jueves, 20 de abril de 2006
DE LA REPRESION A … LA REPRESION
Ante la ausencia de un debate más sustancial sobre la propuesta de "cocaina cero" del gobierno de Bolivia, Theo Roncken, de Acción Andina, toma la palabra ...
Cochabamba, 7 de marzo de 2006
DE LA REPRESION A … LA REPRESION
Comentarios a la propuesta Cocaína Cero del gobierno boliviano
Theo Roncken (1)
Marzo de 2006
INTRODUCCION
La propuesta Cocaína Cero del gobierno boliviano debe entenderse, en primer lugar, como un calmante para las aguas revueltas en Washington, en un intento de entablar relaciones de respeto mutuo con el gobierno de George W. Bush. De ambos lados, el enfoque noticioso ha estado en la campaña gubernamental por la despenalización de la hoja de coca. Sin embargo, el mensaje de fondo sigue siendo la declaración de una guerra a las drogas afín a la militarizada campaña internacional liderada por la Casa Blanca.
Curiosamente, fueron mandatarios europeos quienes aseguraron el amarre del presidente boliviano a dicha campaña. Cuando Evo Morales viajó a Europa justo antes de su instalación, Solana (Unión Europea), Chirac (Francia) y Zapatero (España) le dieron un claro mensaje: seguiremos apoyando a Bolivia, si su gobierno cumple con dos requisitos: velar por la seguridad jurídica de nuestras empresas, y colaborar con la lucha contra las drogas. De esta manera, la propuesta boliviana de cero cocaína, posibilitó el diálogo con todas las agencias financieras internacionales, un asunto de vida o muerte para el gobierno del MAS.
El presidente Morales ha hablado de la construcción de nuevas relaciones de cooperación antidrogas, enmarcadas en la dignidad, la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos. Con el respaldo de las principales organizaciones cocaleras del país, se planteó un cambio en el blanco de las políticas, el cual de ahora en adelante, sería la cocaína, en vez de la hoja de coca, y el narcotráfico en vez de los cultivadores de la hoja.
La distinción entre coca y cocaína, y entre el cultivo de la coca y el negocio de la cocaína, es importante. Ha sido y sigue siendo motivo de una larga y justa lucha reivindicativa. Sin embargo, los problemas que ocasiona y profundiza la implementación de equivocadas políticas de drogas en Bolivia, la Región Andina y toda América Latina y el Caribe, no se limitan a la penalización de la hoja de coca, ni a la represión selectiva de sus cultivadores.
En los últimos veinte años, las estrategias de ‘cero drogas’ en el mundo, a pesar de haber contado con millonarias inversiones, han brillado por su ineficacia y sus múltiples impactos negativos en la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Cualquier política que no se aparta rotundamente de los postulados de dichas estrategias, está destinada a seguir el mismo camino fracasado. En ese ámbito, vale preguntarse qué aportes podría dar una política de cero cocaína a la dignidad, la soberanía, y el respeto de los derechos humanos de los bolivianos.
LA SOBERANIA LIMITADA
La guerra internacional a las drogas ha sido calificada como una guerra falsa. ¿Por qué? En primer lugar, porque de ninguna manera arrojó, ni arrojará, los resultados que pretende buscar: la disminución del consumo de drogas por los humanos. Y en segundo lugar, porque la lucha antidrogas ha impulsado múltiples cambios económicos, políticos y militares que favorecen, de manera selectiva, los intereses de personas y grupos de gran influencia y poder político.
Algunos analistas sostienen que antes que una lucha contra las drogas, se trata de una lucha por el control del negocio de las drogas y sus ganancias. Ese también fue el tenor de una declaración a la agencia EFE, a fines de enero pasado, del embajador de Venezuela en Madrid, Arévalo Méndez Romero. Méndez criticó el veto estadounidense a la compra por Venezuela de aviones españoles y brasileños para la lucha contra el narcotráfico. El embajador se preguntó “si en verdad EEUU lo que quiere es combatir al narcotráfico o controlar las rutas del narcotráfico, que es otra cosa.” (El Universal, 24 de enero 2006).
Por otra parte, desde el ingreso de las instituciones militares en la lucha antidrogas, hacia fines de los años ochenta, los muy publicitados ‘peligros de las drogas y el narcotráfico’ han justificado la implantación, en todo el continente americano, de nuevos modelos de seguridad, formulados a partir de los intereses y las necesidades de grupos selectos del llamado ‘mundo libre’.
