sábado, 01 de julio de 2006
COCALEROS FORMALES E INFORMALES.
PERU NUEVOS ACTORES Y ECONOMIA FORMAL, INFORMAL Y DELICTIVA.
R. Soberòn[1]
Junio 2006
Quiero compartir en estos pocos minutos con ustedes una idea bàsica relacionada a este tema. Desde 1978 hasta el 2006, han transcurrido 28 años en los que el Perù ha pasado por un regìmen militar, tres gobiernos democràticos y uno civil militar caracterizado por la corrupción institucional del Estado que durò una dècada. En ese perìodo de tiempo, las 300,000 personas que habitan en las ciudades y comunidades de la vertiente oriental de los Andes que se encuentran articulados a la economía de la hoja de coca, han sufrido desde Lima, una visiòn excluyente y marginal del Estado de Derecho y sus instituciones, con severos recortes en su posibilidad de goce de sus derechos fundamentales en el orden polìtico y civil, econòmico, social y cultural. A este escenario convulso, se agrega hoy la prensa sensacionalista y algunos “especialistas” que los convierte en “narco cultivadores” y objeto de presiòn de los que hacen opinión pùblica, so pretexto de una lucha contra el narcotráfico que ha sido un fracaso en muchos paìses de la regiòn y particularmente en el Perù.
La primera fuente de exclusión ocurriò en la dècada de los 80 y 90.En esos años, la violencia armada de Sendero Luminoso y las consiguientes violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las FFAA, expresados por la Comisiòn de la Verdad en el 2003, tuvo como vìctimas principalmente a población civil, rural y campesina que encontraron la violencia y la muerte.
La segunda constataciòn, es que en esta àrea se ha vivido el mayor espacio de corrupciòn institucional que ha dejado huellas aùn no medidas entre la población y la presencia institucional del Estado. La institucionalidad del Estado y la corrupción de los tràficos (drogas, combustible, contrabando, recursos) conviven hoy en dìa en una situación insostenible y no hay respuestas adecuadas a este fenòmeno. Por otro lado, la utilizaciòn polìtica de los recursos del desarrollo alternativo por CONTRADROGAS hasta 1996 y DEVIDA es el tìpico caso de descontrol proveniente de una cooperación internacional que surge a espaldas del aparato pùblico. A partir de entonces, se ha generado en la ùltima dècada, la mala utilización de màs de US$ 1,000 millones procedentes de la cooperación internacional, fundamentalmente proveniente de los EE.UU y aplicada por sus sub contratistas. ¿Acaso se ha realizado alguna auditorìa o règimen de control por parte de la Contraloría, el Ministerio Pùblico, o el Congreso? Me temo que en este tiempo, la Embajada de los EE.UU ha tenido un rol màs protagònico que el propio Congreso de la Repùblica al momento de decidir el destino de estos 250,000 kilòmetros cuadrados de territorio nacional.
La tercera fuente es que en los últimos quince años, se han producido màs de 200 dispositivos de pròrroga permanente de Estados de Excepción y recorte de libertades en las provincias cocaleras de Huanuco, San Martín y Ayacucho. Asì, se han convertido en la forma que el Estado ha mirado a la selva alta y su población, bajo el pretexto de las amenazas de orden pùblico, generando una espiral de inseguridad y desconfianza, donde la informalidad se acerca a la ilegalidad. El Estado Central no ha tocado las causas primeras que en 1989 fueron detectadas por las FF.AA para evitar que el campesinado se articule al discurso del terrorismo de SL: lucha contra la pobreza rural y mayor participación de su población en la toma de decisiones (ejercicio efectivo de la ciudadanìa). En su momento, los ex presidentes Garcìa, Fujimori y Toledo dijeron que el productor no era delincuente. Pero en la pràctica, lo han tratado como tal.
Asimismo, la aplicación de polìticas sobre sustitución y reducciòn de cultivos de coca, han fracasado tanto en su ambito represivo como en materia de sustitución econòmica de los cultivos. En cuanto al primero, la erradicación ha demostrado ser un fracaso pues, desde 1978 observamos el cumplimiento reiterativo de los ciclos de la coca a lo largo del escenario andino amazònico, a veces en Colombia, otras en Perù y Bolivia…y el Estado n ose da cuenta del fracaso de esta polìtica. Tengo la impresión que hoy por hoy el narcotráfico internacional ha encontrado los niveles razonables de producción y productividad global que le permiten manejar con eficiencia y grandes ingresos un mercado de 600 toneladas de cocaìna para màs de 13 millones de consumidores de cocaìna en el mundo. Cada año observamos el manejo que hacen de los nùmeros y las cifras, tanto el Departamento de Estado como la ONU y las agencias nacionales, para justificar las polìticas de seguridad nacional y militarizaciòn, en estas regiones productoras convirtièndose en un cìrculo vicioso. ¿Es posible que la democracia conviva con estos bolsones de conflicto de baja intensidad? Creemos que no.
