_{Los militares ecuatorianos controlan, a diario, la entrada de colombianos a las parroquias del norte de Carchi. Foto:EL COMERCIO}

El Comercio, Quito - Ecuador | 15 de enero del 2007
Redacción Tulcán

Los campesinos colombianos que sembraron coca en las comunidades vecinas a Carchi, están desesperados. La ‘bonanza económica’ que les garantizó la guerrilla con la comercialización de la hoja se trastocó con la reanudación de las fumigaciones con glifosato.

A inicios del 2006, en los poblados de Tallambí, Llorente, San Juan, Chicandina... la gente -en pequeñas parcelas- reemplazó los cultivos tradicionales por el sembrío ilícito. Byron Gualán, del poblado de Chicandina, fue uno de los que se arriesgó. “En la primera cosecha me pagaron 40 000 pesos (18 dólares) por cada quintal”. La buena racha le duró poco, el negocio decayó y le llegaron a cancelar 20 000 pesos (9 dólares) por cada bulto. Lo mismo ocurrió con Luis Ortega. “Al plátano le cayó una plaga, entonces sembré unas pocas matas de coca pero me fue mal”.

Las pérdidas de los campesinos colombianos empezaron luego de que se anunció que a Nariño se extenderían las fumigaciones.
Supuestamente, esa noticia obligó a los subversivos a replegarse a las áreas montañosas y dejaron de comprar la coca. Esa decisión causó la salida de campesinos colombianos en busca de empleo. También de los jornaleros ecuatorianos que cruzaron la frontera norte para la cosecha de la hoja de coca.

En los dos últimos meses, en las parroquias de Chical y Maldonado, en Carchi, se nota la presencia de trabajadores colombianos en labores agrícolas. “Laboran toda la semana y cada ocho días retornan a sus tierras”, comentó Luis Cadena, un finquero ecuatoriano.

Gualán consiguió empleo en una propiedad en Chical. Él gana tres dólares diarios más el almuerzo. Cada ocho días el campesino retorna a Chicandina a visitar a su esposa y a sus cuatro hijos. Él no es el único. Néstor Santos, de Tallambí, llega a la parroquia cada semana a ofrecer su mano de obra y ganar algo de dinero. “Con lo que me pagan puedo dar de comer a mi mujer y a mis hijos”.

El reinicio de las fumigaciones no solo afecta a las plantaciones de coca. En los poblados fronterizos hay el temor de que el intercambio de productos sea amenazado. Para los colombianos el comercio sí será afectado por las fumigaciones. “Nuestros parientes que viven en Putumayo nos cuentan cómo se daña el suelo y los cultivos cuando se riega ese químico en las plantas”, comentó Laura Rosero, una colombiana.

Además, están convencidos de que la violencia interna recrudecerá. “Los guerrilleros se van a enfrentar a los erradicadores de coca y nosotros estaremos en medio”.

Álex Padilla, jefe del Destacamento de la Policía de Chical, dijo que estarán vigilantes de la seguridad del centro poblado a pesar de las limitaciones. Ellos cuentan con seis uniformados y una motocicleta para los patrullajes.
Por su parte, Emilio Orbe, presidente de la parroquia de Chical, insistió en rechazar las fumigaciones y advirtió que vigilarán que no se cruce el límite de la frontera.

Mientras tanto, para Arturo Correa, monseñor de Ipiales, las aspersiones con glifosato es la peor decisión que tomó el Gobierno colombiano. “En mis recorridos por los poblados donde se fumiga he visto a muchos niños enfermos, familias diezmadas, indígenas desplazados por la violencia en sus comunidades. “Las secuelas son irreversibles y la siembra de coca no disminuye”, sostuvo.

Un estudio sin resultados

La investigación de las consecuencias de las fumigaciones en el cordón fronterizo, que hizo una misión internacional en el 2005, aún no es evaluada.
Mirian Cabezas, coordinadora de los DD.HH. en Carchi, explicó que una de las sugerencias fue que los dispensarios médicos tengan lo necesario para atender emergencias. “En Chical y Maldonado no se cuenta con un dispensario que cuente con todo”.
José Castillo, epidemiológo de la Dirección de Salud de Carchi, comentó que hay un proyecto integral de salud para la frontera norte pero aún no se lo ha podido ejecutar por falta de presupuesto.
En tanto, Cabezas pidió al nuevo Gobierno que viabilice los proyectos que están suspendidos.

Las repercusiones

Las fumigaciones han causado daño a los cultivos de plátano, banano, yuca, caña de azúcar, coco... Estos productos sirven para el intercambio comercial con las parroquias fronterizas de Ecuador y de Colombia.

La Policía colombiana dijo que 10 128 hectáreas sembradas de coca en la frontera con Ecuador han sido fumigadas. Aún está pendiente la labor en 3 000 hectáreas en los departamentos de Putumayo y Nariño.

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que esta semana llegarán al municipio de Teteyé, Putumayo, 600 integrantes del Ejército. Se encargarán de vigilar la frontera.
La intención de los militares colombianos es evitar que en la zona de Putumayo, vecina a Sucumbíos, se refine la coca.