De manera paralela, el enemigo de las drogas también facilitó la construcción de nuevas dependencias económicas, políticas y militares, de las sociedades de América Latina y el Caribe hacia ese ‘mundo libre’. Es en este contexto que se introdujeron cambios, aparentemente ineludibles e irreversibles, en el significado de la soberanía de las naciones y los pueblos. En particular, se inventó la necesidad de hablar, de ahora en adelante, de una ‘soberanía limitada’, enmarcada en las nuevas interdependencias del mundo globalizado. Claro, sin cuestionar el carácter dominantemente unilateral de dichas interdependencias.
En medio de todo esto, se encuentra la población boliviana, haciéndose responsable de una deuda externa de casi 5 mil millones de dólares y mendigando por su condonación; dejando que tras puertas cerradas se firme acuerdos que avalan el saqueo de sus recursos naturales; permitiendo que sus mejores policías y soldados se entrenen en lugares aislados y bajo mandos ajenos en tácticas antidisturbios, en vez de ayudar a la población a encontrar mas seguridad; condenando a la cárcel a miles de familias por año por transportar el bidón de ácido o fabricar el kilo de pasta base de cocaína con el que pensaban salir de su pobreza indignante. En este contexto, es imposible hablar de soberanía sin abordar los verdaderos obstáculos a la autodeterminación de los pueblos.
Aquí no se trata de querer cambiar el mundo en un día. Pero sí es necesario dejar de contar cuentos de hada sobre la supuesta existencia de fines comunes entre la población de Bolivia y los líderes políticos y militares de los Estados Unidos. Estos últimos, absortos en su camino de forjar una potencia hegemónica, no han dado muestra alguna de querer entablar relaciones mutuamente respetuosas y soberanas. Así consta, entre muchos otros ejemplos, la reciente de-certificación (el veto a recibir ayuda económica) de una de las fuerzas bolivianas de elite, la ‘Fuerza Contra Terrorista Conjunta’ (FCTC). Las autoridades estadounidenses expresaron así su inconformidad con la designación del nuevo jefe del cuerpo represivo, que hasta el día de ayer seguía a la letra los dictámenes de sus entrenadores extranjeros. Soberanía no es lo mismo que soberanía limitada.
¿RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS?
Consideramos el funcionamiento de la legislación especial antidrogas, la Ley 1008. Aplicada a un caso promedio de fabricación o tráfico de drogas, en el que se han arrestado a algunos sospechosos, ¿Quiénes llegan a estar tres años o más en la cárcel, los peces grandes o los pequeños. Exactamente, casi sin excepción son los pequeños, quienes no gozan de los fondos, los contactos o los conocimientos necesarios para liberarse de los cargos. Así es en Bolivia y así es en casi todo el mundo, principalmente en aquellos países en donde aún reina un enfoque de cero drogas.
Hay casos en los que el detenido involucra a un peón subalterno del negocio, a cambio de su libertad, o incluso su contratación no oficial como informante. También hay casos de peones quienes se ‘compran’ la condena de un superior, a cambio de ciertas garantías económicas para el sostén de su familia. ¿Cambiará la propuesta de cero cocaína esas modalidades o, si se quiera, injusticias? No es probable. Puede ser que algún día se llegue a educar a policías antidrogas que no golpeen ni extorsionen a los detenidos. Pero el respeto a los Derechos Humanos no solo se trata de evitar que los funcionarios maltraten a los ciudadanos.
Mientras los objetivos de estos funcionarios sigan enfocados en la persecución de aquellos que son caracterizados como ‘gente mala’, o peor, en la necesidad de mostrar resultados numéricos a las agencias que financian su trabajo, antes que en las verdaderas causas de los delitos, los afectados directos seguirán siendo las familias pobres y desafortunadas que en los casi veinte años de vigencia de la Ley 1008 han poblado los penales del país.