En estas tres dècadas, la aplicación pràctica del desarrollo alternativo ha fracasado en toda la extensión de la palabra para sacar definitivamente al sector campesino, del ciclo ilegal del narcotráfico. Y esto continuarà sucediendo mientran no cambien las condiciones en las que participa en los mercados locales e internacionales. Me temo que de acuerdo a como se ha negociado el TLC con EE.UU, va a aumentar la brecha social de exclusión entre la agro industria de la costa y los productores de la selva alta.
Por otro lado, el no reconocimiento de las organizaciones sociales de este sector de la población ha sido una constante: fracaso de Mesas de Dialogo incumplimiento de actas, permanente “mecida”, represiòn selectiva y judicializaciòn de casos contra dirigentes cocaleros.
¿què esta en juego?
No se trata solamente de hacer caso al clamor de las cifras electorales de la primera y segunda vuelta, es decir el temor a la fractura del sur. Sino que se pone en juego la ùltima oportunidad de lograr una efectiva viabilidad del Estado en este sector del territorio nacional que comprende la regiòn oriental desde Amazonas hasta Madre de Dios. No solamente es necesario una fuerte dosis de voluntad polìtica del pròximo gobierno, cuestión que se pone en duda con las afirmaciones del nuevo presidente para abordar el tema de la coca. Se requieren ademàs, acciones concretas de reforma institucional y apertura polìtica, dirigidos hacia esta población y su representación polìtica. Finalmente, algunas medidas concretas:
I) Evaluaciòn y fiscalizaciòn de las acciones de DEVIDA, OFECOD, en los ùltimos años: el gasto, los resultados y la administración;
II) Realización de profundos cambios institucionales: pasar gran parte del manejo estatal de la carpeta drogas, al sector de Agricultura, participación de productores en directorio de DEVIDA, descentralizar àmbitos de la gestión con participación de gobiernos regionales y locales afectados;
III) Cambios legislativos urgentes para armonizar las leyes sobre drogas, para legislar sobre coca y su posible uso econòmico y racionalizaciòn, asì como sobre el desarrollo general de la selva alta;
IV) Recuperaciòn de autonomía polìtica respecto a los EEUU, para el manejo de este problema sensible de drogas.
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[1] Abogado, M.A en Polìtica Internacional y especialista en temas de “Drogas, Seguridad y Amazonìa”. rasg642000@yahoo.com
R. Soberòn[1]
Junio 2006
Quiero compartir en estos pocos minutos con ustedes una idea bàsica relacionada a este tema. Desde 1978 hasta el 2006, han transcurrido 28 años en los que el Perù ha pasado por un regìmen militar, tres gobiernos democràticos y uno civil militar caracterizado por la corrupción institucional del Estado que durò una dècada. En ese perìodo de tiempo, las 300,000 personas que habitan en las ciudades y comunidades de la vertiente oriental de los Andes que se encuentran articulados a la economía de la hoja de coca, han sufrido desde Lima, una visiòn excluyente y marginal del Estado de Derecho y sus instituciones, con severos recortes en su posibilidad de goce de sus derechos fundamentales en el orden polìtico y civil, econòmico, social y cultural. A este escenario convulso, se agrega hoy la prensa sensacionalista y algunos “especialistas” que los convierte en “narco cultivadores” y objeto de presiòn de los que hacen opinión pùblica, so pretexto de una lucha contra el narcotráfico que ha sido un fracaso en muchos paìses de la regiòn y particularmente en el Perù.
La primera fuente de exclusión ocurriò en la dècada de los 80 y 90.En esos años, la violencia armada de Sendero Luminoso y las consiguientes violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las FFAA, expresados por la Comisiòn de la Verdad en el 2003, tuvo como vìctimas principalmente a población civil, rural y campesina que encontraron la violencia y la muerte.
La segunda constataciòn, es que en esta àrea se ha vivido el mayor espacio de corrupciòn institucional que ha dejado huellas aùn no medidas entre la población y la presencia institucional del Estado. La institucionalidad del Estado y la corrupción de los tràficos (drogas, combustible, contrabando, recursos) conviven hoy en dìa en una situación insostenible y no hay respuestas adecuadas a este fenòmeno. Por otro lado, la utilizaciòn polìtica de los recursos del desarrollo alternativo por CONTRADROGAS hasta 1996 y DEVIDA es el tìpico caso de descontrol proveniente de una cooperación internacional que surge a espaldas del aparato pùblico. A partir de entonces, se ha generado en la ùltima dècada, la mala utilización de màs de US$ 1,000 millones procedentes de la cooperación internacional, fundamentalmente proveniente de los EE.UU y aplicada por sus sub contratistas. ¿Acaso se ha realizado alguna auditorìa o règimen de control por parte de la Contraloría, el Ministerio Pùblico, o el Congreso? Me temo que en este tiempo, la Embajada de los EE.UU ha tenido un rol màs protagònico que el propio Congreso de la Repùblica al momento de decidir el destino de estos 250,000 kilòmetros cuadrados de territorio nacional.
