lunes, 27 de febrero de 2006
Falta de recursos complica lucha contra el narcotráfico
NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO
El Comercio, Orazio Potestá - Francisco Sanz Gutiérrez
El Perú no solamente sufre los efectos de la pobreza y la falta de salud. Con el lenguaje de la violencia, otras dos lacras han evitado nuestro desarrollo: el tráfico de drogas y el terror de SL y el MRTA. La paz es clave para mirar con optimismo el futuro
Perú enfrenta mafias internacionales que mueven US$322.000 millones. Desde el 2002 se han anulado 50 mil hectáreas de hoja de coca. Hoy existe esa misma cifra.
La lucha es desigual, en combate de baja intensidad. Se camina en la nebulosa, se obtienen ciertos avances, se conquistan algunas trincheras, pero el problema persiste, renace y hasta se incrementa.
Ese puede ser el pensamiento recurrente de un sufrido efectivo de la PNP, de un honesto procurador del Estado o de un responsable ministro del Interior, respecto de la lucha contra el tráfico de drogas.
Las mafias internacionales del narcotráfico manejan US$322.000 millones al año, cifra escalofriante que usan para fabricar droga, resguardar sus rutas de entrada y de salida, comprar autoridades, ser alertadas de las operaciones de la Policía y matar a los que pretendan investigar sus actividades.
Modestamente, casi lindando lo risible, el Perú combate a esa lacra con apenas US$140 millones, dinero que en su mayor parte proviene del exterior. El dinero debe estirarse milagrosamente para ser invertido en campañas para prevenir el consumo, erradicar los cultivos de hoja de coca y en la captura de cargamentos con droga.
Los traficantes de drogas disponen de US$322.000 millones para mantener su circuito de actividades ilegales, de los cuales la cocaína representa US$71.000 millones. De ese monto, el Perú participa con casi un tercio: US$19.600 millones.
A fin de cuentas, de nuestro país salen 190 toneladas métricas de droga al año, casi la totalidad por nuestros solitarios y desguarnecidos puertos. La guerra es complicada: revisar cada buque pesquero o de transporte, sobre todo cada contenedor, es materialmente imposible, por razones comerciales y de tiempo.
Opina un agente de inteligencia operativa de la Dirandro, cuya identidad vamos a mantener en reserva: "Revisar todos los contenedores es imposible, es casi como atentar contra la globalización. Abrir uno y descargarlo es un suplicio. Y si eso ocurre, los propietarios de los contenedores nos amenazan con demandarnos en el Poder Judicial si es que sus productos se malogran o no llegan a tiempo a su destino. El colmo es que los propios agentes de la PNP tienen que poner todo en su sitio". ¿Una posible solución? El uso de enormes y sofisticados escáneres, cuyo precio por aparato supera los US$3 millones.
NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA
Si la falta dinero complica la lucha contra un desmesurado y peligroso enemigo, la falta de voluntad política de las autoridades para combatir a las mafias del narcotráfico nos coloca frente a un horizonte en llamas.
Su paso como ministro del Interior le debe haber servido a Fernando Rospigliosi Capurro para reconocer claramente ese dilema: "Los políticos del Perú se han desentendido del problema, de manera que la responsabilidad es asumida por entidades internacionales".
Y agrega: "Las bases de la PNP en Santa Lucía, Mazamari y Palmapampa, fundamentales por su emplazamiento en la selva, son financiadas con plata del exterior".
El coronel PNP Helard Ballón Basurco, jefe de Estado Mayor de la Dirandro, comenta las carencias de sus efectivos en el campo operativo, por la sempiterna falta de recursos: "El personal PNP necesita equipos sofisticados de combate y chalecos que resistan las armas de largo alcance de los narcos. Las botas de campaña fabricadas en el Perú apenas resisten un mes en la selva".