En otro caso conocido, casi se llegó a destruir una empresa boliviana fabricante de boratos (Tierra S.A.), acusando a sus directivos sin ningún sustento de traficar con químicos precursores. Es de esperar que las nuevas autoridades se dejen guiar por las duras lecciones de experiencias bochornosas como la del caso Tierra S.A., para que no equivoquen en grande al declararle la guerra al tráfico de precursores. Surge la pregunta: ¿quién en Bolivia realmente controla los datos de inteligencia, cuando los cuerpos antidrogas siguen recibiendo sus bonos especiales directamente desde la NAS estadounidense? No tiene la población el derecho de ser informada sobre las medidas que toma el gobierno para que los agentes de dichos cuerpos respondan a sus jefes bolivianos, y para que, a su vez, esos jefes respondan a los intereses de la población boliviana?
En períodos gubernamentales anteriores las autoridades policiales siempre negaban la existencia de estructuras ‘paralelas’ de inteligencia, que respondiesen a mandos e intereses foráneos. Sin embargo, el hermetismo informático sobre esas labores, defendido por esas mismas autoridades, no permitía de ninguna manera comprobar sus declaraciones, mientras que ha habido en la historia de Bolivia casos notorios que justifican el cuestionamiento (por ejemplo, el caso del Narcoavión de 1995). En relación a las políticas de drogas, el manejo de los datos de inteligencia puede llegar a afectar no solo la vigencia de los derechos humanos (de los acusados, y, en última instancia, de toda la población) sino, nuevamente, la soberanía del país. Entonces, cabe la pregunta, ¿hasta qué grado la nueva política antidrogas prevé la introducción de garantías al respecto?
“DROGAS CERO”, LA SOLUCION MENOS VIABLE
Numerosos estudios académicos de distintas partes y entidades del mundo han aportado a un mayor entendimiento de los efectos reales de las políticas de ‘drogas cero’. Todos ellos apuntan a una clara realidad: ni la demanda de drogas ni el acceso a ellas se han visto disminuidos a consecuencia de las políticas represivas de prohibición. Al contrario, dichas políticas de prohibición incentivan las grandes ganancias de las capas altas del negocio de las drogas, facilitando sus múltiples influencias dañinas en los sistemas políticos y de convivencia social (su incrustación en los círculos del poder, distorsiones de economías locales y nacionales, el involucramiento en el negocio de personas de bajos recursos económicos, etcétera).
El premio Nóbel de Economía 1992, Gary S. Becker, recientemente publicó los resultados de un estudio (Journal of Political Economy, febrero 2006), en el que concluye: “A aquellos proveedores (de drogas) que son capturados y castigados no les va nada bien, lo cual es el resultado típico para los muchos peces pequeños envueltos en la distribución de las drogas. De otro lado, aquellos que logran evadir el castigo –a menudo a través de sobornos y otros comportamientos corruptores-, por lo general obtienen grandes ganancias por el precio tan elevado… [Nuestro] análisis ayuda a entender por qué ha sido tan difícil ganar la Guerra a las Drogas”. En vez de una prohibición de las drogas imposible de poner en práctica, el estudio de Becker sugiere que: “la legalización de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, sería una manera mucho más barata y más efectiva para reducir su uso.”
También las vivencias de autoridades policiales de muchos países les han llevado a la conclusión de que la opción ‘cero drogas’ tiene resultados pésimos. Uno de ellos es Luís Alberto Rojas, el actual jefe de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay. A fines del pasado mes de febrero calificó a la prohibición como “la [solución] “más costosa y la menos efectiva” para atajar el tráfico de marihuana en su país (Diario ABC Color, 23 de febrero 2006).
A partir de experiencias y conclusiones como éstas, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea han optado, en sus propios países, por la aplicación de políticas estatales de ‘Reducción del Daño’. Estas, en vez de pretender dirigirse a la aniquilación de las drogas de la faz de la tierra, buscan soluciones de su integración controlada en el quehacer social y económico de la nación. Son soluciones que buscan reducir los daños o perjuicios que conlleva la presencia de drogas en las sociedades.
Al dejar de perseguir a los consumidores de drogas para que sean castigados, se abre la posibilidad de que los problemas del consumo sean tratados por los profesionales adecuados: médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Liberarles a los consumidores de estigmas también ayuda en la atención a algunos efectos nocivos secundarios del consumo, como es la contaminación con VIH/SIDA. En fin, se trata de un reconocimiento público de que el abuso de drogas no puede ser atribuido en primer lugar a las sustancias. Detrás de cada experiencia individual negativa que involucra a alguna droga, existe un mundo de motivaciones psicosociales, que necesitan ser identificadas y tomadas en cuenta, a la hora de buscar soluciones, dentro las familias y en los demás entornos sociales, posiblemente con apoyo profesional.