La tercera fuente es que en los últimos quince años, se han producido màs de 200 dispositivos de pròrroga permanente de Estados de Excepción y recorte de libertades en las provincias cocaleras de Huanuco, San Martín y Ayacucho. Asì, se han convertido en la forma que el Estado ha mirado a la selva alta y su población, bajo el pretexto de las amenazas de orden pùblico, generando una espiral de inseguridad y desconfianza, donde la informalidad se acerca a la ilegalidad. El Estado Central no ha tocado las causas primeras que en 1989 fueron detectadas por las FF.AA para evitar que el campesinado se articule al discurso del terrorismo de SL: lucha contra la pobreza rural y mayor participación de su población en la toma de decisiones (ejercicio efectivo de la ciudadanìa). En su momento, los ex presidentes Garcìa, Fujimori y Toledo dijeron que el productor no era delincuente. Pero en la pràctica, lo han tratado como tal.
Asimismo, la aplicación de polìticas sobre sustitución y reducciòn de cultivos de coca, han fracasado tanto en su ambito represivo como en materia de sustitución econòmica de los cultivos. En cuanto al primero, la erradicación ha demostrado ser un fracaso pues, desde 1978 observamos el cumplimiento reiterativo de los ciclos de la coca a lo largo del escenario andino amazònico, a veces en Colombia, otras en Perù y Bolivia…y el Estado n ose da cuenta del fracaso de esta polìtica. Tengo la impresión que hoy por hoy el narcotráfico internacional ha encontrado los niveles razonables de producción y productividad global que le permiten manejar con eficiencia y grandes ingresos un mercado de 600 toneladas de cocaìna para màs de 13 millones de consumidores de cocaìna en el mundo. Cada año observamos el manejo que hacen de los nùmeros y las cifras, tanto el Departamento de Estado como la ONU y las agencias nacionales, para justificar las polìticas de seguridad nacional y militarizaciòn, en estas regiones productoras convirtièndose en un cìrculo vicioso. ¿Es posible que la democracia conviva con estos bolsones de conflicto de baja intensidad? Creemos que no.
En estas tres dècadas, la aplicación pràctica del desarrollo alternativo ha fracasado en toda la extensión de la palabra para sacar definitivamente al sector campesino, del ciclo ilegal del narcotráfico. Y esto continuarà sucediendo mientran no cambien las condiciones en las que participa en los mercados locales e internacionales. Me temo que de acuerdo a como se ha negociado el TLC con EE.UU, va a aumentar la brecha social de exclusión entre la agro industria de la costa y los productores de la selva alta.
Por otro lado, el no reconocimiento de las organizaciones sociales de este sector de la población ha sido una constante: fracaso de Mesas de Dialogo incumplimiento de actas, permanente “mecida”, represiòn selectiva y judicializaciòn de casos contra dirigentes cocaleros.
¿què esta en juego?
No se trata solamente de hacer caso al clamor de las cifras electorales de la primera y segunda vuelta, es decir el temor a la fractura del sur. Sino que se pone en juego la ùltima oportunidad de lograr una efectiva viabilidad del Estado en este sector del territorio nacional que comprende la regiòn oriental desde Amazonas hasta Madre de Dios. No solamente es necesario una fuerte dosis de voluntad polìtica del pròximo gobierno, cuestión que se pone en duda con las afirmaciones del nuevo presidente para abordar el tema de la coca. Se requieren ademàs, acciones concretas de reforma institucional y apertura polìtica, dirigidos hacia esta población y su representación polìtica. Finalmente, algunas medidas concretas:
I) Evaluaciòn y fiscalizaciòn de las acciones de DEVIDA, OFECOD, en los ùltimos años: el gasto, los resultados y la administración;
II) Realización de profundos cambios institucionales: pasar gran parte del manejo estatal de la carpeta drogas, al sector de Agricultura, participación de productores en directorio de DEVIDA, descentralizar àmbitos de la gestión con participación de gobiernos regionales y locales afectados;
III) Cambios legislativos urgentes para armonizar las leyes sobre drogas, para legislar sobre coca y su posible uso econòmico y racionalizaciòn, asì como sobre el desarrollo general de la selva alta;
IV) Recuperaciòn de autonomía polìtica respecto a los EEUU, para el manejo de este problema sensible de drogas.
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[1] Abogado, M.A en Polìtica Internacional y especialista en temas de “Drogas, Seguridad y Amazonìa”. rasg642000@yahoo.com