Los narcos se mueven por todo el territorio del Perú, pero la PNP apenas puede trasladarse al meollo de las zonas rojas: "Si bien Estados Unidos nos facilita helicópteros UH, la cantidad de esas naves debe incrementarse para ejecutar operaciones en diversas zonas del territorio y en forma sincronizada".
SIN RUMBO CLARO
Vemos que no hay dinero y que no hay voluntad política para dar la batalla. Por ello no debe sorprender que no exista una estrategia integral y concreta del Estado, de acuerdo con Hugo Cabieses Cubas, economista y experto en desarrollo rural: "El Perú no tiene un plan en ese sentido, es obsecuente a Estados Unidos".
Opina lo contrario el presidente de Devida, Nils Ericsson Correa, contrariado por semejante tesis: "Todo el mundo dice que no hay un plan del Estado. ¡Existe una estrategia 2002-2007 diseñada por Devida y aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros!".
De acuerdo con el titular de Devida, la estrategia del Estado tiene cinco puntos: prevenir y rehabilitar al adicto, fomentar el desarrollo de los cultivos alternativos, proteger el medio ambiente, erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca y capturar los embarques con droga con sus respectivos capos.
La acuarela se mostraba bonita en la pared, hasta que el titular de Devida nos hizo recordar que vivimos en el Perú, al señalar que "ese plan del Estado se ejecuta de acuerdo al dinero que se tenga". Y precisamente es plata lo que le falta a Devida para que sus acciones lleguen a todo el territorio: "Si bien el Perú recibe cerca de US$140 millones al año, necesitamos cuadruplicar esa cifra". No se calla nada: "El gobierno nunca ha tenido la voluntad de aumentar el dinero, por eso dependemos del exterior".
LA GUERRA DE LA HOJA DE COCA
De acuerdo con la ONU, el Perú produce 109.700 toneladas métricas de hoja de coca. De esa cifra, solamente 9.000 son utilizadas para fines industriales, medicinales y tradicionales. Por ejemplo, la Coca-Cola, empresa que produce 500 millones de botellas cada 24 horas, apenas usa 113 toneladas métricas de hoja de coca al año.
Por ello, no pocos especialistas señalan que cerca del 90% de la hoja de coca va a parar a los laboratorios del narcotráfico.
Si bien Hugo Cabieses discrepa al señalar que esa cifra no supera el 60% del total, el tema de la hoja de coca es igual de preocupante. Se erradica la hoja de coca, pero nada cambia. Veamos lo que dice Nils Ericsson Correa, jefe de Devida: "Desde hace cuatro años hemos erradicado 50.000 hectáreas de hoja de coca. Lo lamentable es que ahora existen 53.300 hectáreas en el país. La cifra se mantiene. Si Devida no hubiera trabajado arduamente, hoy tendríamos 100.000 hectáreas de hoja de coca. Hay que aumentar los recursos".
Investigar el lavado de dinero es clave para golpear la capacidad financiera de las mafias. Sin embargo, poco se hace por el escaso conocimiento de las autoridades y de la PNP en el tema. Se calcula que el tráfico de drogas introduce al sistema financiero del Perú un aproximado de US$379 millones, de acuerdo con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
LOS INSUMOS QUÍMICOS
Nadie se ocupa de ellos, pero son claves para elaborar la droga. Por ser de uso cotidiano, en industrias y hogares, se comercializan libremente por las calles.
No existe control para la acetona, la lejía y el kerosene. Y si algo se supervisa, eso ocurre en el ámbito de empresas o importadoras. La vigilancia se pierde cuando los productos son distribuidos a las tiendas o bodegas para su venta al público.
En todo caso, grandes cantidades de esos productos ingresan al Perú por las fronteras con Brasil y Ecuador, sin control de las autoridades.
