Por Ricardo Gabriel Abduca*

Uno de los temas de la reunión del jueves entre Kirchner y Evo Morales es la situación de la hoja de coca en la Argentina, carente de un régimen legal de comercialización. Esto no es una graciosa concesión a un capricho del gobierno boliviano. Esa “inoportuna iniciativa… sobre la base de una costumbre ancestral del altiplano” –en la prosa de Ámbito Financiero del lunes– es en realidad una posible iniciativa que hace a la vida cotidiana en el noroeste, donde vive uno de cada diez argentinos. Es una costumbre de origen campesino, pero practicada, sobre todo a partir de los años 1920, por gente de todos los sectores sociales de las ciudades del norte; esto no es poco tiempo, pero tampoco es “ancestral”. El acullico, la dosis común de hojas de coca, es un estimulante suave de acción lenta. Quien quiera obtener la estimulación de unas rayas de cocaína con estas hojas se verá defraudado: debería mantener en la boca una bola de hojas del porte de una pelota de fútbol. Argentina importó siempre hoja de coca: hasta 1924, con mercado libre; entre 1924 y 1976, bajo la mira de las reparticiones de salud pública. Es desde 1977-78 que no hay pautas legales de importación; aun cuando el consumo está despenalizado en todo el país desde hace diecisiete años la coca es muy cara para la gente del campo.
Ahora bien, no es sólo la propiedad estimulante lo que está en juego en el debate actual, sino la posibilidad de que la región andina gane mercados para las vitaminas y minerales que las harinas de hoja de coca contienen, respetando su proporción natural de alcaloides. Si bien a lo largo de los siglos, la coca ha sido considerada por sus consumidores un estímulo o un digestivo, no un alimento, en las últimas décadas se ha conocido su valor nutritivo. Pero la Convención Única de Estupefacientes de la ONU coarta a los países andinos las posibilidades de elaborar naturalmente las hojas para hacer harinas, ungüentos, u otros preparados que contengan la proporción natural de alcaloides. En la práctica, esta posibilidad comercial está reservada a quienes fabrican la coca-cola, que siempre tiene algo de la coca.
La bebida cuyo nombre viene de la hoja de coca y de la africana nuez de kola tuvo cocaína y cafeína desde 1886, cuando vino al mundo en Norteamérica, hasta 1903. Sólo la cafeína anima hoy a sus bebedores, pero la coca, fuente de su nombre, es también origen de los elementos que le dan sabor. La empresa que la fabrica tuvo el privilegio de que la Convención de la ONU prevea en 1961 un artículo ad hoc, el 27º, que permite “la producción de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide”. Las hojas viajan hasta Nueva Jersey, donde recién se separan los alcaloides (la cocaína que ingresa así a un circuito estadounidense legal) del “saporífero”, que va a encarnar la esencia de la gaseosa. El tema va a ser rediscutido sin duda en la próxima Convención de Viena, en el 2008, pero hoy por hoy es ésta la única comercialización legal internacional permitida.
Lo que está en juego es la capacidad de los países de la región para aprovechar su potencial productivo. ¿A quién beneficiaría la comercialización legal de la coca? A los consumidores argentinos, que tendrían un producto de frescura controlada, más barato que ahora. A la AFIP y al área de salud pública, que volverían a tener al producto bajo su competencia. A la región en su conjunto, por tratarse de una manera pacífica de aprovechar el potencial del sistema productivo cocalero: abrir vías legales de uso de la coca es ganarle a las mafias con una toma de judo; la vieja receta de erradicación no ha hecho más que alimentarlas. A Bolivia, por poder mantener una fuente de sustento legítimo para los productores. Los países de la región andina tenemos derecho a promover la investigación científica para el desarrollo de la hoja y de su mejor y más sano consumo, como hacen los coreanos con el ginseng o los franceses con las viñas. Está bien que se hable de esto.


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* Antropólogo