La prohibición, además, obstaculiza el uso benéfico de sustancias categorizadas como drogas ilegales. El politólogo holandés y experto en políticas de drogas Martin Jelsma, cuenta en una entrevista con Página 12 (Buenos Aires, 28 de agosto 2005) cómo el gobierno militar de Birmania todos los años destruye anualmente, en celebración al Día Mundial contra la Droga, todo el opio, morfina o heroína incautados, mientras que, al mismo tiempo, en los hospitales de ese país miles de personas mueren de enfermedades graves y dolorosas sin el alivio posibilitado por el uso medicinal de los opiáceos. Entre las medidas necesarias. Jelsma propone tratos diferenciados mucho más finos que los que actualmente se usa para las distintas sustancias, destacando que la Organización Mundial de Salud (OMS), en un estudio científico del año 1995, señala que “las personas que entran en usos problemáticos de clorhidrato de cocaína, en contraste con su uso recreativo no adictivo, constituyen una proporción relativamente baja en comparación con lo que sucede con la pasta base o el crack”.
CONCLUSIÓN
Un cambio en el blanco principal de una guerra a las drogas dirigida desde Washington (de coca a cocaína), sin el abandono de los erróneos postulados de dicha guerra, tarde o temprano terminará en la aceptación de nuevos acondicionamientos e imposiciones internacionales. Aunque el momento político no parece estar a favor de propuestas de cambio más sustanciales en la política de drogas en Bolivia, es necesario que las autoridades dejen de desinformar a la población sobre las verdades de la prohibición a las drogas y el real alcance de las estrategias de ‘droga cero’.
Los pueblos del mundo requieren soluciones eficaces y no violentas para los problemas relacionados a las drogas. Con urgencia, la población de Bolivia y toda América Latina requiere también encontrar formas para defender su soberanía y hacer respetar sus derechos humanos. Es poco probable que una política de cero cocaína pueda apoyar esa tarea.
(1) experto internacional en temas de narcotráfico y representante de Acción Andina en Bolivia.
Cochabamba, 7 de marzo de 2006
DE LA REPRESION A … LA REPRESION
Comentarios a la propuesta Cocaína Cero del gobierno boliviano
Theo Roncken (1)
Marzo de 2006
INTRODUCCION
La propuesta Cocaína Cero del gobierno boliviano debe entenderse, en primer lugar, como un calmante para las aguas revueltas en Washington, en un intento de entablar relaciones de respeto mutuo con el gobierno de George W. Bush. De ambos lados, el enfoque noticioso ha estado en la campaña gubernamental por la despenalización de la hoja de coca. Sin embargo, el mensaje de fondo sigue siendo la declaración de una guerra a las drogas afín a la militarizada campaña internacional liderada por la Casa Blanca.
Curiosamente, fueron mandatarios europeos quienes aseguraron el amarre del presidente boliviano a dicha campaña. Cuando Evo Morales viajó a Europa justo antes de su instalación, Solana (Unión Europea), Chirac (Francia) y Zapatero (España) le dieron un claro mensaje: seguiremos apoyando a Bolivia, si su gobierno cumple con dos requisitos: velar por la seguridad jurídica de nuestras empresas, y colaborar con la lucha contra las drogas. De esta manera, la propuesta boliviana de cero cocaína, posibilitó el diálogo con todas las agencias financieras internacionales, un asunto de vida o muerte para el gobierno del MAS.
El presidente Morales ha hablado de la construcción de nuevas relaciones de cooperación antidrogas, enmarcadas en la dignidad, la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos. Con el respaldo de las principales organizaciones cocaleras del país, se planteó un cambio en el blanco de las políticas, el cual de ahora en adelante, sería la cocaína, en vez de la hoja de coca, y el narcotráfico en vez de los cultivadores de la hoja.
La distinción entre coca y cocaína, y entre el cultivo de la coca y el negocio de la cocaína, es importante. Ha sido y sigue siendo motivo de una larga y justa lucha reivindicativa. Sin embargo, los problemas que ocasiona y profundiza la implementación de equivocadas políticas de drogas en Bolivia, la Región Andina y toda América Latina y el Caribe, no se limitan a la penalización de la hoja de coca, ni a la represión selectiva de sus cultivadores.