Habla el coronel PNP Helard Ballón: "Lamentablemente, las leyes no permiten investigar y sancionar la tenencia sospechosa de tales insumos químicos o la existencia de almacenes no autorizados. Para ello se debe demostrar que han sido desviados al tráfico de drogas, lo que complica nuestra tarea".
http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-02-26/ImpTemaDia0462899.html
El Comercio, Orazio Potestá - Francisco Sanz Gutiérrez
El Perú no solamente sufre los efectos de la pobreza y la falta de salud. Con el lenguaje de la violencia, otras dos lacras han evitado nuestro desarrollo: el tráfico de drogas y el terror de SL y el MRTA. La paz es clave para mirar con optimismo el futuro
Perú enfrenta mafias internacionales que mueven US$322.000 millones. Desde el 2002 se han anulado 50 mil hectáreas de hoja de coca. Hoy existe esa misma cifra.
La lucha es desigual, en combate de baja intensidad. Se camina en la nebulosa, se obtienen ciertos avances, se conquistan algunas trincheras, pero el problema persiste, renace y hasta se incrementa.
Ese puede ser el pensamiento recurrente de un sufrido efectivo de la PNP, de un honesto procurador del Estado o de un responsable ministro del Interior, respecto de la lucha contra el tráfico de drogas.
Las mafias internacionales del narcotráfico manejan US$322.000 millones al año, cifra escalofriante que usan para fabricar droga, resguardar sus rutas de entrada y de salida, comprar autoridades, ser alertadas de las operaciones de la Policía y matar a los que pretendan investigar sus actividades.
Modestamente, casi lindando lo risible, el Perú combate a esa lacra con apenas US$140 millones, dinero que en su mayor parte proviene del exterior. El dinero debe estirarse milagrosamente para ser invertido en campañas para prevenir el consumo, erradicar los cultivos de hoja de coca y en la captura de cargamentos con droga.
Los traficantes de drogas disponen de US$322.000 millones para mantener su circuito de actividades ilegales, de los cuales la cocaína representa US$71.000 millones. De ese monto, el Perú participa con casi un tercio: US$19.600 millones.
A fin de cuentas, de nuestro país salen 190 toneladas métricas de droga al año, casi la totalidad por nuestros solitarios y desguarnecidos puertos. La guerra es complicada: revisar cada buque pesquero o de transporte, sobre todo cada contenedor, es materialmente imposible, por razones comerciales y de tiempo.
Opina un agente de inteligencia operativa de la Dirandro, cuya identidad vamos a mantener en reserva: "Revisar todos los contenedores es imposible, es casi como atentar contra la globalización. Abrir uno y descargarlo es un suplicio. Y si eso ocurre, los propietarios de los contenedores nos amenazan con demandarnos en el Poder Judicial si es que sus productos se malogran o no llegan a tiempo a su destino. El colmo es que los propios agentes de la PNP tienen que poner todo en su sitio". ¿Una posible solución? El uso de enormes y sofisticados escáneres, cuyo precio por aparato supera los US$3 millones.
NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA
Si la falta dinero complica la lucha contra un desmesurado y peligroso enemigo, la falta de voluntad política de las autoridades para combatir a las mafias del narcotráfico nos coloca frente a un horizonte en llamas.
Su paso como ministro del Interior le debe haber servido a Fernando Rospigliosi Capurro para reconocer claramente ese dilema: "Los políticos del Perú se han desentendido del problema, de manera que la responsabilidad es asumida por entidades internacionales".
Y agrega: "Las bases de la PNP en Santa Lucía, Mazamari y Palmapampa, fundamentales por su emplazamiento en la selva, son financiadas con plata del exterior".
El coronel PNP Helard Ballón Basurco, jefe de Estado Mayor de la Dirandro, comenta las carencias de sus efectivos en el campo operativo, por la sempiterna falta de recursos: "El personal PNP necesita equipos sofisticados de combate y chalecos que resistan las armas de largo alcance de los narcos. Las botas de campaña fabricadas en el Perú apenas resisten un mes en la selva".
Los narcos se mueven por todo el territorio del Perú, pero la PNP apenas puede trasladarse al meollo de las zonas rojas: "Si bien Estados Unidos nos facilita helicópteros UH, la cantidad de esas naves debe incrementarse para ejecutar operaciones en diversas zonas del territorio y en forma sincronizada".
