ejercicio pleno de su soberanía.

15. Reafirmar el principio de responsabilidad común y diferenciada de los Estados en la protección del medio ambiente, por cuanto los países desarrollados, por su mayor responsabilidad en el deterioro del medio global y por sus mayores recursos económicos y tecnológicos, deberían tener no sólo mayor cuota en la adopción de medidas sino que también deberán ayudar a los países en desarrollo en este proceso.

16. Insistir en el llamado a los países desarrollados de cumplir con sus obligaciones en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo sin ningún tipo de condicionamiento acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey, buscando de esta manera la articulación de esfuerzos internacionales con miras a la movilización de recursos para el desarrollo económico sostenible y sustentable, y el combate a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio.

17. Instar a los países a cumplir con sus obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de los que sean parte, adoptados para el combate al terrorismo, en particular, las disposiciones aplicables en lo que se refiere a la prestación de asistencia jurídica mutua y a la extradición de cualquier persona que participe en la planificación, preparación, financiación o comisión de actos terroristas, y cuando corresponda, en la tentativa de comisión de dichos delitos.

18. Que la hoja de coca ha sido injustamente penalizada, criminalizada y estigmatizada por la comunidad internacional por medio de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 que la incluye en la Lista I de Estupefacientes, prohibiendo su producción, industrialización y comercialización, expresamos la necesidad de declarar a la hoja de coca en su estado natural, patrimonio cultural de los pueblos indígenas andino amazónicos por su uso medicinal, ritual y valor social y religioso.

Queda expresado que la Declaración de Caracas fue aprobada por todas las Delegaciones asistentes, con excepción de la Delegación de México que voto a favor en lo general y deja constancia de su voto divido respecto al numeral 18, tres delegados en contra y uno a favor.

Fuente: MINCI Ministerio de la Comunicación e Información de Venezuela