En los últimos veinte años, las estrategias de ‘cero drogas’ en el mundo, a pesar de haber contado con millonarias inversiones, han brillado por su ineficacia y sus múltiples impactos negativos en la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Cualquier política que no se aparta rotundamente de los postulados de dichas estrategias, está destinada a seguir el mismo camino fracasado. En ese ámbito, vale preguntarse qué aportes podría dar una política de cero cocaína a la dignidad, la soberanía, y el respeto de los derechos humanos de los bolivianos.
LA SOBERANIA LIMITADA
La guerra internacional a las drogas ha sido calificada como una guerra falsa. ¿Por qué? En primer lugar, porque de ninguna manera arrojó, ni arrojará, los resultados que pretende buscar: la disminución del consumo de drogas por los humanos. Y en segundo lugar, porque la lucha antidrogas ha impulsado múltiples cambios económicos, políticos y militares que favorecen, de manera selectiva, los intereses de personas y grupos de gran influencia y poder político.
Algunos analistas sostienen que antes que una lucha contra las drogas, se trata de una lucha por el control del negocio de las drogas y sus ganancias. Ese también fue el tenor de una declaración a la agencia EFE, a fines de enero pasado, del embajador de Venezuela en Madrid, Arévalo Méndez Romero. Méndez criticó el veto estadounidense a la compra por Venezuela de aviones españoles y brasileños para la lucha contra el narcotráfico. El embajador se preguntó “si en verdad EEUU lo que quiere es combatir al narcotráfico o controlar las rutas del narcotráfico, que es otra cosa.” (El Universal, 24 de enero 2006).
Por otra parte, desde el ingreso de las instituciones militares en la lucha antidrogas, hacia fines de los años ochenta, los muy publicitados ‘peligros de las drogas y el narcotráfico’ han justificado la implantación, en todo el continente americano, de nuevos modelos de seguridad, formulados a partir de los intereses y las necesidades de grupos selectos del llamado ‘mundo libre’.
De manera paralela, el enemigo de las drogas también facilitó la construcción de nuevas dependencias económicas, políticas y militares, de las sociedades de América Latina y el Caribe hacia ese ‘mundo libre’. Es en este contexto que se introdujeron cambios, aparentemente ineludibles e irreversibles, en el significado de la soberanía de las naciones y los pueblos. En particular, se inventó la necesidad de hablar, de ahora en adelante, de una ‘soberanía limitada’, enmarcada en las nuevas interdependencias del mundo globalizado. Claro, sin cuestionar el carácter dominantemente unilateral de dichas interdependencias.
En medio de todo esto, se encuentra la población boliviana, haciéndose responsable de una deuda externa de casi 5 mil millones de dólares y mendigando por su condonación; dejando que tras puertas cerradas se firme acuerdos que avalan el saqueo de sus recursos naturales; permitiendo que sus mejores policías y soldados se entrenen en lugares aislados y bajo mandos ajenos en tácticas antidisturbios, en vez de ayudar a la población a encontrar mas seguridad; condenando a la cárcel a miles de familias por año por transportar el bidón de ácido o fabricar el kilo de pasta base de cocaína con el que pensaban salir de su pobreza indignante. En este contexto, es imposible hablar de soberanía sin abordar los verdaderos obstáculos a la autodeterminación de los pueblos.
Aquí no se trata de querer cambiar el mundo en un día. Pero sí es necesario dejar de contar cuentos de hada sobre la supuesta existencia de fines comunes entre la población de Bolivia y los líderes políticos y militares de los Estados Unidos. Estos últimos, absortos en su camino de forjar una potencia hegemónica, no han dado muestra alguna de querer entablar relaciones mutuamente respetuosas y soberanas. Así consta, entre muchos otros ejemplos, la reciente de-certificación (el veto a recibir ayuda económica) de una de las fuerzas bolivianas de elite, la ‘Fuerza Contra Terrorista Conjunta’ (FCTC). Las autoridades estadounidenses expresaron así su inconformidad con la designación del nuevo jefe del cuerpo represivo, que hasta el día de ayer seguía a la letra los dictámenes de sus entrenadores extranjeros. Soberanía no es lo mismo que soberanía limitada.