SIN RUMBO CLARO
Vemos que no hay dinero y que no hay voluntad política para dar la batalla. Por ello no debe sorprender que no exista una estrategia integral y concreta del Estado, de acuerdo con Hugo Cabieses Cubas, economista y experto en desarrollo rural: "El Perú no tiene un plan en ese sentido, es obsecuente a Estados Unidos".
Opina lo contrario el presidente de Devida, Nils Ericsson Correa, contrariado por semejante tesis: "Todo el mundo dice que no hay un plan del Estado. ¡Existe una estrategia 2002-2007 diseñada por Devida y aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros!".
De acuerdo con el titular de Devida, la estrategia del Estado tiene cinco puntos: prevenir y rehabilitar al adicto, fomentar el desarrollo de los cultivos alternativos, proteger el medio ambiente, erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca y capturar los embarques con droga con sus respectivos capos.
La acuarela se mostraba bonita en la pared, hasta que el titular de Devida nos hizo recordar que vivimos en el Perú, al señalar que "ese plan del Estado se ejecuta de acuerdo al dinero que se tenga". Y precisamente es plata lo que le falta a Devida para que sus acciones lleguen a todo el territorio: "Si bien el Perú recibe cerca de US$140 millones al año, necesitamos cuadruplicar esa cifra". No se calla nada: "El gobierno nunca ha tenido la voluntad de aumentar el dinero, por eso dependemos del exterior".
LA GUERRA DE LA HOJA DE COCA
De acuerdo con la ONU, el Perú produce 109.700 toneladas métricas de hoja de coca. De esa cifra, solamente 9.000 son utilizadas para fines industriales, medicinales y tradicionales. Por ejemplo, la Coca-Cola, empresa que produce 500 millones de botellas cada 24 horas, apenas usa 113 toneladas métricas de hoja de coca al año.
Por ello, no pocos especialistas señalan que cerca del 90% de la hoja de coca va a parar a los laboratorios del narcotráfico.
Si bien Hugo Cabieses discrepa al señalar que esa cifra no supera el 60% del total, el tema de la hoja de coca es igual de preocupante. Se erradica la hoja de coca, pero nada cambia. Veamos lo que dice Nils Ericsson Correa, jefe de Devida: "Desde hace cuatro años hemos erradicado 50.000 hectáreas de hoja de coca. Lo lamentable es que ahora existen 53.300 hectáreas en el país. La cifra se mantiene. Si Devida no hubiera trabajado arduamente, hoy tendríamos 100.000 hectáreas de hoja de coca. Hay que aumentar los recursos".
Investigar el lavado de dinero es clave para golpear la capacidad financiera de las mafias. Sin embargo, poco se hace por el escaso conocimiento de las autoridades y de la PNP en el tema. Se calcula que el tráfico de drogas introduce al sistema financiero del Perú un aproximado de US$379 millones, de acuerdo con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
LOS INSUMOS QUÍMICOS
Nadie se ocupa de ellos, pero son claves para elaborar la droga. Por ser de uso cotidiano, en industrias y hogares, se comercializan libremente por las calles.
No existe control para la acetona, la lejía y el kerosene. Y si algo se supervisa, eso ocurre en el ámbito de empresas o importadoras. La vigilancia se pierde cuando los productos son distribuidos a las tiendas o bodegas para su venta al público.
En todo caso, grandes cantidades de esos productos ingresan al Perú por las fronteras con Brasil y Ecuador, sin control de las autoridades.
Habla el coronel PNP Helard Ballón: "Lamentablemente, las leyes no permiten investigar y sancionar la tenencia sospechosa de tales insumos químicos o la existencia de almacenes no autorizados. Para ello se debe demostrar que han sido desviados al tráfico de drogas, lo que complica nuestra tarea".
http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-02-26/ImpTemaDia0462899.html
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