Bajo un sol desafiante, una mujer escarba la tierra entre murmullos. Alicia Quiroz Caballero es una de las decenas de agricultores que siembran semillas de palma aceitera en el vivero "Limón", al norte de Tocache, como quien busca agua en el desierto.
Pero mientras esperan que sus nuevos productos rindan frutos viven días austeros. Por ahora dependen principalmente del aporte de EEUU.
Sus cocales fueron erradicados compulsivamente y desde hace cuatro meses decidió inscribirse en un programa de desarrollo con la promesa de que luego de tres años de austeridad y trabajo duro sin hoja de coca, la venta de palma aceitera pueda permitirle alimentar a sus hijos, lejos del narcotráfico.
Alicia forma parte de las 13 mil familias que se benefician en Tocache del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Onudd).
Para comprobar en el campo los alcances de los proyectos, el director de Ayuda al Exterior del Departamento de Estado y administrador de USAID, Randall Tobias, recorrió el miércoles el vivero "Limón", el proyecto de pastos y ganadería Villa Palma y el programa de cacao Filadelfia en Alto Bambamarca.
La dictadura del precio
Tobias, el brazo derecho de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, señaló con entusiasmo que estos cultivos alternativos pueden generar más dinero para los agricultores que la cotizada hoja de coca. Dijo, además, que son programas diseñados por los propios pobladores. El funcionario habló desde su condición de visitante.
Lo real es que estos proyectos de Tocache son una isla en la espesura del valle del Huallaga, a pesar del sueño de prosperidad que podría significar a largo plazo. Son una isla no solo porque son pequeños proyectos en medio de un ejército de productores cocaleros de más de 300 mil familias a nivel nacional, sino porque los precios de la palma aceitera y el cacao no pueden competir con lo que paga el mercado ilegal por la hoja de coca.
Un kilo de granos de cacao se vende a 1 dólar y 88 céntimos, en promedio, mientras que por esa misma cantidad de hoja de coca el narcotráfico paga alrededor de 3 dólares, el doble de lo que ofrece Enaco, la única institución autorizada para la venta de este cultivo. Si el precio hegemónico lo dictan las mafias y el Estado sigue ausente, ¿hasta qué punto pueden ser viables los cultivos alternativos de la cooperación internacional en la lucha antidrogas?
Para el director de Onudd, Aldo Lale-Demoz, la rentabilidad de estos programas no solo debe medirse en términos económicos sino también sociales. "Porque permite que estos ex cocaleros puedan apostar por un producto sostenible con la tranquilidad de estar lejos del mercado ilegal", dijo.
La mayoría de los agricultores como Alicia han aceptado inscribirse en los programas al verse solos en medio de sus cocales erradicados. "Que nos apoyen en otros cultivos hasta que produzca la palma aceitera; si no, con qué voy a educar a mis hijos", protesta. Ella debe sobrevivir los tres años que demora en rendir frutos este producto, trabajando como peón asalariado por 15 soles la jornada.
Como un paliativo, el PDA emplea temporalmente a los agricultores y ha empezado a instalar en la zona módulos de crianza de cuyes y aves para ayudarlos a sobrellevar este periodo de ajuste.
"La hoja de coca debe eliminarse para que no vaya al narcotráfico, pero no estoy de acuerdo con la manera violenta como se erradica", dice Yeiner Mariño, quien apuesta por el desarrollo alternativo aunque sepa que no es la solución a sus problemas, así como tampoco puede pretenderse que sea el antídoto contra el narcotráfico sino apenas una de las herramientas en esta batalla.
Ahora les toca a otros países
El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) no solo incluye el financiamiento de cultivos sino también obras de infraestructura en educación, salud y otros servicios.
Según Devida, el 45% de los aportes que recibe el Perú para el desarrollo alternativo dependen de la cooperación internacional, en su mayoría de EEUU. Por ello, la propuesta de reducir de 100 millones de dólares a 66 millones la ayuda estadounidense para la lucha antidrogas constituye un duro golpe. Entre el 80% y 90% de la ayuda internacional que recibe el Perú proviene del gobierno de Bush.
Al respecto, el embajador de EEUU en el Perú, James Curtis Struble, dijo a La República que existe el compromiso de seguir ayudando en la lucha antidrogas pero, quizás, "ya es momento de que otros países (como los de Europa) contribuyan más con el Perú" en el combate contra el narcotráfico.