¿RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS?
Consideramos el funcionamiento de la legislación especial antidrogas, la Ley 1008. Aplicada a un caso promedio de fabricación o tráfico de drogas, en el que se han arrestado a algunos sospechosos, ¿Quiénes llegan a estar tres años o más en la cárcel, los peces grandes o los pequeños. Exactamente, casi sin excepción son los pequeños, quienes no gozan de los fondos, los contactos o los conocimientos necesarios para liberarse de los cargos. Así es en Bolivia y así es en casi todo el mundo, principalmente en aquellos países en donde aún reina un enfoque de cero drogas.
Hay casos en los que el detenido involucra a un peón subalterno del negocio, a cambio de su libertad, o incluso su contratación no oficial como informante. También hay casos de peones quienes se ‘compran’ la condena de un superior, a cambio de ciertas garantías económicas para el sostén de su familia. ¿Cambiará la propuesta de cero cocaína esas modalidades o, si se quiera, injusticias? No es probable. Puede ser que algún día se llegue a educar a policías antidrogas que no golpeen ni extorsionen a los detenidos. Pero el respeto a los Derechos Humanos no solo se trata de evitar que los funcionarios maltraten a los ciudadanos.
Mientras los objetivos de estos funcionarios sigan enfocados en la persecución de aquellos que son caracterizados como ‘gente mala’, o peor, en la necesidad de mostrar resultados numéricos a las agencias que financian su trabajo, antes que en las verdaderas causas de los delitos, los afectados directos seguirán siendo las familias pobres y desafortunadas que en los casi veinte años de vigencia de la Ley 1008 han poblado los penales del país.
En otro caso conocido, casi se llegó a destruir una empresa boliviana fabricante de boratos (Tierra S.A.), acusando a sus directivos sin ningún sustento de traficar con químicos precursores. Es de esperar que las nuevas autoridades se dejen guiar por las duras lecciones de experiencias bochornosas como la del caso Tierra S.A., para que no equivoquen en grande al declararle la guerra al tráfico de precursores. Surge la pregunta: ¿quién en Bolivia realmente controla los datos de inteligencia, cuando los cuerpos antidrogas siguen recibiendo sus bonos especiales directamente desde la NAS estadounidense? No tiene la población el derecho de ser informada sobre las medidas que toma el gobierno para que los agentes de dichos cuerpos respondan a sus jefes bolivianos, y para que, a su vez, esos jefes respondan a los intereses de la población boliviana?
En períodos gubernamentales anteriores las autoridades policiales siempre negaban la existencia de estructuras ‘paralelas’ de inteligencia, que respondiesen a mandos e intereses foráneos. Sin embargo, el hermetismo informático sobre esas labores, defendido por esas mismas autoridades, no permitía de ninguna manera comprobar sus declaraciones, mientras que ha habido en la historia de Bolivia casos notorios que justifican el cuestionamiento (por ejemplo, el caso del Narcoavión de 1995). En relación a las políticas de drogas, el manejo de los datos de inteligencia puede llegar a afectar no solo la vigencia de los derechos humanos (de los acusados, y, en última instancia, de toda la población) sino, nuevamente, la soberanía del país. Entonces, cabe la pregunta, ¿hasta qué grado la nueva política antidrogas prevé la introducción de garantías al respecto?
“DROGAS CERO”, LA SOLUCION MENOS VIABLE
Numerosos estudios académicos de distintas partes y entidades del mundo han aportado a un mayor entendimiento de los efectos reales de las políticas de ‘drogas cero’. Todos ellos apuntan a una clara realidad: ni la demanda de drogas ni el acceso a ellas se han visto disminuidos a consecuencia de las políticas represivas de prohibición. Al contrario, dichas políticas de prohibición incentivan las grandes ganancias de las capas altas del negocio de las drogas, facilitando sus múltiples influencias dañinas en los sistemas políticos y de convivencia social (su incrustación en los círculos del poder, distorsiones de economías locales y nacionales, el involucramiento en el negocio de personas de bajos recursos económicos, etcétera).
