En un restaurante mexicano en Queens, supe que la tortilla subió de precio luego de varias décadas en que se mantuvo intacto. Los mexicanos culpan al monopolio de la producción de maíz y a la pérdida de la soberanía productiva de su país. El tema me sirve para comentar que estoy en los Estados Unidos en reuniones con miembros del Congreso para mostrar la otra cara del Tratado de Libre Comercio (TLA) firmado por los gobiernos de Alvaro Uribe y George W. Bush.
Yo nací y me formé en los llanos orientales de mi país, estoy acostumbrado al calor del trópico, conozco a los campesinos que viven en las llamadas zonas de colonización a quienes muchas veces se cataloga de narcotraficantes cuando solo son trabajadores de la tierra que tienen necesidad de producir cultivos legales. Anhelan el apoyo de su estado y aman el desarrollo. Aunque una reciente experiencia me permite pensar en lo que ocurrirá con este Tratado.
A principios de la década de los 90s, el gobierno de Colombia hizo una apertura comercial mediante la que rebajó los aranceles y otros impuestos de aduana. Este era el más importante mecanismo que tenía el estado para proteger la agricultura nacional. Aunque varias voces reclamaron, el gobierno de turno aplicó la medida la cual continuó profundizándose por las administraciones siguientes. Los resultados fueron un desastre: Colombia perdió un millón cien mil hectáreas de cultivos transitorios y permanentes en los primeros años y casi 900 empleos rurales. Estudios de la Sociedad de Agricultores demuestran que la pobreza en el campo creció hasta alcanzar el 80% de los campesinos.
Cerca de 300 mil familias campesinas se vincularon en esos años a la siembra de la hoja de coca y este cultivo se ubicó en más de 400 municipios a nivel nacional. Incluso familias que vivían de pequeñas siembras de café en el interior del país se trasladaron a la sureña zona fronteriza del Putumayo a cultivar coca. Mientras la agricultura tradicional de producción campesina se arruinaba, los trabajadores del campo buscaban otra actividad para reemplazar y se apegaron a la coca como tabla de salvación. Las marchas de protesta de 1994 y 1996 que movilizaron a más de 200 mil labriegos denunciaron que la coca creció por el abandono del campo. Hoy Colombia se mantiene como el primer productor de coca del mundo a pesar de 13 años de fumigaciones con agrotóxicos, seis años de Plan Colombia y 5 mil millones de dólares aportados por los contribuyentes de EE.UU.
Ahora, el gobierno de Colombia está feliz porque logró en el TLA quedar “en igualdad de condiciones” para competir con la agricultura de los EE.UU. ocultando que el maíz y otros productos de los campesinos colombianos nunca llegarán a la mesa de los consumidores estadounidenses por razones prácticas de competitividad: volumen, productividad, infraestructura, subsidios, créditos y acceso a tierras entre otros factores.
Así las cosas, la experiencia muestra que en medio de la crisis de los productos legales agrícolas, la gente rebusca que hacer para no morirse de hambre. Todo indica que los diseñadores de la política antidrogas no han caído en la cuenta de que la coca se mueve como hielo en el whisky en un escenario global de libre comercio.
Pedro Arenas es un ex congresista de Colombia por el Guaviare.