El premio Nóbel de Economía 1992, Gary S. Becker, recientemente publicó los resultados de un estudio (Journal of Political Economy, febrero 2006), en el que concluye: “A aquellos proveedores (de drogas) que son capturados y castigados no les va nada bien, lo cual es el resultado típico para los muchos peces pequeños envueltos en la distribución de las drogas. De otro lado, aquellos que logran evadir el castigo –a menudo a través de sobornos y otros comportamientos corruptores-, por lo general obtienen grandes ganancias por el precio tan elevado… [Nuestro] análisis ayuda a entender por qué ha sido tan difícil ganar la Guerra a las Drogas”. En vez de una prohibición de las drogas imposible de poner en práctica, el estudio de Becker sugiere que: “la legalización de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, sería una manera mucho más barata y más efectiva para reducir su uso.”
También las vivencias de autoridades policiales de muchos países les han llevado a la conclusión de que la opción ‘cero drogas’ tiene resultados pésimos. Uno de ellos es Luís Alberto Rojas, el actual jefe de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay. A fines del pasado mes de febrero calificó a la prohibición como “la [solución] “más costosa y la menos efectiva” para atajar el tráfico de marihuana en su país (Diario ABC Color, 23 de febrero 2006).
A partir de experiencias y conclusiones como éstas, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea han optado, en sus propios países, por la aplicación de políticas estatales de ‘Reducción del Daño’. Estas, en vez de pretender dirigirse a la aniquilación de las drogas de la faz de la tierra, buscan soluciones de su integración controlada en el quehacer social y económico de la nación. Son soluciones que buscan reducir los daños o perjuicios que conlleva la presencia de drogas en las sociedades.
Al dejar de perseguir a los consumidores de drogas para que sean castigados, se abre la posibilidad de que los problemas del consumo sean tratados por los profesionales adecuados: médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Liberarles a los consumidores de estigmas también ayuda en la atención a algunos efectos nocivos secundarios del consumo, como es la contaminación con VIH/SIDA. En fin, se trata de un reconocimiento público de que el abuso de drogas no puede ser atribuido en primer lugar a las sustancias. Detrás de cada experiencia individual negativa que involucra a alguna droga, existe un mundo de motivaciones psicosociales, que necesitan ser identificadas y tomadas en cuenta, a la hora de buscar soluciones, dentro las familias y en los demás entornos sociales, posiblemente con apoyo profesional.
La prohibición, además, obstaculiza el uso benéfico de sustancias categorizadas como drogas ilegales. El politólogo holandés y experto en políticas de drogas Martin Jelsma, cuenta en una entrevista con Página 12 (Buenos Aires, 28 de agosto 2005) cómo el gobierno militar de Birmania todos los años destruye anualmente, en celebración al Día Mundial contra la Droga, todo el opio, morfina o heroína incautados, mientras que, al mismo tiempo, en los hospitales de ese país miles de personas mueren de enfermedades graves y dolorosas sin el alivio posibilitado por el uso medicinal de los opiáceos. Entre las medidas necesarias. Jelsma propone tratos diferenciados mucho más finos que los que actualmente se usa para las distintas sustancias, destacando que la Organización Mundial de Salud (OMS), en un estudio científico del año 1995, señala que “las personas que entran en usos problemáticos de clorhidrato de cocaína, en contraste con su uso recreativo no adictivo, constituyen una proporción relativamente baja en comparación con lo que sucede con la pasta base o el crack”.
CONCLUSIÓN
Un cambio en el blanco principal de una guerra a las drogas dirigida desde Washington (de coca a cocaína), sin el abandono de los erróneos postulados de dicha guerra, tarde o temprano terminará en la aceptación de nuevos acondicionamientos e imposiciones internacionales. Aunque el momento político no parece estar a favor de propuestas de cambio más sustanciales en la política de drogas en Bolivia, es necesario que las autoridades dejen de desinformar a la población sobre las verdades de la prohibición a las drogas y el real alcance de las estrategias de ‘droga cero’.
Los pueblos del mundo requieren soluciones eficaces y no violentas para los problemas relacionados a las drogas. Con urgencia, la población de Bolivia y toda América Latina requiere también encontrar formas para defender su soberanía y hacer respetar sus derechos humanos. Es poco probable que una política de cero cocaína pueda apoyar esa tarea.
(1) experto internacional en temas de narcotráfico y representante de Acción Andina en Bolivia.
